Los analistas políticos Alejandro E. Lerma Kirchner, Sergio Bárcena Juárez y Romeo Vite López, en su libro «Marketing Político» ofrecen una especie de manual para detectar las tácticas sucias pre-electorales, en la que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la formación de la opinión pública en relación con lo que dicen, cómo lo hacen y lo que callan
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]M[/dropcap]edios de comunicación claramente sesgados o con línea política muy marcada; misteriosas encuestas que posicionan a determinado personaje por sobre otros; campañas de miedo contra un específico candidateable; que esferas del poder público metan sus manos a favor de su gallo y la desaparición misteriosa de la propaganda contraria, son algunas artimañas que se ponen en marcha en la antesala de un proceso electoral porque en la guerra y la política, ¿todo se vale?
Los analistas políticos Alejandro E. Lerma Kirchner, Sergio Bárcena Juárez y Romeo Vite López, en su libro «Marketing Político» advierten de los riesgos de las prácticas deshonestas o desleales —de las que ya se ha hablado en Portavoz; además, las han documentado con tal detenimiento que ofrecen una especie de manual para detectar su operación. Así, las tácticas de la guerra sucia pre-electoral —aunque obvias— han sido develadas.
Antes, un repaso acerca de cómo funcionan estas prácticas en detrimento de la democracia mexicana. Los expertos refieren que se trata de un despliegue de acciones «multietapas, multimodales y selectivas» porque una sola práctica de este tipo y en un sólo momento de la contienda, es insuficiente para dirigir a un determinado resultado electoral. Ellos explican:
• Son multietapas porque se realizan en distintos tiempos durante todo el proceso electoral.
• Son multimodales porque se emplean tanto medios como acciones diversas y de distinta naturaleza.
• Son selectivas porque suele aplicarse donde es requerido conveniente; o se utilizan medios y técnicas diferentes en función de las características del segmento del electorado al que se dirigen.
Medios, ¿los peones?
En esta guerra sucia, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la formación de la opinión pública en relación con lo que dicen, cómo lo hacen y lo que callan. Al final, el propósito es ocultar o deformar lo que los autores denominan «la verdad».
Lerma, Bárcena y Vite destacan que «dada la importancia, penetración e impacto de los medios de comunicación masiva, cuando éstos están cerrados, es prioritario buscar todas las medidas legales y políticas para lograr su apertura. La democracia en una sociedad moderna no puede funcionar cabalmente sin información de calidad; si no existe equidad informativa, la justicia y la transparencia en el proceso electoral será sólo una ficción».
La democracia es menoscabada entonces por la desinformación, la difamación y la calumnia. Los expertos comentan que la primera de ellas se refiere a la forma de presentar la información para favorecer o perjudicar a alguien intencionalmente; por tanto, implica manipulación de aquello que se comunica.
Respecto a las otras dos artimañas, tienen como propósito —durante el proceso electoral— deteriorar la imagen de partidos y candidatos; con ello, «se reduce la intención del voto hacia ellos, así como se desestabiliza en lo moral a los difamados o calumniados, reduciendo el dinamismo y efectividad de sus acciones de campaña».
Establecen una diferencia entre la difamación y la calumnia; mientras que la última se basa en datos falsos, la primera puede ser generada con datos ciertos pero es probable que hayan sido distorsionados y amplificados. No obstante, en ambos casos, «siembran el rechazo o al menos la desconfianza, con respecto a personas y organizaciones».
Dentro de éstas, podrían estar clasificadas las encuestas a modo, puesto que de antemano están sesgadas; o bien, los resultados son producto de datos obtenidos mediante la manipulación intencional de la metodología. ¿Pero cómo se alteran? Hay tres formas de hacerlo, según los mercadólogos:
• Selección dirigida (no aleatoria) de las personas que se encuestarán y que correspondan a un segmento que, por tener determinadas características, presenten alta probabilidad de emitir respuestas en un determinado sentido.
• Diseño de cuestionario y preguntas que induzcan a respuestas en determinado sentido.
• Realizar la encuesta en momentos o lugares que induzcan las respuestas.
