Ayotzinapa, lucro de una tragedia
Hace 6 años cuando se conoció por las noticias que 43 jóvenes habrían sido asesinados y sus restos desaparecidos en el municipio de Iguala, las miradas apuntaron al gobierno de Guerrero y en particular al gobierno de ese municipio, ambos entonces gobernados por el PRD al que pertenecía López Obrador. Sin embargo, la realidad dio un vuelco.
A mucha gente conmovió y recuerdo que un amigo me habría dicho que ya no era posible que estuviera pasando eso en el país. Le dije que asumiera su indignación con cautela porque percibía que el terrible suceso terminaría siendo utilizado para alimentar la irritación contra el gobierno de Peña Nieto y utilizado con efectos propagandísticos preparando el terreno para las elecciones del 2018. Así fue como finalmente sucedió. La consigna fue etiquetar la masacre de Ayotzinapa como un «crimen de estado». Por ello sin conocer a fondo las indagatorias que fueron atraídas por la entonces Procuraduría General de la República el movimiento obradorista lo calificó con ese mote. A ello se agregó el reclamo de «vivos se los llevaron, vivos los queremos» sin considerar el dolor de los padres de familia que procesaban el hecho de saber a sus hijos asesinados.
De las indagatorias resultaron presos, entre otros, el alcalde de Iguala y su esposa, que presuntamente tendría nexos con la delincuencia organizada. No es difícil suponerlo porque es algo que sucede en muchas partes del país. Los grupos criminales se enseñorean e incluso amenazan a las autoridades locales que terminan por hacerse de la vista gorda por su incapacidad para combatir desde lo local ese flagelo.
Se llevaron a cabo un sin fin de investigaciones recurriendo incluso a peritos internacionales y se determinó que los cadáveres de los jóvenes habrían sido incinerados y sus restos dispersados en un basurero. El hecho ahora es calificado como una invención por parte de los responsables designados por el gobierno de López Obrador. El gran hallazgo de la fiscalía es que «el Cepillo», presunto autor material habría sido torturado por Tomas Zerón entonces encargado del caso. Y la culpabilidad apunta a un grupo delincuencial llamado Guerreros Unidos ligado con el cartel de Sinaloa.
Por supuesto que a Peña le convenía cerrar el caso y en su momento se dio a conocer la «verdad histórica» pero nunca fue suficiente para Amlo que necesitaba llegar a la elección del 2018 con ese crimen pendiente de resolver. Ahora los padres de Ayotzinapa siguen exigiendo conocer la verdad. Y la pregunta es ¿Cuál verdad? Porque lo que estamos observando es que más allá de los autores materiales e intelectuales lo que se quiere es juzgar a los responsables de la investigación. De otro modo se caería la farsa de que «fue el estado» y la única manera de juzgarlo es atrapar a quienes aparentemente encubrieron los hechos. No pasará de buscar algunos chivos expiatorios y hacer labor de convencimiento para que los padres de los jóvenes desaparecidos terminen dándole las gracias a López Obrador.
Lo que si llama atención es que ya durante este gobierno han sucedido masacres que aun no se encuentran esclarecidas. Si se juzgara el hecho con el mismo rasero, habría que culpar entonces al estado. Y mire que sobran sucesos criminales como para tramar la misma acusación. Ahí están las muertes de civiles inocentes durante la fallida captura del Chapito que por orden del presidente fue puesto de nuevo en libertad a pesar de contar con una orden de extradición. Un desaseo total. Pero además un acusado que permanece impune ante la indiferencia y complicidad del gobierno. El Chapito goza de una amnistía de facto.
También están los sucesos de Tlahuelilpan donde perdieron la vida 137 personas que robaban combustible sin medir riesgos ante la mirada impasible de elementos del ejército que tenían las órdenes de no intervenir. ¿No es acaso un crimen que hayan estado presentes sin actuar? ¿Se pudo haber evitado esa tragedia? De igual manera permanecen impunes los asesinatos de Coatzacoalcos, Minatitlán, La Familia Le Baron en Sonora o los 23 jóvenes masacrados en Irapuato en un centro de adicción. La lista de ejecuciones es aún más larga. De hecho, los dos primeros años de esta administración han sido los más violentos superando con creces a las anteriores. Ahora con una estrategia donde se quieren evitar a toda costa los enfrentamientos con el ejército o la Guardia Nacional. Es pues la misma historia, pero al revés, solo que nadie anda inventando falacias como las que el obradorismo utilizó sin ningún pudor para llegar al poder.
