Arbitraria ley de hidrocarburos
El régimen de la 4t y muchos de sus simpatizantes, ven a la libre empresa como el enemigo a vencer. Todo empleador o inversionista es sinónimo de explotación y abuso. Olvidan que las pequeñas y medianas empresas del país generan el 80% de los empleos, que generan la mayoría de los empleos formales, que pagan el seguro social, con los cuales se sostiene el sistema de salud en nuestro país.
La apertura del mercado a la comercialización de gasolinas ha generado competencia en el sector y hoy los establecimientos se esfuerza en mejorar la calidad de sus servicios y sus instalaciones. La oferta y la demanda es la que regula el mercado y no el monopolio qué ejercía PEMEX. De todo ello el beneficiario final es el consumidor.
Expertos en materia energética han calificado la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de Hidrocarburos como inconstitucional, discrecional y violatoria de la competencia económica. La propuesta prevé, «aclarar» condiciones para mantener o suspender permisos en el sector de los hidrocarburos, considerando razones de «seguridad nacional, seguridad energética y afectación a la economía nacional.» El problema es que estos tres criterios no están claramente especificados y quedan sujetos al arbitrio y la discrecionalidad de quienes las aplican. Es como trabajar con una pistola en la sien.
También incluye la figura de «negativa ficta», es decir, la negación de un permiso mediante una omisión o silencio de la autoridad ante la solicitud. La iniciativa propone «la suspensión de permisos e intervenir (¿No es expropiar?) las instalaciones», operación y administración si la empresa permisionaria atenta, como ya señalamos, contra la seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional, pero sin definir estos conceptos.
A través de la modificación de 5 artículos de la Ley de Hidrocarburos y la adición de un artículo 59 bis, el Ejecutivo Federal busca revertir gran parte de la Reforma Energética de 2013 al sujetar los permisos y las autorizaciones que emita la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía a las capacidades de Almacenamiento de los Permisionarios sin que necesariamente existan lineamientos claros para ello.
Busca limitar y cancelar el número de permisos que éstos reguladores otorgan principalmente a los privados para el transporte, distribución e importación de hidrocarburos (gasolinas), al modificar el Artículo 53 de la Ley y establecer que si la autoridad no resuelve en un plazo de 90 días los permisos que le soliciten se entenderá como negativa, contrario a lo que actualmente establece la ley y que es una afirmativa ficta.
La iniciativa también violenta el Tratado Comercial con los EUA y seguramente provocaría paneles de controversia por los cambios de reglas conforme lo ya acordado y firmado por el actual gobierno y es un nuevo ataque a la inversión privada nacional y extranjera del país.
Es, como todo lo que propone la 4t y aprueban sus diputados sin cambiar ni una coma, convertir al estado en un rector abusivo otorgándole facultades discrecionales que generan incertidumbre, atentan contra la libertad del mercado y ponen entredicho las garantías individuales. Ni más, ni menos.