De esta forma, se sesgan las encuestas—tal como sucede con algunas que se publican previamente a la jornada electoral—; con frecuencia, esta herramienta viciada encauza la intención del voto hacia ciertos partidos o candidatos que se exponen como los más probables triunfadores, sobre todo en el caso de aquellas personas que tienen tendencia a votar por el que ganará.
Dada la importancia, penetración e impacto de los medios de comunicación masiva, cuando éstos están cerrados, es prioritario buscar todas las medidas legales y políticas para lograr su apertura. La democracia en una sociedad moderna no puede funcionar cabalmente sin información de calidad; si no existe equidad informativa, la justicia y la transparencia en el proceso electoral será sólo una ficción.
Encuestas en Chiapas
En el caso de la entidad, en abril pasado, se difundió mediante redes la Encuesta sobre preferencias electorales en el estado de Chiapas (1070 casos, del 25 a 27 de marzo de 2017), elaborada por Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA).
A pregunta expresa de «Si tuviera que elegir en este momento Gobernador de este Estado, ¿por cuál partido político votaría si tuviera que elegir entre…?, el 27 por ciento de los encuestados respondió que por el PRI-PVEM; cerrada cifra con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con el 28 por ciento de los cuestionados; y el tercer resultado más alto lo obtuvo el PAN, con 11 por ciento; igual porcentaje para quienes respondieron «no sabe».
La misma encuesta reveló que el 24 por ciento de los cuestionados habían oído hablar de forma positiva acerca del priísta Willy Ochoa; 20 por ciento, por el médico Paco Rojas; y 19 por ciento, por el edil tuxtleco Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Un mes después, el mercadólogo, docente e investigador Francisco Cordero dio a conocer por medio del portal de noticias Chiapas Paralelo, los resultados de una encuesta sobre la contienda electoral de 2018, aplicada a 800 chiapanecos por parte de estudiantes de Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiapas.
«Morena obtuvo 31.63 por ciento y «Ningún partido», 28.88 por ciento. El PAN registró 15.25 por ciento; PRI, 9 por ciento; y 7.63 por ciento, PRD. El partido en el poder, el Verde, apenas alcanzó 3.75 por ciento, confirmando lo que siempre se ha presumido: sin alianzas no existiría», se lee en la entrada que data del día 11 de mayo.
Acerca de personas de la esfera pública, especificó: «Sin campaña y apoyado en el prestigio de su nombre Rómulo Farrera Escudero encabeza las preferencias con 19.50 por ciento; seguido de Eduardo Ramírez con 15.38 por ciento y Francisco Rojas con 10.13 por ciento. Más el 26.38 por ciento [que] «No quiso manifestar preferencia» y dijo: Voto Secreto (…) El vergonzoso lugar que sí lidera Roberto Albores Gleason, con 28.88 por ciento, es el del candidato por el cual NUNCA Votarían».
Ni bien pasaron 15 días de estos resultados cuando una nueva encuesta salió a relucir en el espacio virtual Noticias.red. Ésta no explica su metodología y tampoco el tamaño de la muestra en la que se aplicó el cuestionario, como en el caso de las anteriores.
El 98 por ciento de los encuestados dijo radicar en Chiapas. A pregunta expresa de «Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría?», el 23.87 por ciento respondió que por el actual magistrado Rutilio Escandón Cadenas; el 14.94 por ciento, por el pevemista Luis Armando Melgar; y el 14.86 por ciento, por el también senador Roberto Albores Gleason. No se cuestionó acerca de la preferencia de partidos políticos.
Hay una evidente disparidad de resultados: mientras que una da el gane a la alianza PRI-Verde, otra se lo da a Morena; y si hablamos de personajes, la primera posiciona en las preferencias a Willy Ochoa; otra habla de un dominio de Farrera Escudero — quien ya ha claudicado— y Eduardo Ramírez; y la última, a Rutilio Escandón Cadenas. ¿Las encuestan mienten? Hay que apelar a la metodología y el tamaño de la muestra.
