Prisión preventiva facciosa
La discusión sobre la prisión preventiva oficiosa torció su cauce. No se trataba liberar a personas sujetas a proceso que puedan representar un peligro para la sociedad. Lo saben bien. Tampoco de facilitar una puerta de entrada por salida que diera pie a la impunidad de los acusados y la corrupción de las autoridades.
92 mil personas siguen hoy sujetas a proceso purgando anticipadamente penas sin haber sido sentenciados. Peor aún expuestos a la convivencia con reos peligrosos que además tienen controles en las cárceles desde donde siguen delinquiendo. Eso, más bien, deja en evidencia a las autoridades y no a los presuntos culpables. La pereza de los procesos judiciales, la falta de una debida integración e investigación en las carpetas judiciales que prefieren extraer confesiones a base de torturas o siembra de pruebas. La incapacidad de los reclusorios para lograr la reinserción social y que funcionan como universidades del crimen.
Lo peor aún, es el uso faccioso y político de la justicia mediante el cual se persigue y amenaza veladamente desde el poder. Es el caso de Murillo Karam que de investigador ahora quieren hacer culpable del caso Ayotzinapa. Sin importar que por su edad se agrava el riesgo de muerte por sus padecimientos de salud. Y todo por “agarrar a peces gordos” para sostener la narrativa de que se trató de un crimen de estado. Una falacia sin pies ni cabeza que no está tipificada como delito. Una ignorancia olímpica de la legalidad.
Lo mismo pasó con Rosario Robles que ilusa se presentó ante la autoridad judicial sabiendo que las acusaciones en su contra no alcanzan siquiera pena corporal. Una licencia presuntamente falsa con otro domicilio bastó para dictarle prisión preventiva para no evadir la acción de la justicia. Tres años tardaron las instancias judiciales para decretar su libertad y que pudiera seguir su juicio sin necesidad de estar presa. Y sucede lo mismo ahora con el famoso “Alito” antes advertido y ahora perseguido con acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que por lo visto lo obligaron a recular en sus posiciones políticas. Layda Sansores cometió un delito en flagrancia al utilizar y difundir conversaciones privadas y nadie la persigue.
Lo ofensivo para la sociedad que produce, genera empleos y paga impuestos, es que esa prisión preventiva oficiosa se puede utilizar por parte de las autoridades tributarias para acusarlos de delincuencia organizada. El problema no es evitar que un acusado pueda evadir la acción de la justicia e incluso seguir delinquiendo. Lo grave es el uso faccioso contra los enemigos políticos lo cual nos conduce hacia un estado autoritario.
El atentado a Cristina Kirtchner
La vicepresidenta de Argentina Cristina Kirtchner, primera dama de Néstor Kirtchner, luego dos veces presidenta, ha sufrido un atentado que resultó frustrado al no accionarse la pistola con que un personaje extremista se acercó a apuntarla.
El atentado se presenta en medio de protestas por el juicio que se sigue a la vicepresidenta debido a multimillonarios negocios y una exorbitante riqueza que la líder de la izquierda no ha podido acreditar. Se cobija bajo la popularidad de sus huestes para las cuales el tema no tiene relevancia y en todo caso se trata de una andanada política para inhabilitarla pues resulta que podría volver a postularse para la presidencia.
Por supuesto que todas las fuerzas políticas y los medios de comunicación condenaron el hecho, pero desde el gobierno se apresuraron a juzgar el atentado como consecuencia de los “discursos de odio” acusando a la oposición y más grave aún a los medios de comunicación haciendo una lista negra de periodistas. Una pistola con un cañón en forma de micrófono se utilizó como estigma. La reacción no se hizo esperar. Más allá de acobardarse los periodistas se plantaron de frente a las acusaciones e insinuaciones del gobierno.
Todo indica que el autor del atentado es un personaje en solitario con ideas extremistas. No puede culparse a la prensa libre ni a la oposición. Eso sí es un atentado, pero contra la democracia. La popularidad de Cristina Kirtchner no puede excusarla de responsabilidad ni otorgarle impunidad.
