Chimalapas
En 1906 el general Porfirio Díaz ordenó ocupar la isla de Clippertón en el océano pacifico con una guarnición militar con unos 100 integrantes comandada por el capitán Ramón Arnaud, a la postre «gobernador» de la isla. El atolón es también conocido como La isla de la pasión. Las constituciones mexicanas de 1824 y de 1857 incluían explícitamente a la isla dentro de su territorio.
A pesar de lo inhóspito de lugar, la isla producía grandes cantidades de guano, debido a la sobrepoblación de pájaros Bobos que habían sido explotadas, para la producción de fósforo por la compañía Oceanic Phosphate. Históricamente había sido reclamada desde 1711 por los franceses quienes aducían haberla descubierto y reclamado para su soberanía bautizándola como la isla de la pasión.
Al estallido de la revolución mexicana, los pobladores fueron abandonados a su suerte de lo cual sobrevino un drama cuya historia novelada publicó la escritora Laura Restrepo, pero esa es otra historia. La disputa por la isla fue resuelta a petición de México y Francia por el Rey Víctor Manuel III de Italia cuyo arbitraje internacional fue encomendado por la Santa Sede, en 1931. México perdió el arbitraje y hoy la isla es territorio francés.
La historia viene a colación por la disputa de los Chimalapas entre comuneros de Oaxaca y ejidatarios chiapanecos. A saber, por un fallo de las autoridades agrarias en 1967 que comprendía parte del territorio chiapaneco. Desde esa época ya venían presentándose conflictos graves en la zona mismos que ahora con el fallo de la Suprema Corte se concederán a favor de Oaxaca. No es poca cosa. Se trata de 160 mil hectáreas en las que habitan varias comunidades chiapanecas a las que ahora por nuestra derrota legal se les pretenderá despojar de sus tierras con todo lo que ello implica. No solo se trata de pertenecer o haber pertenecido a Chiapas y ahora a Oaxaca, sino del despojo por la vía legal de su patrimonio. Eso desatará en ineludibles problemas que pueden derivar en enfrentamientos con graves consecuencias. Se dice que el resolutivo de la Corte no modifica los agrarios, pero hasta el día de hoy a los habitantes de la zona no conocen sus implicaciones.
Por lo pronto ya decidieron organizarse y defender su territorio. En la percepción de la opinión pública chiapaneca queda la sensación del despojo de un territorio que históricamente perteneció a Chiapas desde la anexión de Chiapas a México y siglos atrás desde la conformación geográfica y cartográfica de la capitanía general de Guatemala a la cual pertenecimos y de la que nos declaramos independientes mediante un plebiscito en 1824.
Después de casi 10 años, el pleno de la Suprema Corte dio la razón a la controversia constitucional 121/ 2012 presentada por el gobierno de Oaxaca, por la presunta afectación de territorio que los oaxaqueños consideran suyo. Esto a partir de la creación del municipio Belisario Domínguez un poco antes y que reafirmaba nuestra potestad sobre dicho territorio. A decir de los ministros se analizaron documentos históricos y todas las pruebas que presentó el gobierno de Oaxaca. Se señala a los sucesivos gobiernos chiapanecos de que se «durmieron en sus laureles» y no defendieron el caso.
El gobierno de Chiapas ha dado ahora a conocer mediante un comunicado que buscará preservar la paz y la estabilidad social ante la decisión tomada por el Alto Tribunal que resultó adversa a los intereses del Estado de Chiapas, por lo que: «es necesario puntualizar que el conflicto limítrofe con el Estado de Oaxaca inició en 2011, debido a acciones realizadas por administraciones estatales del pasado, quienes también tuvieron a su cargo la responsabilidad exclusiva de defender el caso a nivel judicial. La presente administración asumió el tema en una etapa final, sin posibilidad de variar los argumentos ni ofrecer pruebas adicionales, en virtud de que las reglas de la Controversia Constitucional establecen plazos fatales que concluyeron desde 2017.»
Visto así y considerando que ya no puede apelarse dicho resolutivo, parece que no queda más que resignarse. Se ha dicho que los afectados acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a derechos, aunque no esta facultado para dirimir diferencias limítrofes dentro de un país. Habrá que ver el tamaño real de la tajada y todas las implicaciones políticas y sociales que esto conlleva. Por lo pronto dos exgobernadores, Sabines y Albores, ya fijaron también su postura.
