La fallida presa hidroeléctrica en Chiapas
Chicoasén II es sin lugar a dudas el segundo gran fracaso en Chiapas de los gobiernos federal y estatal en materia de los denominados megaproyectos sexenales. Y es que, al igual a lo sucedido con la autopista entre San Cristóbal de las Casas y Palenque, las cosas no se han hecho bien desde el principio.
El fracaso de ambos proyectos se debe en gran medida a las formas equivocadas con las que los operadores políticos han tratado imponer las condiciones para el desarrollo de las obras. Nuevamente haciendo uso del autoritarismo, el despojo masivo de tierras e incontables violaciones a los derechos humanos de los pueblos originaros los gobiernos han querido imponer su voluntad.
Ese es el caso exacto de Chicoasén II donde las autoridades estatales y federales han mostrado su falta de capacidad y buen oficio político. Han demostrado que en pleno siglo XXI siguiendo haciendo uso de las mismas prácticas impositivas, arcaicas, arbitrarias y retrogradas que tantos abusos impunes han dejado a la largo de la historia mexicana.
A los ejidatarios de las tierras donde tentativamente se construirá la nueva gran presa chiapaneca no se les informó ni consultó nada. A ellos simplemente se les notificó que las hectáreas que habían cultivado por décadas serían expropiadas por el Gobierno de la República para dar paso al nuevo proyecto hídrico.
Con una indemnización mínima por sus tierras y funcionarios acostumbrados a imponer presión a los grupos vulnerables se intentó sacarlos del camino. Pero las cosas no han sido tan fáciles como las autoridades del gobierno creían; no parecen igual de sencillas como hace alrededor de 40 años cuando los pobladores originarios fueron prácticamente expulsados para dar paso a la construcción primera presa en Chicoasén.
En el caso Chicoasén II los ejidatarios se han involucrado de manera directa en una lucha judicial que hace algunas semanas le concedió un amparo federal para la suspensión de obras por faltas a un debido procedimiento y violaciones a sus derechos en los procesos de expropiación.
La defensa legal ha sido intensa, con defensores que incluso han sido detenidos y encarcelados durante treses meses en «El Amate» bajo delitos fabricados de la noche a la mañana. Además de protestas y huelgas de hambre que parecen estar funcionando ante el arbitrario proceder de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los perversos operadores políticos del gobierno federal y el gobierno de Chiapas.
Pero el escándalo que envuelve a este proyecto sigue sumando actores involucrados. Ahora son los trabajadores contratados por la CFE quienes se encuentran en litigio contra la paraestatal debido a la expedición de pagos y liquidaciones muy por debajo de lo establecido en los contratos de ley. En fin, la Comisión Federal de Electricidad no termina de sacar un pie del hoyo para meter el otro en uno más profundo.
Es así como el proyecto Chicoasén II se tambalea como resultado de la incompetencia y arbitrariedad de los responsables. Se convierte hoy en muestra clara de que la sociabilización y ejecución de los grandes proyectos en México, especialmente en Chiapas, están en las manos equivocadas, con estrategias anómalas que en el nuevo marco constitucional de los Derechos Humanos simplemente resultan inaceptables.
