Golpe bajo a la democracia
Como era previsible la mayoría en el Congreso chiapaneco asestó un golpe bajo a la democracia orquestado desde las entrañas del poder. Ante la caída estrepitosa de la popularidad de Amlo que en su momento los llevó como un tsunami al poder político y el descenso en las preferencias hacia Morena, maquinan la forma para controlar desde lo local a los órganos electorales. Manipulan la ley para anular a sus rivales y modifican las reglas de acceso al poder. Confían en los apoyos clientelares manejados con total opacidad.
Fue tan subrepticia la manera en que operaron que, a menos de 24 horas de haber recibido la iniciativa por parte del ejecutivo con casi 400 páginas, ya la estaban votando. No se veía venir la mala fe con que elaboraron un fraude a la ley modificando primero la fecha de inicio del proceso hasta enero y esto porque la constitución prohíbe legislar 90 días antes de esa fecha. Seguro es que muchos ni siquiera la leyeron. Se allanaron simplemente sin modificar ni una coma. Una vergüenza.
Pocas voces hicieron valer su postura en contra de la iniciativa. La de mayor mérito sin duda, fue la postura del diputado Juan Salvador Camacho, pues siendo miembro de la bancada de Morena hizo ver que no hay pretexto para modificar una ley de participación ciudadana sin tomar en cuenta precisamente la participación de los ciudadanos, los académicos y las autoridades competentes en la materia como lo es el propio Instituto Electoral del estado. Hizo saber que se violenta la autonomía del órgano electoral al introducir una figura para ejercer control administrativo sobre el manejo de sus finanzas, también que se vulneran los derechos políticos al obligar a la separación del cargo 90 días antes de la elección. Así mismo a la restricción, sin ninguna justificación, para los dirigentes partidistas que tendrán que separarse seis meses antes del cargo, violándose flagrantemente sus derechos políticos.
También se manifestaron en contra la diputada del PRD, Olga Luz Pineda quien señaló que se vulneraron los derechos de las mujeres al sustraerlas de encabezar la representación plurinominal en las regidurías. Poco antes ya se había modificado la ley que obligaba a los partidos para que las mujeres encabezaran las cuatro circunscripciones reduciéndola a una. Una ley misógina, hecha a modo, sin la cual no habría, como ahora, una participación mayoritaria de mujeres en el congreso. El diputado priísta Mario Santis expresó su rechazo al no tomarse en cuenta la opinión de las comunidades indígenas, así como la exigencia para aumentar el número de firmas de apoyo para las candidaturas independientes. También el poner «piedras en el camino» para quienes pretendan reelegirse. La diputada Aida Guadalupe Jiménez del PRI en un posicionamiento muy digno votó en contra de esta embestida antidemocrática.
Lo más insulso fue la amonestación de una diputada al presidente del IEPC Oswaldo Chacón, quien se manifestó con toda oportunidad al señalar que el marco jurídico vigente había permitido llevar a cabo elecciones confiables, legítimas y creíbles. Es una clara señal que deja en evidencia que al trastocar el marco jurídico vigente se ponen innecesariamente en riesgo los derechos políticos y la autonomía del órgano electoral. Una actitud valiente y congruente del principal responsable de velar por los principios de certidumbre, equidad y legalidad que deben normar el proceso electoral.
Con esta reforma los partidos de nueva creación van a recibir una bicoca comparada con los partidos ya existentes que recibirán la tajada del león. Es claro que no les salen las cuentas. También modificaron subrepticiamente la ley en Puebla y Tabasco, en una acción concertada desde las altas esferas del poder. Pretenden desde sus bastiones convertir a los estados más pobres del país en una aplanadora de votos al más viejo estilo priísta.
Mal hacen porque el horno no está para bollos. Hay una polarización que solo puede dirimirse democráticamente. Al meter las manos en los procesos electorales ponen en riesgo la gobernabilidad. Inmersos en la pandemia y en medio de una brutal crisis económica, se aprestan a ser juez y parte, sometiendo a sus designios la autonomía de los órganos electorales. Vaya desprecio a la ciudadanía…
