El Senado aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, pero su aplicación será progresiva durante cinco años; el desafío ahora es económico y operativo
AquíNoticias Staff
La reforma constitucional que fija un máximo de 40 horas laborales semanales fue aprobada por el Senado con mayoría calificada. Sin embargo, el cambio no será inmediato: su implementación se extenderá hasta 2030.
El calendario establece una reducción progresiva. En 2026 se mantendrán 48 horas; en 2027 bajará a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y será hasta 2030 cuando se alcance el tope de 40 horas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo: “Todo mundo estuvo de acuerdo, qué bueno. Se trabajó muchísimo y se logró este acuerdo”, al destacar que la iniciativa fue producto de meses de diálogo entre sindicatos y sector empresarial.
La mandataria garantizó que la reducción no implicará disminución salarial y que los ingresos se mantendrán intactos. El diseño gradual —según explicó— busca permitir que empresas y sectores productivos ajusten sus operaciones sin afectar empleo ni estabilidad económica.
La iniciativa fue presentada el 1 de mayo de 2025 y desde entonces se mantuvo una mesa permanente de negociación. El consenso alcanzado explica el modelo escalonado.
El punto crítico no es el principio constitucional, sino su ejecución. Sectores como el público ya operan con jornadas cercanas a 40 horas; otros, como la industria automotriz, utilizan esquemas mixtos con jornadas extendidas compensadas por descansos prolongados.
La reforma modifica el artículo 123 constitucional y establece que por cada seis días de trabajo deberá existir al menos un día de descanso con goce íntegro de sueldo.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados y, de aprobarse, requerirá ratificación de congresos estatales.
La discusión de fondo se traslada ahora al terreno económico: cómo equilibrar productividad, competitividad internacional y derechos laborales en un país donde la jornada de 48 horas ha sido estándar durante décadas.
La reforma avanza. Su impacto real dependerá de la capacidad de adaptación empresarial, de la supervisión laboral y de la estabilidad macroeconómica en los próximos cinco años.
