Revocación
No estoy de acuerdo con la revocación de mandato y menos que está se realice mediante una consulta popular que además de costosa puede resultar fallida como la pasada consulta para enjuiciar a los expresidentes. En principio porque soy abogado y resulta a todas luces anticonstitucional al violar el principio de no retroactividad que establece al artículo 14 constitucional y el cual permite dar certidumbre a nuestro sistema jurídico.
Me explico: no es que la iniciativa que aprobaron los legisladores y permitió la revocación del mandato sea ilegal por si sola, sino la interpretación de su vigencia y entrada en vigor. En lenguaje llano, sería como si en el primer tiempo de un partido de futbol se decidiera por aclamación de la tribuna cambiar al equipo que juega como local. Aunque llevare ventaja por esa misma condición, no se pueden cambiar las reglas del juego a medio partido.
El presidente fue electo para un periodo de seis años y protestó cumplir y hacer cumplir la constitución, pero no solo él sino todo el andamiaje institucional debe hacerlo. La iniciativa de revocación debió prever en un articulo transitorio que la entrada en vigor de dicho ordenamiento sería aplicable a partir de un nuevo mandato presidencial, es decir en 2024. Para cualquier abogado, ya no digamos un ministro de la Corte, es indubitable. Solaparon el error los partidos de oposición más que preocuparse en desempatar la fecha con las elecciones intermedias debieran interponer una controversia constitucional para desbaratar ese entuerto.
Si lo vemos desde otra perspectiva, supongamos que la iniciativa partiera del propio Congreso y no del ejecutivo, pretendiendo con ello interrumpir el mandato constitucional para el cual el presidente fue electo. Según la teoría de los derechos adquiridos, se considera que una ley es retroactiva cuando destruye o restringe derechos adquiridos al amparo de otra ley anterior. El presidente fue electo para un periodo de seis años y se violarían sus derechos políticos con esa disposición.
Más allá del aspecto legal resulta políticamente inconveniente. Sin respetar la constitución de sus países así prologaron su mandato Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y ahora Daniel Ortega en Nicaragua. Nadie se pregunta ahora que pasaría ante la remota posibilidad de que el mandato presidencial fuera en efecto revocado. Se tendría que nombrar a un presidente sustituto porque así lo prevé la constitución en caso de que falte el titular del poder ejecutivo durante los últimos cuatro años de un sexenio y cual sería designado por el congreso de la unión, es decir las dos cámaras, actuando como colegio electoral en escrutinio secreto y por mayoría de votos. ¿A quien elegirían si bien sabido que, aunque Morena y sus aliados conservan esa mayoría en la cámara de diputados, es Ricardo Monreal quien la controla en la cámara de senadores? ¿Cómo substituir a un presidente que es el pilar que sostiene a todo el edificio de la 4T? ¿Quién, con qué fortaleza política y sin haber sido electo por la mayoría de los mexicanos gobernaría por los casi tres años restantes al país? ¿Cómo es, que en el ejercicio de una democracia representativa e indirecta, se substituiría al actual presidente a consecuencia de un ejercicio de democracia directa? ¿Con que legitimidad? Se lo pregunté alguna vez a un diputado de Morena y no supo que decir.
Lo cierto es que políticamente apuestan por la no revocación confiados en la popularidad del presidente. ¿Qué pasaría si por algún motivo inaudito esa popularidad se viniera a pique y millones salieran a votar para revocar el mandato presidencial? Si bien es cierto que «el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno- según el artículo 39 constitucional, no quiere decir que ese derecho se pueda ejercer de manera arbitraria y en cualquier momento. Ese derecho se hace valer en el ejercicio de la democracia para lo cual la ley establece tiempos y formas. El país enfrenta ahora demasiados retos y el horno ya no está para bollos. Hay prioridades.
