En medio de las hostilidades de la revolución de 1910 y de movimientos internacionales como el de las sufragistas en el Reino Unido y Estados Unidos, un grupo de mujeres en México convocaron a un encuentro nacional para demandar derechos políticos plenos y reconocimiento a su condición de ciudadanas.
El Primer Congreso Feminista tuvo lugar del 13 al 16 de enero de 1916 en Yucatán con la presencia de más de 600 mujeres que sostuvieron intensas discusiones sobre la necesidad de tener un papel más preponderante a inicios del Siglo XX. La comisión organizadora la integraban Consuelo Zavala, Elvia Carrillo Puerto, Isolina Pérez, Dominga Canto, María Luisa Flota y Beatriz Peniche quienes tuvieron como aliados al entonces gobernador Salvador Alvarado y a Felipe Carrillo, hermano de Elvia.
Los resolutivos aprobados dan cuenta de un enfoque vanguardista de corte social político y económico como gestionar la modificación de leyes para otorgar a la mujer más libertad y más derechos; exigir que tenga una profesión, un oficio que le permita ganarse el sustento y una educación para que el hombre encuentre siempre en la mujer un ser igual que él.
Aunque el derecho al voto femenino no fue incorporado a la Constitución de 1917 (ninguna mujer participó en el Congreso constituyente), el encuentro realizado hace 110 años resultó la fuente original de las sucesivas luchas en la búsqueda de representación política que se cristalizó en el voto de las mujeres a nivel municipal en 1947 y a nivel nacional en 1953.
Los cambios legales que exigían las delegadas avanzaron con extrema lentitud durante el último siglo. Solo hasta 2014 se promulgó la reforma político-electoral que elevó a rango constitucional la garantía de paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas al Congreso de la Unión y los Congresos locales.
En cuanto a la igualdad sustantiva, los resultados son ambivalentes: las mujeres cada vez ocupan más posiciones de liderazgo y de poder pero están lejos de obtener un salario igual por trabajo igual. La creación de un sistema que reconozca la aportación económica del trabajo no remunerado (cuidados) es otra de las agendas que debemos seguir impulsando para mantener vivo el legado de aquellas mujeres indómitas de 1916.
El Congreso de Yucatán tuvo el mérito de intentar romper el pacto patriarcal en una época de transición entre el fin de la dictadura y la búsqueda de un horizonte democrático propuesto por Madero. Figuras como Hermila Galindo, Zavala y Carrillo Puerto asimilaron con lucidez que había que encajar su lucha y sus demandas en el contexto de la revolución, es decir, proclamar una ruptura dentro de la ruptura.
Más de un siglo después contamos con una legislación robusta que promueve los derechos humanos y los derechos políticos de las mujeres pero al mismo tiempo nos enfrentamos a nuevas y terribles modalidades de violencias contra nosotras.
La paridad es un logro, resultado de años de lucha admirable de miles de mujeres que debe preservarse. Las nuevas generaciones son las depositarias y defensoras de ese legado y de que no haya ni un paso atrás en derechos y avances conquistados.
La tarea emprendida en Mérida no está ni de lejos terminada pero seguimos en el camino por afianzar una sociedad más justa e igualitaria.