La desinformación, la difamación y la calumnia, la participación de los medios en este juego de trampas, así como la proliferación de encuestas hechas «a modo» de los intereses de los contendientes en una jornada electoral, generan el detrimento de la democracia ya decadente desde una década atrás.
Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, retomó los resultados revelados en el más reciente informe del Latinobarómetro de 2016. Hay que recordar lo que escribió al respecto: «México es el país con menor grado de satisfacción con la democracia (sólo 19 por ciento) y con alta propensión a renunciar a las libertades democráticas (46 por ciento) a cambio de tener Gobiernos con capacidad de resolver problemas, por lo que hay mayor demanda de orden (54 por ciento) que de libertad (39 por ciento)».
Fue éste el panorama recurrente hace una década, sostiene el también economista, pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo alertó del riesgo «la década pasada, de que el descontento en la democracia se trastoque en descontento con la democracia».
En aras de contrarrestar los efectos que estas artimañas —la desinformación, la difamación y la calumnia—, México cuenta con un cuerpo robustecido de leyes que sancionan las malas prácticas. En cualquiera de esos casos, Alejandro E. Lerma Kirchner, Sergio Bárcena Juárez y Romeo Vite López sugieren la denuncia como mecanismo de defensa, en su libro «Marketing Político».
Legislación y recursos
Los analistas explican que la legislación mexicana considera como antidemocráticas las prácticas propagandísticas que lastimen o denigren a un partido, institución o candidato. El artículo 342, inciso j, hallado en el título primero, libro séptimo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), sanciona la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que agravien instituciones, partidos o personas.
Una forma de denigrar a estos elementos es lo que ellos denominan «campañas de miedo». Las definen como «estrategias electorales conformadas por mensajes que a menudo enuncian posibles resultados nocivos derivados de la elección de un candidato o partido»; es decir, si —inserte aquí el nombre de su personaje político de preferencia— gana las elecciones, conducirá al país/estado/municipio a una crisis económica/social.
No obstante, desplegar tamaño de campaña para desprestigiar o difamar a un candidato, partido o institución requiere de amplia difusión a través de todos los medios habidos y por haber, lo que sin duda lleva a los cuestionamientos en torno al uso de los recursos. Eso también se regula en el Cofipe.
El artículo 336, párrafo 2, menciona que durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos usarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.
En el artículo 77 del mismo se establece que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie y bajo ninguna circunstancia:
• Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los estados, y los ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley.
• Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal centralizada o paraestatal y los órganos de gobierno del DF
• Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
• Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
• Los ministros de culto, asociaciones, iglesias, o agrupaciones de cualquier religión.
• Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
• Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
Los autores explican que la información también se considera un recurso, por lo que el uso de datos del padrón electoral o de las listas del INE por parte de algún candidato o partido, representa también una falta grave que puede limitar la credibilidad e imparcialidad de un proceso electoral.
En el caso de la esfera estatal, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, aunque expresamente no se refiere a prácticas deshonestas, menciona particularidades que se consideran inequitativas y en detrimento de la contienda justa.
En su libro quinto, Título Segundo de los Procesos Internos de Selección, artículo 102, numeral 4, advierte que «el Instituto de Elecciones prevendrá la inequidad en la contienda, mediante inspecciones y las medidas cautelares necesarias, siempre y cuando haya queja del ciudadano o ciudadana con interés público y legítimo en el proceso interno de elección».
En el artículo 183, establece la prohibición a los precandidatos de realizar actos anticipados de pre o campaña; solicitar o recibir recursos, en dinero o especie, de personas no autorizadas en el código, así como omitir informar de éstos en su informe —que deberá entregar— de pre o campaña.
Asimismo, estipula que el precandidato tiene prohibido fijar su propaganda en contravención a lo establecido en el código; además de «utilizar expresiones verbales o escritos contrarios a la moral, que injurien a las autoridades, a los demás Partidos Políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar a la violencia y al desorden público. La misma prohibición se señala en el periodo de campañas (artículo 194, fracción XIV).
