La verdad histórica
La Fiscalía General de la República giró 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos del estado de Guerrero por los delitos desaparición forzada y delincuencia organizada. Igual que a funcionarios de la PGR como Nicolás Cerón, así como a Miguel Ángel Cobarrubias, alias el Mochomo, señalado por ordenar el homicidio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A los funcionarios se les acusa de detención arbitraria, tortura, dilación, violación a los derechos de la defensa y el debido proceso para conocer de manera fehaciente los hechos. Gertz Manero aseveró que: «Se acabó la verdad histórica».
El término «verdad histórica» es por definición el objeto del proceso penal. El artículo 20 de la Constitución nos indica que «el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos». La verdad histórica es el ideal del proceso penal, pero al final en todos los procesos penales lo que se alcanza es la verdad legal que se puede demostrar mediante las pruebas. Al momento de dictar sentencia, la autoridad judicial está obligada a hacerlo con base en los argumentos y pruebas de la parte acusadora y defensora, aproximándose lo más posible a la verdad real más allá de cualquier duda.
Se sabe que Nicolás Cerón, responsable de la investigación. ha abandonado el país, mientras una juez federal del Estado de México ordenó liberar al Mochomo por «deficiencias en las pruebas presentadas» por el ministerio público. No alcanzó a ser liberado porque la FGR formuló una nueva acusación en su contra sacada de la manga. Por su parte López Obrador llamó a los jueces a uno usar las deficiencias en las investigaciones como «pretexto» para liberar a los delincuentes. Ahora a montado en cólera y ordenó a la Fiscalía investigar a la juez. La Corte activo al Consejo de la Judicatura para iniciar también un proceso. Mucho ruido y pocas nueces. Un verdadero fracaso por parte de la Fiscalía que se supone lleva un año ocho meses tras el caso. La cuestión es que la nueva investigación ahora judicializada esta viciada de origen. Se vuelve a repetir la historia de un proceso que al igual que el anterior puede derivar en un autentico fiasco.
Y no, no tienen la culpa los jueces al no encontrar elementos de prueba suficientes para dictar formal prisión a los acusados. NI tiene porque el presidente hacerles un llamado para procesar sin pruebas fehacientes a un acusado violando el debido proceso. Los jueces tienen que actuar con estricto apego a derecho a riesgo de que proceda un amparo. Sin prueba sólidas puede que el caso se considere como cosa juzgada y sanseacabó. El artículo 23 de la Constitución refiere que: «Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene».
Quizás el presidente, previo a la celebración del segundo aniversario de su triunfo, apresuró a la fiscalía -que se supone autónoma- para recuperar un poco de su alicaída popularidad. En el pecado llevó la penitencia. El caso renació muerto. Puede ser que el propio Nicolás Cerón obtenga un amparo de la justicia federal y el cuento vaya para largo.
La verdad legal que nos llevaría a la verdad histórica, seguirá sin esclarecerse obligada al debido proceso que es una garantía constitucional. No se puede violar ese precepto por una consigna política ni la justicia puede actuar a contentillo de otro mandato que no sea el que la propia ley señala.
Y todo comenzó por el consabido lucro político cuando los orquestadores de la trama acuñaron al hecho con el mote de «crimen de estado». Ahora resulta que los acusadores son los acusados como si todo el concurso de los funcionarios de varios niveles involucrados en la investigación -muchos sin deberla, ni temerla- hubieran cometido el ilícito. Quizás fue tanta la presión política, que, al obtener las declaraciones y confesiones por medio de la tortura, estropearon el caso.
La verdad histórica no está resuelta. No se acabó como dice Gertz Manero. De una fallida investigación puede resultar igualmente responsable que sus antecesores. Los padres de los jóvenes de Ayotzinapa tienen derecho a saber quien cometió los crímenes en contra de sus hijos. También muchos queremos saber porque fueron víctimas de ese fatal destino a menos que no tuvieran nada que ver y se les haya masacrado por un error.
Ahora sucede un nuevo crimen de proporciones similares. El karma de Ayotzinapa ahora con veintiocho jóvenes que fueron asesinados por un grupo armado en un centro de rehabilitación de Irapuato. Si se actuara políticamente bajo la misma premisa ¿nos estaríamos enfrentado a nuevo crimen de estado? Por supuesto que no. Esa fue invención retórica del productor de las narcoseries que asesora al presidente. La trama se vuelca sobre los tramadores.
Seguro que ahora la misma policía investigadora buscará el paradero de los asesinos y a lo mejor aparecen. No vaya ser que luego resulten absueltos y en un futuro los investigadores resulten investigados… ¿Exigirán los legisladores y líderes de Morena la verdad histórica con la misma indignación que lo hicieron con Ayotzinapa? Tengamos por seguro que no. No es lo mismo ver los toros detrás de la barrera que andar en el ruedo con un bravo toro de lidia enfrente…
