Piden a los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala, entre otros, coordinarse para implementar estrategias que respeten el derecho a migrar, al asilo y a la no devolución en contextos violentos
Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- Organizaciones civiles que trabajan a favor de las personas migrantes denunciaron que durante 2021 hubo fuertes retrocesos hacia los Derechos Humanos de esta población, debido a la prevalencia de políticas migratorias de contención y militarizadas, por lo que exigieron a los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala, entre otros, coordinarse implementar estrategias que respeten el derecho a migrar, al asilo y a la no devolución en contextos violentos.
En distintos comunicados por el «Día Internacional de las personas migrantes» -celebrado el 20 de diciembre de cada año-, organizaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, detallaron que en el mundo hay 272 millones de personas migrantes, lo que equivale al doble de la población que hay en México, El Salvador y Guatemala juntos. A pesar de esta dimensión, las personas migrantes, en particular las mujeres y niñas, se enfrentan a diversas dificultades para transitar por los territorios y encontrar mejores contextos, donde no sean violentadas, y tengan acceso a servicios básicos, señalaron.
Las organizaciones resaltaron que, en un «afán por contener la migración han endurecido y militarizado las políticas migratorias», los gobiernos llevan a cabo deportaciones masivas, uso excesivo de la fuerza, entre otras prácticas que no miden las repercusiones que dejan en la vida de las personas migrantes, en específico de las y los niños, recién nacidos, mujeres embarazada o personas con alguna discapacidad.
Estas acciones, señalaron las organizaciones, han tenido como resultado «altos números rojos». Por ejemplo, 56 personas migrantes fallecieron y otras 50 salieron heridas en Chiapas el pasado 10 diciembre, debido a que viajaban hacinadas en la caja de un transporte de carga cuyo conductor perdió el control debido al exceso de velocidad. Días después de este hecho, un grupo de migrantes llegó a la Ciudad de México, donde fue agredido y encapsulado por un alto número de policías.
Cabe recordar que desde agosto de 2020, diversas caravanas de personas migrantes salieron de países centroamericanos para ir a Estados Unidos, pero en su camino para buscar mejores oportunidades para sus hijas e hijos quedaron varados en México, debido a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no ha dado respuesta a sus solicitudes de refugios, resultado de la falta de personal y presupuesto con el que cuenta este organismo, de acuerdo con las organizaciones.
Las personas migrantes han caminado con los pocos artículos que pueden portar y en su recorrido han sido violentados por elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), los culés, de acuerdo con organizaciones civiles, ejercen fuerza excesiva y violencia sexual y trasladan de manera forzada a las y los migrantes hacia Guatemala y Honduras, sin notificar a sus consulados.
De enero a septiembre de 2020, según las organizaciones civiles, alrededor de 8 mil 185 menores de edad fueron detenidos y deportados a sus países de origen, además de ello, otras 22 mil personas centroamericanas también fueron espulsadas, de las cuales 23 por ciento fueron mujeres, y la COMAR tiene un total casi de 18 mil 833 solicitudes de asilo por resolver.
Las organizaciones expresaron que otro hecho que visibiliza más consecuencias de las actuales políticas migratorias es la «Masacre de Camargo», ocurrida en enero de 2021 en Chihuahua, donde 19 personas migrantes fueron halladas calcinadas, entre ellas 16 migrantes guatemaltecas . Lo único que se conoce del caso hasta ahora es que el delito fue realizado por un grupo de Policías de Operaciones Especiales (OPE), pero aún nadie ha sido castigado por ello.
A todas estas violencias, dijeron las organizaciones, se suman el tráfico ilícito de personas migrantes, las desapariciones, las ejecuciones, entre muchas más, que no son atendidas por las autoridades de sus países de origen o de trayecto, por lo que se ha edificado una fuerte impunidad hacia los delitos contra las y los migrantes.
Frente a este contexto, las organizaciones exigieron que los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, entre otros, que atiendan estas problemáticas, desarrollen políticas públicas enfocadas en respetar los Derechos Humanos, y cumplir con los tratados y leyes internacionales que protegen el derecho a migrar.
