La voluntad popular
Los mexicanos votaron en las pasadas elecciones con una precisión matemática. Morena mantuvo la mayoría, pero el mandato popular le arrebató la mayoría parlamentaria para poder modificar, sin necesidad de consensar con la oposición, reformas constitucionales. Lo hicieron los primeros tres años a diestra y siniestra y «sin modificar ni una coma». En un principio contaron con el voto del Senado, donde no son mayoría, para sacar adelante reformas como las que aprobaron la creación de la Guardia Nacional.
La aprobación del presupuesto federal sigue estando en control de la cuarta transformación, lo cual le ha permitido al ejecutivo federal aglutinar y disponer a discreción de los ingresos federales dejando en la indigencia financiera a estados y municipios no como antes sucedía cuando el congreso se conformaba de manera plural y podían priorizarse proyectos en muchos casos necesarios.
Los diputados podían meter mano y ciertamente pervirtieron esos recursos con las famosas mochadas a cambio de etiquetar parte de esos recursos para sus distritos. Como todo lo que se hace ahora ante cualquier viso de corrupción, en vez eliminar esa corrupción, decidieron ceder al ejecutivo la absoluta disposición de los recursos para manejarlos a su antojo. Con eso ha impulsado los megaproyectos de su gobierno y repartido otro tanto en sus programas sociales.
Ni siquiera la pandemia y sus graves consecuencias para la economía frenaron ese propósito. Dejaron a los pequeños y medianos negocios del país a su suerte en vez de impulsar un programa urgente de apoyo económico para rescatarlas y con ello mantener el 80% de empleos de todo el país que son generadas por ellas. Están matando a la gallina de los huevos de oro que mayores ingresos genera al presupuesto.
El nacionalismo trasnochado nos está regresando a los años 70s cuando es de todos conocido que en aquella época la crisis económica, la inflación y las devaluaciones fueron el pan nuestro de cada día. La refinería de Tabasco, el nuevo aeropuerto y el tren peninsular se han encarecido y son un barril sin fondo a donde han ido a parar centenas de miles de millones de pesos.
La reforma eléctrica representa una regresión que pretende dejarnos a merced del monopolio de la CFE cancelando contratos a las empresas nacionales y extranjeras que invirtieron en energías limpias que además son más baratas. Un monopolio que nos cuesta muy caro porque tiene enormes pasivos laborales, altos costos de producción, equipamiento obsoleto pero que además se da el lujo de condonar a Tabasco 11 mil millones de pesos en adeudos o no recuperar 64 mil millones de pesos que le deben distintas entidades de gobierno, entre ellas cientos de municipios. En pocas palabras es una regresión que afectará la economía de los mexicanos.
No solo aumentarán los costos para el consumidor final. Las consecuencias de aprobar esa reforma ponen en riesgo nuestros tratados comerciales. Eso de «cancelar» contratos no es así porque sí. La reforma -si se aprueba- no puede tener efectos retroactivos como lo señala la propia constitución. De ahí que al pretender cancelar contratos procederán sin lugar a dudas, una lluvia de amparos además activarse los paneles internacionales previstos en los tratados de libre comercio. El costo de todas esas demandas lo pagaremos los mexicanos.
Incumplimos además nuestros compromisos internacionales con el medio ambiente. México ofreció reducir sus emisiones de dióxido de carbono y esta haciendo todo lo contrario. Con la prohibición internacional a nuestro combustóleo para su uso en la transportación marítima, decidieron utilizarlo en las termoeléctricas lo cual resulta altamente contaminante. CFE no solo es cara y es contaminante, sino que no se maneja como una «empresa» sino a capricho de los gobernantes. En pocas palabras es un pésimo negocio. Los diputados de oposición deben obedecer el mandato popular expresado en las urnas. Los ciudadanos le quitaron la mayoría a la 4t para frenar esta clase de dislates. Ojalá que cumplan con su deber.
