Por Gilberto Bátiz García*
La democracia nunca funciona en piloto automático. Se sostiene —o se deteriora— según la claridad de sus reglas, la responsabilidad de sus instituciones y la confianza de la ciudadanía.
En 2027, México enfrentará un reto inédito: tres ejercicios electorales que exigirán precisión jurídica, coordinación institucional y visión de Estado.
En el Congreso de la Unión está por iniciar la discusión de la propuesta de la Comisión para la Reforma Electoral, nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es el resultado de más de cinco meses de escucha en audiencias y debates públicos, de análisis en grupos de trabajo, de propuestas ciudadanas que buscan actualizar las reglas que rigen las elecciones, la representación y el sistema de partidos de nuestro país.
Se trata de un momento trascendental para nuestra convivencia democrática, pues esta reforma –una vez aprobada– redefinirá las condiciones bajo las cuales deberán operar las tres pistas electorales el próximo año: la elección federal y las elecciones locales; la revocación de mandato; y el proceso de elección judicial.
Cada pista obedece a lógicas constitucionales distintas. Las dos primeras se articulan directamente con el sistema de partidos, por lo que su concurrencia es viable ya que se pueden coordinar causas comunes y estrategias compartidas.
La elección judicial, en cambio, pertenece a un régimen especial: los partidos políticos no participan y, de hecho, están sujetos a la prohibición expresa de intervenir. Esa diferencia estructural es la base que garantiza neutralidad, equidad y confianza pública en la justicia.
Por ello, de cara a la discusión de la reforma, conviene reflexionar con responsabilidad sobre el momento idóneo para celebrar la elección judicial. El propio presidente de la Comisión, Pablo Gómez, recientemente apuntó que si bien se debe respetar el año establecido en el calendario electoral, aún no se decide si la judicial será concurrente.
Lo cierto es que un modelo nuevo requiere condiciones estables, reglas claras y tiempos adecuados para su diseño. Por ello, es muy relevante evaluar si su puesta en marcha, en la misma coyuntura en la que el país elegirá miles de cargos partidistas, puede o no comprometer la eficacia del sistema y, sobre todo, la certeza que la ciudadanía merece y demanda.
En cualquier escenario, vale destacar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tengo el honor de presidir, será el responsable de implementar las nuevas reglas, interpretar sus alcances y construir los criterios que den coherencia al modelo resultante. Una reforma de esta magnitud demanda un andamiaje normativo sólido y un proceso de implementación que privilegie el orden, la prudencia y la continuidad.
Nuestro papel no es ni será entrar a la discusión sobre el aporte democrático de esta reforma, sino procesarla con técnica jurídica, asegurar su operación fluida y, lo más importante, garantizar que cada voto cuente, que cada contienda sea justa y que la voluntad popular fluya sin obstáculos.
La democracia mexicana ha demostrado que puede transformarse sin quebrarse; la clave está en hacerlo con inteligencia pública y sin improvisaciones.
Por tanto, 2027 será una prueba para todos: partidos, instituciones, ciudadanía. La tarea del Tribunal es ofrecer certeza en un escenario complejo y honrar el mandato de la gente con una justicia más cercana, más transparente y más confiable.
Las reformas pueden cambiar estructuras, pero nuestro compromiso es permanente: proteger la democracia, cuidar sus reglas y garantizar que nadie esté por encima de la voluntad ciudadana.
*Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
