Con más de 3 mil trabajadores, solamente tiene un pasivo por 800 mil pesos. El ayuntamiento contrató un despacho externo
Cosme Vázquez /ASICh
[dropcap]A[/dropcap]lrededor de mil 300 millones de pesos es el pasivo laboral que enfrentan los ayuntamientos en Chiapas, por despidos a trabajadores, en tanto las administraciones salientes en los próximos días dejarán despedidos a cerca de 10 mil trabajadores, lo que sumarán a esos pasivos laborales, sostuvo el diputado Guillermo Toledo Moguel.
Por esa realidad, propuso a la Comisión Permanente se pueda sacar un punto acuerdo para exhortar a las autoridades municipales para que actúen conforme a la ley, de lo contrario que se actúe en contra de ellos con un crédito fiscal, especializándolos tanto a los alcaldes salientes como a los entrantes para que contesten y se asesoren con la jurisprudencia profesional en ramo de laudos para que éstos no procedan.
En el tema, el legislador ponderó la administración de Tuxtla Gutiérrez, que tiene más de 3 mil trabajadores y solamente tiene laudo por 800 mil pesos, y esto se debe a que tiene los servicios permanente de un despacho (Consultoría Guillén y Guzmán, miembro de la Academia Nacional de Derecho del Trabajo)
Dijo que hay manera de parar los laudos por despidos de trabajadores, sobre todo que las demandas se empezarán hacer de parte de los implicados a partir de octubre.
El legislador consideró que se está a tiempo para poder actuar y desarticular a la gente que se dedica a la industria del laudo, para evitar quiebra financiera de los ayuntamientos en los próximos cinco años.
Destacó que ese tipo de situaciones es una herencia que se trae desde hace 15 años, todo porque no se actuaba conforme a la parte de las entregas-recepciones en los ayuntamientos, que es cuando se presenta esto.
Reveló que en lo particular lo vivió en carne propia cuando fue alcalde de Cintalapa, lo cual afectó severamente a su administración, y ahora hay muchas administraciones que deben a proveedores y no tienen para complementar los aguinaldos de los trabajadores, debido a los embargos que tienen de los laudos.
La idea ahora es que quede un antecedente, y en lo que resta del periodo en funciones de los Ayuntamientos puntualizar en el expediente de lo laboral, y la Secretaría de la Función Pública, el Órgano de Fiscalización y los que tengan que ver, actúen contra esas anomalías, que son demasiado graves, puntualizó. ASICh