Otras artimañas
Hay otras trampas que se ponen en marcha en esta guerra sucia, como el uso indebido de recursos y apoyo de programas gubernamentales o del extranjero; ocultamiento y destrucción de propaganda; fijación y distribución indebida de propaganda; la infiltración y el espionaje; la intimidación del electorado; a compra de candidatos y miembros de otros partidos. En la mayoría de los casos, los mercadólogos piden que se contrarrestren con la denuncia. Pero, ¿en qué consisten? A continuación, se explicarán.
Uso indebido de recursos y apoyo de programas gubernamentales o del extranjero: Cuando un partido o candidato está ligado o forma parte de la autoridad gubernamental, es altamente probable —advierten los analistas— que se vea beneficiado con apoyo indebido e ilegítimo de recursos e «influencias» del poder público; esto sitúa a los demás contenientes en un plano de desventaja, difícil de superar y pone en entredicho el juego democrático.
«Indebida, inmoral y peligrosa es la intervención de gobiernos, organizaciones económicas, cívicas, religiosas, nacionales y extranjeras, que con ánimo hegemónico o por la obtención de privilegios indebidos, ofrecen y dan su apoyo interesado a grupos y corrientes políticas del país, reduciendo los márgenes de una real autodeterminación y capacidad para atender a los aspectos fundamentales de la problemática del país», consideraron.
Ocultamiento y destrucción de propaganda: La propaganda puede llegar a ser el campo de batalla entre partidos políticos que, con el fin de impedir que llegue el mensaje de los contrincantes a la ciudadanía, destruyen y ocultan carteles, mantas y gallardetes. El ocultamiento consiste en la sobreposición de carteles y propaganda comercial o política de otras agrupaciones existentes o ficticias.
Fijación y distribución indebida de propaganda: Existen lugares donde, por sentido común, reglamento y ley, no está permitido colocar propaganda política como edificios públicos, monumentos, túneles, escuelas oficiales y propiedad privada sin autorización de sus legítimos dueños.
La legislación local aclara que en oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los Poderes Públicos, no podrá fijarse o distribuirse propaganda electoral; tampoco podrá colgarse o pegarse en bastidores, mamparas, postes, señalamientos viales, semáforos, puentes peatonales ni vehiculares; redes de agua, de drenaje o eléctricas; elementos carreteros o ferroviarios, accidentes geográficos, reservas naturales, humedales o terrenos baldíos; monumentos históricos, arqueológicos, artísticos ni en construcciones de valor cultural; en árboles o arbustos, exterior de edificios públicos.
Menos podrá hacerse en espectaculares fijos, móviles o electrónicos, paradas de automóviles, tapiales; y en el caso de querer hacerlo en inmuebles de propiedad privada, el partido político, coalición o candidato deberá obtener el permiso por escrito del dueño.
La infiltración y el espionaje: La infiltración es la introducción de algún individuo perteneciente o comprometido con un partido político o candidato en otro partido o en el órgano electoral. Su fin son el espionaje, acciones disfuncionales, sabotaje o bien, como elemento de apoyo sistemático e incondicional del partido «patrocinador», cuando la infiltración se hace en organismos electorales.
El espionaje busca recabar información que permita anticiparse a las acciones de los rivales y contrarrestar el trabajo de proselitismo que éstos realizan. También sucede mediante la intervención (interferencia) en los sistemas de comunicación electrónica del contrincante, como teléfono, sistemas de cómputo, incluido el correo electrónico.
Para contrarrestarlo, Lerma, Bárcena y Vite opinan que «el conocimiento más profundo de los miembros de un partido entre sí y la disposición de información relativa a los integrantes de los organismos electorales y consejeros ciudadanos reduce la posibilidad de infiltración».
Además de sucia, se trata de una «guerra fría» entre bandos, que se desata en el marco de las elecciones, pues aunque no se trata de un enfrentamiento armado sí es terreno fértil para generar actos violentos.
Las incursiones pasan de cierta pasividad, como podrían clasificarse a la desinformación, la difamación y la calumnia —con la complicidad de los medios de comunicación—a tácticas que suben de intensidad como el uso indebido de recursos; el ocultamiento y destrucción de propaganda, la infiltración y el espionaje.
