La entidad tiene el mayor porcentaje de menores en carencias con 83.3 por ciento a nivel nacional de acuerdo al diagnóstico de UNICEF y Coneval
Redacción
[dropcap]D[/dropcap]e acuerdo al estudio «Pobreza y derechos de niñas, niños y adolescentes en México, 2014», diagnóstico presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas es el estado donde las y los menores en condiciones de pobreza enfrentan más carencias en rubros como seguridad social, servicios básicos de la vivienda, servicios de salud, vivienda digna, educación, entre otros.
De esta forma, la entidad chiapaneca tiene el mayor porcentaje de menores en carencias con 83.3 por ciento; Oaxaca, con 72.6 por ciento; Guerrero, con 72 por ciento; Puebla, con 71.6 por ciento; y Veracruz, con 65.9 por ciento.
El reporte, que se presenta en vísperas de la celebración del Día del Niño, señala también que en 2014, uno de cada dos niños y adolescentes en México era pobre; uno de cada nueve se encontraba en extrema pobreza.
«Los niños menores de siete años son el grupo con mayores niveles de pobreza que puede existir. Ante eso, un punto central para erradicar la pobreza es darle inversión a la infancia, dirigirlos de forma eficaz para garantizar generaciones más responsables, y con ello, fortalecer el Plan de Desarrollo», planteó Isabel Crowley, representante de UNICEF en México.
«Con más inversión se pueden minimizar e incluso prevenir otros problemas sociales que van desde la delincuencia juvenil, la maternidad adolescente, la obesidad, la violencia doméstica y social, por mencionar algunos», agregó.
El informe explica que 53.9 por ciento de la población de 0 a 17 años en México (21.4 millones) carecía de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales (educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, a una vivienda de calidad y con servicios básicos y a la alimentación).
Además, el ingreso monetario en los hogares era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas, según señala Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval.
Asimismo, 11.5 por ciento de la población infantil y adolescente en el país (4.6 millones) se encontraba en pobreza extrema en 2014, al tener carencias en el ejercicio de tres o más de sus derechos sociales y ser parte de un hogar con ingresos insuficientes para adquirir los alimentos necesarios y disponer los nutrientes esenciales para su adecuado crecimiento.
El derecho social en que la población infantil y adolescente presentaba mayor porcentaje de carencia era el acceso a la seguridad social, con 62.6 por ciento en 2014.
Estas brechas se agudizan más en la población indígena infantil, en 2014, de acuerdo con este reporte, 78.6 por ciento de niños y adolescentes en hogares indígenas y 90.8 de quienes hablan lengua indígena se encontraban en situación de pobreza.
La diferencia respecto de la población infantil y adolescente no indígena (27.9 y 40.1 puntos porcentuales, respectivamente) es un claro indicador de las enormes desventajas que enfrentaba y enfrenta aún la población indígena desde las primeras etapas de la vida.
Por su parte, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, señaló que no se puede negar que para todas las familias el ingreso diario es un elemento fundamental para crecer; sin embargo, la forma eficaz de reducir la pobreza tiene que ver con reducir carencias sociales como en el ámbito directo del ingreso.
Cifras que se exponen en este trabajo, señalan que la población de 2 a 5 años es el grupo que presenta mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema, en gran medida asociada a las diferencias en la carencia por rezago educativo: mientras que menos de uno por ciento de la población de 6 a 11 años es carente en esta dimensión, la falta de un nivel educativo alcanza casi 10 puntos porcentuales en la población de 12 a 17 años y rebasa el 20 por ciento en la población de 2 a 5 años.
El secretario ejecutivo del Coneval señaló que las mayores incidencias de la carencia por rezago educativo en los grupos de 2 a 5 años y de 12 a 17 años se relacionan con el retraso en la aplicación de la obligatoriedad de la educación preescolar y media superior; por lo tanto, es importante impulsar una adopción más acelerada de las reformas educativas con el fin de que ningún niño y ningún adolescente sufran rezago educativo.
Sobre el tema, Ricardo Bucio, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que se está trabajando en los cambios sustanciales que deben realizarse, como el presupuesto asignado a este sector poblacional.
«El presupuesto y los bienes públicos que se destinan a este grupo de la población no son suficientes».
«Hay una pobreza tan diferenciada, 13 puntos de diferencia habla de que, lo que hemos estado realizando, de que las políticas públicas y la inversión al gasto público ha tenido un interés superior hacia los adultos, hay medidas que se han tomado en sexenios pasados y estamos viendo los resultados», señaló.
Finalmente, el estudio señala que la primera infancia es una etapa crítica para el desarrollo, en la que un ejercicio pleno de todos los derechos es fundamental para garantizar un adecuado desarrollo físico y mental. Además, existen programas públicos de corte universal orientados directamente a la provisión de servicios de salud para esta población, por lo que es indispensable impulsar estrategias que refuercen el acceso a los servicios de salud.
