Las periodistas coincidieron que el desplazamiento se da por las fallas del Estado ya que no hay política de protección
Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias
“Lo único que pude hacer es vender lo poquito que tenía en casa, como son la sala, una cama, estas cosas, lo que compone una casa, para poder, más o menos, juntar (dinero) y de ahí estar a lo que pudiéramos tener […] En realidad, nadie, nadie, nadie (ayudó). Eso y el miserable sueldo que a regañadientes me dieron en un lugar donde yo trabajaba”, periodista desplazada de Oaxaca.
Ciudad de México.- Comunicación e Información de la Mujer A. C (CIMAC) presentó la investigación Dejar todo: Diagnóstico sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección, en el cual se pone sobre la mesa el impacto que tiene el desplazamiento forzado en la vida de las mujeres periodistas y lo poco que han realizado los gobiernos federal y locales en materia de atención, prevención y protección.
En México, CIMAC tiene el registro de 21 periodistas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno, sin ninguna garantía para su retorno seguro ni políticas públicas para retomar sus proyectos periodísticos. Lo anterior refleja el fracaso de la estrategia actual de protección dirigida por la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
“La violencia se ha ensañado contra las periodistas, obligándolas a dejar todo para salvar sus vidas. Es tal la indiferencia que no tenemos un dato preciso que nos informe lo que está pasando. Pero no todo es dolor, es hablar de la resiliencia que las acompaña en lo colectivo. Dejar todo es una apuesta para que la voz de las mujeres siga viva y resuene, porque es su derecho expresarse y vivir libres de violencia, pero también porque ellas son las documentalistas de las mujeres”, expresó durante la presentación del diagnóstico la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta.
En el evento de presentación estuvieron presentes Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos y Guillermo Fernández Maldonado, representante de ONU-DH México. las periodistas Griselda Triana, Marcela de Jesús Natalia y Rosa María Rodríguez, quienes dieron cuenta de la realidad que viven las mujeres periodistas desplazadas en México.
“El desplazamiento se da por las fallas del Estado, no hay política de protección, nos dejan como única opción el desplazamiento, no lo hacemos porque así lo queramos, sino porque no tenemos otra alternativa para salvar nuestra vida y la de nuestros hijos”, refirió Rosa María Rodríguez, desplazada del estado de Tamaulipas, quien añadió que un desplazamiento se da por las fallas del Estado, ya que no les brindan políticas de protección efectivas; “nos dejan como única opción el desplazamiento, no lo hacemos porque así lo queramos, sino porque no tenemos otra alternativa para salvar nuestra vida y la de nuestros hijos”.
En lo anterior coincidió Marcela de Jesús, periodista con más de 28 años de experiencia y originaria del estado de Guerrero, quien también tuvo que huir de su estado derivado de amenazas en su contra. “El desplazamiento duele”, afirmó, porque los agresores continúan en impunidad mientras ella ha tenido que abandonar sus raíces, redes incluso su lengua. Ellas, al igual que la periodista Griselda Triana -también desplazada en México- buscan tener un proyecto de vida y recuperar aquello que les arrebataron.
“Todas queremos volver, pero el estado debe garantizarnos un retorno seguro en el lugar que nosotras decidamos, no es justo huir como si las criminales fuésemos nosotras”.
Impactos de un desplazamiento forzado interno
“¿Por qué salir nosotros, no?, cuando nosotros somos los que generamos la voz de la gente, del pueblo, y salir de nuestra casa, salir de nuestra ciudad, salir incluso del país, pues a nosotros nos genera una impotencia enorme, no es posible que salgamos huyendo como lo comentamos […] Huyendo de nuestra casa como delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes siguen en la impunidad y siguen paseándose libremente sin pena y castigo”, periodista desplazada de Guerrero.
El desplazamiento forzado se caracteriza por una salida abrupta e involuntaria del lugar donde se radica. En el caso de mujeres periodistas, esta acción es antecedida por agresiones directas o indirectas de diferente índole, las cuales escalaron. Le sigue una reubicación temporal y un posible retorno o reasentamiento. Pero este camino, que en sí es complicado, se vive con aún más obstáculos por una falta de atención integral.
Este contexto provoca en las mujeres periodistas sentimientos de desarraigo y un duelo constante, además de un sentimiento de añoranza por la vida social y cultural de la que fueron despojadas. A lo anterior se suma preocupación, tristeza, culpa y frustración al no poder estar cerca de sus familias y comunidades por el riesgo que conlleva la violencia.
En primera instancia, el diagnóstico destaca que para otorgar un lugar de reubicación, es necesario estudiar las condiciones y determinar si son las adecuadas para trasladar a una periodista. Sin embargo, no todas las profesionales entrevistadas para la investigación pasaron previamente por un proceso similar al descrito, lo que representó diferentes obstáculos que repercutieron en sus condiciones de vida y en dificultades para la construcción de un proyecto de vida.