Cuando se caldean los ánimos
El punto álgido de las hostilidades es cuando las artimañas implementadas polarizan el ambiente y generan tanto temores como violencia. Los analistas Alejandro E. Lerma Kirchner, Sergio Bárcena Juárez y Romeo Vite López reunieron en su libro «Marketing Político», el compendio de estas estrategias que en las dos entregas pasadas de este trabajo se han abordado. Dedicaremos ésta a mencionar las últimas documentadas por los especialistas.
La intimidación del electorado: Es multimodal pues no se limita a la amenaza —explícita o velada— que puede expresarse con respecto al posible retiro o cancelación de servicios públicos o gubernamentales, sino que puede manifestarse como amago de daño a bienes, reputación e integridad física, personal o familiar.
Para generar temor también se recurre a sembrar en la mente del electorado la idea de peligros, reales e imaginarios, en caso que el resultado de la elección sea desfavorable o beneficiosa para determinado contendiente. Por ejemplo, generar incertidumbre entre los colonos de determinada ciudad con que si gana el partido «blanco», se detendrán o ya no bajarán recursos para las obras empezadas por la actual administración «negra».
La compra de candidatos y miembros clave: Ocurre por diversos medios como la entrega o promesa de bienes o concesiones, o bien mediante la administración de expectativas eternas. Sucede entre los partidos contrincantes; y se «compra» al elemento para que actúe de manera disfuncional en su propio grupo político o apoye los intereses del comprador.
Este tipo de acciones puede causar enormes daños en términos de la coordinación y efectividad del trabajo de campaña, además de que resulta difícil de detectar, a no ser por el comportamiento disfuncional de algún colaborador, admiten los autores; no obstante, explican: «La mejor recomendación es el aislamiento o separación de las acciones partidarias estratégicas del individuo que se encuentre en este caso».
Amenazas y agresiones: Las sufren candidatos y miembros de un partido, por parte de personas asignadas para tal acción; pueden ir desde ataques con actitudes descorteses, pasando por agresiones verbales y amenazas, hasta ataques físicos que pueden llegar a la privación de la vida.
«Dado que durante la campaña se desbordan las pasiones partidarias e intereses de grupo, y que el trabajo de proselitismo se realiza en campo con el electorado, suele presentarse cierto nivel de riesgo al cual el candidato y los colaboradores están constantemente expuestos», reconocen los especialistas.
El engaño: equiparable al fraude de conciencias, consiste en obrar con falsedad o aprovechar el error en que se encuentra el electorado para obtener el voto favorable hacia candidatos o determinado partido, reduciendo la intención de voto hacia otros contrincantes.
Focos de atracción y acciones de distracción: Con el fin de reducir la afluencia y minimizar el posible éxito de eventos masivos preparados por el contrincante, y en especial por aquel o aquellos que tienen posibilidades de disputar el triunfo, ciertos partidos políticos —y en ciertas ocasiones—, de acuerdo con algunas autoridades, suelen organizar eventos populares como fiestas, ferias, audiciones musicales y encuentros deportivos, en las proximidades y en los horarios en que el otro partido efectuará su acto masivo.
Esta práctica suele minimizar la afluencia de los ciudadanos a esos actos masivos de carácter político, atrayendo a los ciudadanos hacia otro foco de interés, afectando negativamente la posible asistencia al evento político. Además, el encono que genera entre facciones puede después derivar en violencia o en actos de revancha.
Suspensión de los servicios públicos: Interrupción o suspensión de los servicios suministrados por el gobierno en detrimento de acciones de proselitismo político, o con el propósito de facilitar alguna acción que dañe la imagen, acciones de campaña o votación en perjuicio o beneficio de alguna fuerza política.
Madruguete del lugar (ocupar con antelación): Un acto sumamente agresivo que tiene el fin de boicotear o inhibir la realización de actos partidistas planeados consiste en ocupar con anticipación el lugar donde se deba de llevar a cabo el acto masivo planeado por algún partido rival.
