La mentira histórica
La arbitrariedad legal cometida en contra del ex procurador Murillo Karam es equiparable al grado de insatisfacción con los resultados de una investigación encabezada por Alejandro Encinas quien coordinó, sin ser abogado, una comisión de la verdad para disque esclarecer la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa.
ACUSACIÓN ENDEBLE
Dicen los que conocen el caso que la acusación no tiene ni pies ni cabeza y se irá cayendo en pedazos. Que es más endeble que la defensa del Cruz Azul. Mientras, el exprocurador pasará por lo menos lo que resta del sexenio en calidad de chivo expiatorio para satisfacer la ira de las masas sedientas de justicia por la falacia histórica del llamado crimen de estado.
NUEVO CARPETAZO
Y digo las masas, porque los padres de los normalistas no quedaron del todo convencidos con el nuevo “carpetazo” que se quiere dar al asunto. “Vivos se los llevaron y vivos los quieren” fue la consigna. Esa misma con el agregado del pase de lista de los 43 que Epigmenio Ibarra, el creador y productor de las series del narco, mantenía el dedo en la llaga para terminar de hundir, en su ocaso, la credibilidad del régimen peñanietista.
CRIMEN DE ESTADO
Hay que decirlo con todas sus letras. Se dio un uso político al caso de Ayotzinapa. Se esquivó ingeniosamente de atribuir responsabilidad política al partido político que gobernaba el municipio de Iguala y el gobierno de Guerrero. Se creó la falacia de un crimen de estado, como si se tratara de una conflagración auspiciada desde el gobierno. Y es que hablar de “estado” por su propia connotación es algo que no tiene cabida. El estado es una entelequia jurídica que incluye no solo a los distintos órdenes de gobierno, sino al territorio y a la nación misma. Para el ciudadano común se entendía “el gobierno” y en particular el gobierno de Peña Nieto.
NINGÚN BENEFICIO
La primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué beneficio, interés o utilidad le reportaba al gobierno? Por supuesto que ninguna. Por tratarse de un asunto que involucraba en teoría a la delincuencia organizada y por ser de competencia federal, la entonces PGR atrajo el caso. Se hicieron todas las pesquisas posibles y se logró identificar a un grupo delictivo denominado Guerreros Unidos como los autores materiales de la desaparición de los normalistas. Se entiende que “los desaparecieron” es decir que se deshicieron de ellos de tal manera que no quedara rastro alguno. ¿Cuál fue exactamente el motivo? Sigue sin saberse.
LA VERDAD HISTÓRICA
El hecho es que por tratarse de un “crimen de estado” cualesquiera de las conclusiones sería insuficiente. En el país de “hasta las últimas consecuencias” siempre tiene que haber peces gordos y entre más arriba mejor. Pero el entonces Procurador Murillo Karam, abogado de formación, sabía que no podía sostener acusaciones sin los elementos de prueba suficientes. Por eso decidió cerrar la investigación y hacer públicas las conclusiones del caso en lo que llamó “la verdad histórica”.
¿CRÍMENES DE ESTADO?
Dado el contexto político la respuesta del gobierno resultó insuficiente y era de esperarse. La consigna de “vivos se los llevaron” siguió siendo una postura política y una exigencia de los padres que legítimamente aspiraban a saber más allá de lo que las investigaciones concluyeron. Como estos, hay miles de casos en el país desde hace muchos años y hasta la actualidad. Por citar ejemplos, en julio de 2020, 24 jóvenes fueron masacrados en un centro de rehabilitación en Irapuato. Hasta la fecha no se sabe quién los mató. Lo mismo pasó con la familia Le Baron, donde mujeres y niños fueron asesinados y quemados, sin que hasta la fecha haya responsables. El ejército estuvo presente y sin actuar oportunamente para evitar que en Tlahuelilpan murieran 73 personas a consecuencia de una explosión por huachicolear un oleoducto de Pemex. Y a nadie se le ocurrió decir que “fue el estado” el responsable de los hechos.
PROPAGANDA
Se trata pues, de narrativas, de propaganda política. Depende todo del color del color del cristal con que se mira. Por eso es que en nuestro país se cree que todo es impunidad. Se utiliza sin reparo el poder del estado para desgraciar la vida a personas cuando las circunstancias políticas lo exigen. Es el caso de Murillo Karam, que tarde o temprano saldrá libre, no en este sino en el próximo gobierno, hasta que no quede más conclusión que más que un “crimen de estado” se trató de una mentira histórica.