También es importante que durante el acompañamiento a una víctima de desplazamiento, sean consideradas como prioritarias sus necesidades básicas, como la alimentación y las condiciones de seguridad y comodidad del inmueble de refugio, ya que salir de su lugar de origen y enfrentar un contexto con diferencias culturales y sociales puede provocar estrés y ansiedad.
“Yo les decía que la despensa engloba muchas cosas. Uno porque dejaron de pagarme mi salario en la radio desde diciembre de 2017. Entonces, uno necesita no nomás la comida, sino ropa, calzado, pues la ropa se desgasta, son cuatro años. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas me está dando mensualmente un apoyo, pero ese apoyo lo ocupamos mi hermana y yo para ir a traer la comida que cosechamos. Entonces, los pasajes, [y] a veces pagamos trabajadores, porque ella, como mujer, el trabajo allá es rudo […] Un día sí me peleé con la del Mecanismo. Le dije que me faltaba un foco. ‘Pues cómpreselo con la tarjeta’, me falta un sartén, ‘pues para eso tiene la tarjeta, cómprelo con la tarjeta’. Se les hace tan fácil, tan fácil. No es suficiente la tarjeta. Tenemos más necesidades. No es lo mismo estar en el pueblo de ‘regálame tantito frijol, voy a poner a hervir para comer’. No es lo mismo”, periodista indígena desplazada de Guerrero entrevistada por CIMAC.
Al hablar de reubicación el panorama tampoco es el mejor, pues de las periodistas entrevistadas por CIMAC, solamente una ha retornado a su lugar de origen; sin embargo, no fue un regreso asistido.
“Los testimonios recabados dan cuenta de que las periodistas, ante la falta de un acompañamiento, vuelven intermitentemente a sus lugares de origen para resolver distintos asuntos. Para la profesional que regresó a su estado, el proceso no ha sido fácil, sobre todo porque la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos continúa”.
México, país violento para las periodistas
Nuestro país se mantiene en el liderazgo como el país más violento para ejercer el periodismo. Al hablar de mujeres comunicadoras, el panorama es aún más desalentador, pues tan solo en 2020, CIMAC registró 251 casos de violencia contra mujeres periodistas, que incluyeron 19 feminicidios, nueve periodistas desaparecidas y diez en condición de desplazamiento forzado.
Lo anterior se traduce en que cada 34 horas una comunicadora sufre un tipo de violencia por levantar su voz y ser una defensora del derecho a informar.
La violencia contra las y los periodistas se ve reflejada en delitos como: amenazas, privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada, acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, robo, tentativa de homicidio, secuestro, tortura e intimidación. Sin embargo, CIMAC ha reiterado la importancia de realizar “un análisis de género que permita visibilizar las diferentes agresiones para su debida prevención, atención y protección, en el marco de los tipos y modalidades de violencia establecidos dentro del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que las mujeres afrontar riesgos específicos basados en su género al ejercer el periodismo, tales como:
• Persiste la percepción de que el periodismo no es una profesión “apropiada” para las mujeres, lo que da lugar a presiones sociales para que no accedan a esta ocupación o la abandonen.
• Se producen diversas formas de violencia y discriminación contra las mujeres en las salas de redacción, en sus condiciones laborales y en el tipo de temas y coberturas que les son asignados.
• Las periodistas que informan sobre temas feministas también reciben amenazas por el tipo de historias que cubren, pues a menudo han contribuido a un cambio de actitud que se ha traducido a su vez en un rechazo público de la violencia de género.
• Enfrentan violencia física en la redacción y amenazas digitales, incluyendo violencia feminicida.
• Agresiones sexuales, tocamientos y acoso tanto en sus espacios laborales como en línea.
Protección insuficiente para periodistas
CIMAC destaca que al día de hoy únicamente en 17 estados del país existen marcos normativos de protección a personas defensoras y periodistas. Asimismo, se han creado recientemente cerca de 12 Unidades Estatales de Protección (UEP), que son los enlaces de designación estatal que asumen las tareas de monitoreo de riesgos y agresiones, reacción inmediata frente a agresiones, e implementación y seguimiento de medidas de protección y prevención. Sin embargo, estas medidas no han logrado ser implementadas y la mayoría de las UEP no cuentan con reglamento, personal y recursos para operar de manera adecuada.
Mientras que al hablar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la organización destaca que persiste la insuficiencia de personal capacitado en su interior, así como la falta de acciones de prevención y una debida coordinación entre sus distintas unidades y las instituciones que integran la Junta de Gobierno, entre las que se encuentran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo anterior debilita las medidas y planes de protección que requieren las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo, que al hablar de desplazamiento forzado interno es mayor por la “ausencia de enfoques integrales de atención y la falta de reconocimiento y comprensión adecuados de la situación”.
En ese sentido, es importante destacar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló en el informe Mujeres periodistas y libertad de expresión: Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión, las responsabilidades que tienen los Estados al hablar de prevención, acompañamiento y atención, así como la judicialización y reparación del daño en casos de violencia contra mujeres periodistas. Sin embargo, esta y las anteriores administraciones no han hecho lo propio.