Este tipo de acción es sumamente agresiva y puede polarizar posiciones que desemboquen en la violencia, con la posible proliferación posterior de actos de revancha que puedan llegar al nivel de conflicto permanente, reduciendo las posibilidades de entendimiento y de acuerdos pacíficos.
Utilizar colores y símbolos nacionales para determinado partido: En este apartado Lerma, Bárcena y Vite aclaran que la nacionalidad y los símbolos patrios son propiedad de todos los ciudadanos de un determinado país, «por lo que es moralmente injusto el apropiarse de esos símbolos para propósitos partidistas, sectarios o personales». Para impedir esto, se debe propugnar que se establezcan las disposiciones legales necesarias a fin de evitar el uso faccioso.
Antecedentes de una cochina elección
El articulista de Animal Político y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Arturo Espinosa, habló de lo acontecido en Chiapas en el marco de lo que calificó como uno de los procesos electorales más disfuncionales de los últimos años en el país, en referencia a los comicios 2015.
«Visto en su conjunto, cada una de las elecciones de diputados locales y ayuntamientos la constante son las malas prácticas llevadas a cabo tanto por candidatos, partidos políticos y autoridades electorales», comentó para el portal Stratregia Electoral. Además, documentó algunos los casos que afectaron la integridad de los comicios. A continuación, se reproducen de manera textual, sus apreciaciones:
• La autoridad administrativa electoral incumplió con los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial en materia de paridad de género para el registro de candidaturas de ayuntamientos, lo que generó que unos días antes de la jornada electoral los partidos políticos tuvieran que sustituir un número importante de candidaturas.
• Consecuencia de su actuar indebido al ignorar criterios el Consejo General del Instituto Nacional Electoral inició una investigación a los consejeros electorales en Chiapas.
• El Tribunal Electoral local pasó por alto la excusa presentada a uno de los magistrados para conocer de una impugnación de la elección del Ayuntamiento de Juárez, en virtud del vínculo familiar que existía entre uno de los interesados y el juzgador, lo cual también fue objeto de controversia.
• En algunas casillas y consejos municipales se acreditó la presencia de grupos armados con el objetivo de presionar al electorado y a la autoridad electoral.
• La publicidad gubernamental antes y durante la campaña electoral ha sido una constante en la entidad, existieron un sin número de denuncias respecto a publicidad del gobernador a nivel nacional, así como de compra de cobertura noticiosa.
• Dos permisionarias de la televisión estatal incumplieron con la transmisión de las pautas ordenadas por el Instituto Nacional Electoral en un porcentaje mayor al permitido.
• El candidato de la coalición integrada por el PRI, el Partido Verde, Nueva Alianza y Chiapas Unidos a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez tuvo una sobreexposición en medios de comunicación, pues beneficiándose de las fechas de la jornada electoral federal y local, en un primer momento se registró como candidato a diputado federal, por lo que hizo campaña durante el periodo correspondiente, y días antes de la elección renunció a su candidatura y fue postulado como presidente municipal de la capital de la entidad, por lo que también realizó campaña electoral para dicho cargo, con lo cual desde abril hasta junio tuvo la posibilidad de hacer campaña.
Añadió que el proceso electoral 2015 en Chiapas significó un retroceso en términos democráticos, en el que el clientelismo, la corrupción, la violencia se tradujeron en malas prácticas que descomponen el ejercicio auténtico y genuino del voto; por tanto, repercuten en la calidad de la democracia en uno de los estados del país con mayor atraso en los indicadores de desarrollo humano y calidad de vida.
«En Chiapas, los mecanismos de acceso al ejercicio de gobierno se encuentran plagados de vicios y conductas anómalas llevadas a cabo por tanto por candidatos, partidos políticos, gobierno y autoridades electorales locales.
Las irregularidades ya ocurrieron, las conductas fueron materia de juzgamiento en su oportunidad, pero ello no debe ser suficiente para olvidar lo ocurrido en el recientemente concluido proceso electoral, pues en 2018 se volverán a llevar a cabo elecciones en Chiapas y desde ahora, autoridades electorales y ciudadanía deberán trabajar para evitar un nuevo proceso electoral plagado de malas prácticas», concluyó.
