80 años de ley universitaria / Eduardo Torres Alonso

Las instituciones no pueden existir ni trascender sin un adecuado y sólido cuerpo normativo que le den forma, fijen límites y esclarezcan atribuciones. Las reglas, siempre perfectibles, dan seguridad y protección.

Lo anterior lo menciono porque este año se cumplieron ocho décadas de la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Publicada el 6 de enero de 1945 en el Diario Oficial de la Federación, por el presidente Manuel Ávila Camacho, y compuesta por 18 artículos, personifica la voluntad del pueblo de México de darse una institución educativa de nivel superior con autonomía clara y sentido social. Su estabilidad es una condición anómala en un país como este en donde lo normal es la reforma constante de la Constitución y de las leyes secundarias. Esto tiene una explicación: la Universidad Nacional ha entendido que forma parte del Estado mismo y no del gobierno en turno, por lo que sus funciones las ha llevado a cabo con ese sentido. Sus miles de egresados y trabajadores, en primera instancia, pueden dar cuenta de ello.

La historia de la UNAM no ha estado exenta de problemas, incluso, algunos pusieron en riesgo su propia existencia. Antes del desencuentro entre la Universidad y el gobierno, producido en el contexto del movimiento estudiantil del 1968, la Universidad Nacional se enfrentó a la cerrazón del gobierno cardenista que, al no obtener el respaldo y apertura para establecer la educación socialista en sus aulas, abrió un frente de lucha. Al interior de la UNAM, las diferencias florecían. Recuérdese la polémica Caso – Lombardo Toledano, en donde uno, el primero, defendía la libertad de pensamiento, mientras que Lombardo propugnaba por una educación comprometida ideológica y políticamente. Ganó, para bien de la educación superior nacional, la posición de Antonio Caso, porque ¿cómo es posible que en una universidad, palabra que etimológicamente significa “universalidad” o “totalidad”, se enseñe sólo una idea o un conjunto de ellas consideradas verdaderas y válidas, y el resto sean condenadas y censuradas?

Este aniversario ocurre en un momento en el cual la Máxima Casa de Estudios de México considerada así por su matrícula, número de opciones profesionales y de estudios de posgrado, planta docente y de investigación, e incidencia en el país, prepara los trabajos para su reforma. Para ello, en diciembre de 2024 se instaló el Consejo Asesor de la Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria.

Es época de cambios, porque los problemas actuales y los horizontes de futuro exigen modificar inercias, estructuras y prácticas, pero estas modificaciones deben de realizarse con responsabilidad, seriedad y participación. La UNAM, actor central de la historia mexicana, acomete la tarea de pensarse a sí misma –un ejercicio que su comunidad sabe hacer y lo hace bien– para identificar no sólo fortalezas, sino áreas de oportunidad y francos problemas que han hecho que existan rezagos o limiten el crecimiento de sus integrantes.

La Ley Orgánica de 1945 es ejemplo de perdurabilidad merced a su propia comunidad que ha sabido defender su autonomía. Esta condición, a veces mal entendida como extraterritorialidad, es la barda que protege de los intereses no universitarios. Su forma de gobierno (con características democráticas), sus planes y programas de estudio (abiertos al diálogo multi, inter y transdisciplinario, y distantes del digmatismo), y su organización interna (con mecanismos de estabilidad laboral y participativos) están plasmados en esta ley que ha sabido resistir los embates autoritarios lejanos y recientes, velados o abiertos.

Tanto la UNAM como todas aquellas universidades que gozan de autonomía tienen la responsabilidad de ejercerla con cuidado, no rompiendo con las autoridades de la sociedad política, pero teniendo claro que la sociedad académica –la que es propia de las aulas, laboratorios y cubículos– tiene una lógica distinta, basada en las ideas y los argumentos, para usar conceptos de Diego Valadés, notable jurisconsulto universitario.

Si en 1929 la lucha de los universitarios hizo que se reconociera la autonomía y en la ley de 1945 esta se reforzó, en 2025 debe ser repensada a la luz de los nuevos retos y de cara a los viejos monstruos que quieren engullir cualquier espacio de libertad.

Compartir:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *