Morena al ataque de las instituciones
El artículo 54 de nuestra Constitución señala con claridad que: «En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida». Esta norma existe desde hace ya tiempo y su objeto es evitar la sobrerrepresentación de un partido político más allá de su porcentaje obtenido en las urnas. Es decir, se regula la proporcionalidad. Por otra parte, limitar la posibilidad de que las modificaciones a las leyes no se puedan cambiar al antojo y por mayoriteo sistemático de un solo partido.
A ese respecto el INE, en uso de sus facultades, acaba de emitir los criterios acerca de su aplicación para evitar confusiones y ahorrarse litigios innecesarios. Como respuesta ha recibido una andanada de ataques y criticas, comenzando por el dirigente de Morena Mario Delgado, quien afirma que «no permitirán» que eso suceda al tiempo de exigir la renuncia de los consejeros electorales. Asume que esto perjudica a su partido.
Para comenzar habrá que decir que Morena no tiene precisamente asegurada esa mayoría. Yo en lo personal, creo que sufrirá un serio revés producto del desgaste natural en el ejercicio de gobierno. Les ha pasado a otros y este no es ajeno. Además, ese desgaste se ha agravado por los yerros reiterados del presidente que han metido a nuestro país en una grave crisis económica más allá de la pandemia y a eso hay que agregar su desastroso manejo. La inseguridad ha aumentado de manera considerable en comparación con los gobiernos anteriores. La Guardia Nacional no ha cumplido su cometido y el programa de becas a los jóvenes tampoco ha incidido en reducirla.
Las expectativas generadas no han satisfecho las razones por las que muchos le otorgaron casi un cheque en blanco para hacer y deshacer, sin que hasta ahora hayan obtenido resultados tangibles. No ha acabado con la corrupción y mas allá de dos o tres golpes mediáticos, la percepción es que persiste la impunidad. Se hostiga, se amenaza, se persigue, pero no se hace justicia. Se utiliza a la justicia con fines políticos. Se judicializa la política. A eso hay que sumar las denuncias de corrupción a las que se ha respondido de una manera que deja mucho qué desear. La justicia es selectiva. Solo aplica como dice el dicho, en «los bueyes de mi compadre». La antigua mafia del poder ahora camina de la mano con este gobierno.
En medio de la tormenta, se ha acrecentado el ataque a las instituciones y el estado de derecho. La CNDH no cumple su cometido, no se atreve ni con el pétalo de una rosa a emitir recomendaciones a un gobierno al que se asume subordinado. Se ataca al IAP, a la transparencia, y se reserva u oculta la información por años. La mayoría de las obras se hacen por adjudicación directa cuando no indirecta a través del ejército. Ellos no le rinden cuentas a nadie por tratarse de «seguridad nacional». Se enjuicia a un gobernador, se ignora a las mujeres, se somete al TRIFE, se ataca a la prensa, se censura a periodistas, se lincha a los críticos.
Grave, gravísimo, que se descalifique a la Auditoria Superior de la Federación, que se cuestione a los jueces y se presione a la Suprema Corte y ahora al INE cuando ya estamos a nada del inicio del proceso electoral. Ya lo habían hecho antes, pero hacerlo ahora es un mal presagio porque la elección que viene es la más grande de la historia y el horno no está para bollos. Se pone en riesgo la gobernabilidad y la paz social, cosa que debiera importarle al partido en el gobierno. Si a eso agregamos la creciente militarización, ese escenario no podría ser peor. ¿A qué le tiran? ¿A qué le apuestan? ¿Por qué se aferran a toda costa al poder?
