Soplones
Solo en las democracias, con instituciones sólidas y verdaderamente autónomas, es factible que existan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Sucede que hoy el gobierno los pretende desaparecer al no entender su naturaleza y porque le resultan más que onerosos, incómodos. Eso reafirma su necesidad como un sistema de pesos y contrapesos. Los órganos autónomos son parte del estado no del gobierno y no pueden concebirse de otra manera.
Nuestro marco jurídico nos ha dotado de estas figuras porque el derecho no puede permanecer estático, tiene que adecuarse conforme a las necesidades de la sociedad. Desde su visión cada vez más presidencialista y autócrata, el presidente intenta ahora prescindir de estos mecanismos bajo la simple justificación de que resultan onerosos. De mientras ha decidido imponer en ellos a incondicionales sin el menor recato. En la Comisión Reguladora de Energía, un organismo especializado, nombraron a personas sin el perfil mínimo necesario. Lo mismo sucedió con la desaseada elección de la presidenta de la CNDH. En ambos casos es clara la sumisión en demérito de ambas instituciones.
Ahora ponen en la mira el INE. Tienen la mayoría suficiente para imponer a los cuatro nuevos consejeros electorales y así organizar las elecciones a modo del gobierno. No creen en esa institución que tantos triunfos les otorgó en el pasado en todo tipo de elecciones. Lo ideólogos de cabecera de la 4t son capaces de afirmar -sin el menor empacho- que en Venezuela, Cuba, China y Corea del Norte, existen democracias.
Ahora también proponen un sistema de denuncias anónimas, bajo la figura de Alertadores Internos y Externos que se conocen en otros sistemas como los Whistleblowers para combatir la corrupción. El «Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción» funciona como un mecanismo por el que ciudadanos o servidores públicos pueden realizar denuncias de manera confidencial o alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos sin sufrir represalias. Se garantiza el anonimato de los denunciantes con énfasis en la protección de sus derechos laborales cuando se trate de servidores públicos.
El principal problema radica en que esa función debería en todo caso depender de un organismo autónomo. Véase el caso de que la propia Secretaria de la Función Pública ha sido recientemente señalada por poseer un patrimonio cuyos valores reales no declaró. Ya vimos lo que sucedió con Virgilio Andrade quien exoneró a su jefe el Presidente Peña por el tema de la Casa Blanca. No es de extrañarse que se haya procedido igual en el caso Bartlett. Por esa falta de autonomía aplican la famosa máxima juarista de que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos justicia a secas.
Más de una docena de países han adoptado leyes de protección a la delación. En diciembre de 2010, el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que protege a los empleados gubernamentales que informen casos de abuso, fraude y malgasto. Son bien conocidos los casos de Julián Assange con wikileaks que hizo públicos documentos clasificados y de Edward Snowden antiguo empleado de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad en los EU, que filtró documentos clasificados como alto secreto.
Pero el tema los alertadores en México va más allá. En este caso se confiere un poder arbitrario y opaco al gobierno. Así funcionaba La Gestapo en la Alemania con un organismo delator. Así funcionan las policías secretas en China y Cuba. Desde la óptica de un gobierno que ha pretendido monopolizar la moral pública y ejerce omnímodamente el poder no encontramos ante la creación de un sistema de soplones profesionales que más que vigilar probables actos de corrupción se conviertan en un instrumento de persecución política. Es, como se dice coloquialmente, poner a la Iglesia en manos de Lutero…
