El año pasado se registraron 940 casos de feminicidio y 2 mil 783 homicidios dolosos de mujeres, lo que representa un promedio de 11 mujeres asesinadas diariamente, 25 por ciento de los cuales ocurrieron con arma de fuego
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias
Ciudad de México.- En México, durante 2020, cada hora 25 mujeres fueron víctimas de violencia en el ámbito familiar, 2 fueron víctimas de violación y 6.5 de lesiones dolosas, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fueron analizados por la plataforma «Nosotros tenemos otros datos».
Luego de hacer un balance de la estadística de violencia contra las mujeres durante todo 2020 que publicó el SESNSP este 25 de enero de 2021, las defensoras de los derechos de las mujeres que integran la red «Nosotras Tenemos otros Datos» aseguraron que «2020 fue el año de la impunidad y de la violencia contra las mujeres».
El análisis de las estadísticas oficiales más recientes mostraron que durante el año pasado, en México cada hora 25 mujeres fueron víctimas de violencia en el ámbito familiar; también cada hora 2 fueron víctimas de violación sexual y otras 6.5 son víctimas de lesiones dolosas.
Se registró también que de las 4 mil 982 personas desaparecidas en el país, 68 por ciento eran niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años, según los datos oficiales. Por número de casos, el Estado de México, Hidalgo, Chiapas, Yucatán y Puebla, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
En 2020, además, 940 casos de feminicidio y 2 mil 783 homicidios dolosos de mujeres, lo que representa un promedio de 11 mujeres asesinadas diariamente, 25 por ciento de los cuales ocurrieron con arma de fuego.
A estas cifras se suman que cada día existen 48.4 nuevos deudores de pensión alimenticia.
Impunidad social y del Estado, causa del feminicidio
La impunidad es una de las peores violaciones a los DH, ya que integra un continum de violaciones de Derechos Humanos y son la causa y la consecuencia de un conjunto de otras volaciones, por lo que las Naciones Unidas han llamado a erradicar la discriminación y la impunidad; explicó la abogada feminista y litigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de feminicidio en Ciudad Juárez Chihuhua, conocido como Campo Algodonero, Andrea Medina Rosas.
La abogada definió la impunidad como una construcción social de redes de violencia, de ideas, de mentalidades y de posibilidades que sostienen tanto la discriminación y sobre todo los privilegios que consolidan estas formas de violencia; y recordó que la definición de violencia feminicida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia establece que ésta pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Medina Rosas refirió que no se está haciendo un análisis de contexto, como determinar el impacto de la militarización, las empresas que generan un desarrollo sin garantías de DH, cuál es el impacto de profesionales recién egresados sin formación en perspectiva de género; y observó como determinantes de la problemática de impunidad la ausencia de periciales, la gran rotación de MP, las condiciones laborales precarias de este personal, la sobre acumulación de carpetas de investigación, la falta de investigación al funcionariado, la descoordinación entre dependencias gubernamentales, las restricciones de la reparación del daño, y la falta de registro pleno de todas las víctimas directas e indirectas del delito de feminicidio.
Sobre el mecanismo de Alerta de Violencia de Género –que se creó desde 2015 como una de las principales herramientas para contener la violencia contra las mujeres, la coordinadora de la Red Nacional de Alertistas, Leticia Burgos, expresó que actualmente hay más de 610 municipios alertados en el país; sin embargo, no está funcionando porque no es una prioridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por falta de coordinación de los diferentes niveles de gobierno.
«Cerramos el 2020 incumpliendo las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quien recomendó ampliar y cumplir las Alertas», sentenció la defensora y criticó que este 2021 se hayan otorgado 101 millones 314 mil pesos como presupuesto federal para todas las AVG del país.
«En nuestro país, mientras no se declare a la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y se ponga dentro de los progamas de seguridad va a ser muy dificil que podamos avanzar; y lamentablemente no estamos en los programas prioritarios del país», señaló la doctora en Derecho e integrante de Nosotras Tenemos otros Datos, Patricia Olamendí.
Con respecto a las niñas y mujeres desaparecidas y trata de mujeres con fines de explotación sexual, la antropóloga feminista Verónica Caporal explicó que no hay congruencia entre las indagatorias iniciadas por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y el número de víctimas registradas.
Mientras en 2015 el Secretariado registró más de mil 171 víctimas de trata de personas, la Fevimtra sólo registró 104 indagatorias. En 2016, la distribución fue de 782 víctimas por 72 indagatorias; en 2017 hubo 537 por 69; en 2018 hubo 574 por 70; y en 2019 hubo 676 con 88 indagatorias. En 2020 se reportó 620 víctimas, de las que 453 son mujeres, pero la Fevimtra sólo tuvo 14 indagatorias, sólo una de ellas en Tlaxcala y Puebla, respectivamente, explicó la antropóloga.
«Desde ante de 2020 podíamos ver que Fevimtra estaba abandonada, pero desde la pandemia podemos ver que no sirve de nada», detalló Caporal y agregó que sigue pendiente para el tema de trata incrementar el cuerpo policial, así como recursos investigativos y casas de refugios de mujeres aportadas por el Estado.
