A nivel nacional se registraron de enero a agosto 434 delitos de aborto, de acuerdo a los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva del fuero común
Lucero Natarén / Aquínoticias
La criminalización que sufren las mujeres cuando se ven orilladas a interrumpir su embarazo por distintas circunstancias y la falta de acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, las ha hecho ser tratadas como delincuentes, de enero a agosto de 2020 se han reportado 434 delitos de aborto, según los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva del fuero común.
De las 32 entidades de la República, únicamente en dos, Ciudad de México y Oaxaca, las mujeres si pueden decidir sobre su vida, su sexualidad y la continuación o interrupción de un embarazo.
«(…) Los 30 estados restantes, donde se les ha negado a las mujeres el acceso a este derecho, son corresponsables de la injusticia y violencia cometida contra ellas, así como de la clandestinidad y muertes de mujeres por abortos mal practicados y de la impunidad alrededor de ellos», sentenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante un comunicado emitido en el marco del Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
Ante esta situación que impera en el país, el órgano defensor exhorta a todas las entidades a que, en el marco de sus competencias, garanticen el aborto legal, seguro y gratuito como parte de los derechos humanos de las mujeres para el acceso a una ciudadanía plena y una vida digna.
De lo contrario, el no permitir a las mujeres ejercer sus derechos, además de provocar una situación de discriminación jurídica y de injusticia social, también naturaliza la violencia institucional contra ellas bajo argumentos basados en prejuicios, religiones y posiciones personales por encima de los derechos humanos, la laicidad y el mandato constitucional de la igualdad y la no discriminación, situación que como en otros estados ocurre en Chiapas, donde las y los legisladores son señalados por activistas y feministas, al sobreponer sus «principios» religiosos y morales, por encima de sus responsabilidades legislativas, es decir, crear leyes para y en beneficio de la ciudadanía.
Para la CNDH cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, es «(…) porque el Estado y sus instituciones han fallado; porque la información sobre la salud sexual y reproductiva ha sido insuficiente y poco adecuada; porque los roles y estereotipos en sociedades conservadoras y patriarcales han impedido el disfrute de una vida sexual y reproductiva plena (falta de educación sexual, poco acceso a métodos anticonceptivos, prejuicios en torno al ejercicio de la sexualidad y prejuicios en su atención por parte del personal de salud), y, porque en muchas ocasiones son embarazos impuestos con violencia y pese a ello se criminaliza a las mujeres».
