Presuntos culpables
El 5 marzo de 1019 se dio a conocer que la Fiscalía (antes procuraduría) General de la República habría exonerado del delito de lavado de dinero al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya. La absolución definitiva quedó registrada en el expediente del político el pasado 28 de noviembre y señaló: «No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita», así quedó suscrito por el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Alonso Israel Lira Salas. En el caso de Anaya el daño estaba hecho. Golpeó de tal manera su campaña que le impidió despuntar de su más cercano competidor y capitalizar el voto útil a su favor.
De igual manera el 19 de diciembre la Secretaría de la Función Pública determinó que no hubo irregularidades en las declaraciones patrimoniales de Manuel Bartlett, titular de la CFE, y también descartó que hubiese algún conflicto de interés por el cargo que tiene y las empresas de sus familiares o de la persona con que tiene una relación sentimental. Las 33 denuncias interpuestas derivaron de un reportaje sobre Bartlett, quien través de «familiares, empresas y presuntos prestanombres se habría hecho de un patrimonio inmobiliario de 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos». Bajo la lógica que se conduce actualmente la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) a Anaya le habría congelado las cuentas, cosa que no sucedió con Bartlett, a quien tras tres meses de una supuesta investigación solo se concretaron a la declaración patrimonial.
La misma receta intimidatoria le quieren aplicar ahora al expresidente Felipe Calderón. Escuché una editorial de la periodista de Milenio, Elisa Alanís, donde cuestiona que no es aceptable que Felipe y Margarita Zavala (los dos en paquete) sigan promoviendo la creación de un nuevo partido «México Libre». Esto después de que se conociera el caso de García Luna, el exsecretario de Seguridad del régimen calderonista acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Deberían esperar, según ella, a que se resuelva el caso. Es decir que, aunque se trate de una tercera persona y por más que haya sido su colaborador, se pretende de facto proscribir un derecho político ciudadano que no tiene por qué conculcarse so pretexto de esa investigación. El INE tiene tiempos fatales y no puede pender de esa situación ni justificar una prórroga si fuera el caso.
Todo lo anterior deja en evidencia el propósito de asestar un golpe letal contra la conformación del nuevo partido cosa que por cierto no ha sucedido. No solo se rebasó la meta de 200 asambleas que dicta la ley y van por más, sino que sigue en marcha la afiliación de ciudadanos que no se tragan ese cuento. No esta demás decir que es un partido conformado en su mayoría por ciudadanos sin ninguna filiación política. Es un acto de libre albedrio. Un derecho no solo de Felipe Calderón o Margarita, sino de miles de ciudadanos que desean construir alternativas para participar en la vida política. No es tampoco una iglesia en pos de un pastor como sucede en el caso de Morena que sin la figura López Obrador en las boletas no será competitivo en las próximas elecciones. Atrás quedó la intentona de asimilar en el mismo proceso electoral la revocación de mandato.
Es ruin pretender desde el poder, ser juez y parte, obstaculizar la democracia. A falta de resultados no les queda otra que sabotear cualquier intento de una oposición capaz de ejercer contrapeso. Salvo el intento de desafuero, al ahora presidente nadie la impidió formar su propio partido y vaciar al PRD. No es sano para el país cerrar el camino de la participación ciudadana. Si López Obrador quiere emular a Madero, no puede, no debe. Para aspirar a un lugar en la historia se debe colocar al margen de ello. Solo eso haría de él un estadista. Y solo los estadistas trascienden.
