El retroceso de la justicia: la reforma a la Ley de Amparo
La reciente reforma a la Ley de Amparo, que limita los efectos de las sentencias para que solo beneficien a quien promovió el juicio, representa un grave retroceso en la protección de los derechos constitucionales en México. Si bien el argumento a favor de esta modificación es que la sentencia solo debe aplicar al quejoso, la realidad es que esta medida perjudica a la mayoría de la población, en particular a los sectores más vulnerables, quienes, por desconocimiento o falta de recursos, no pueden promover un amparo. Se trata de atajar actos de autoridad que pudieran afectar los derechos constitucionales de varias personas, pero que solo beneficiarían al promovente del amparo.
Recuerdo muy bien que en mis clases universitarias le hice esa pregunta a mi maestro de Amparo: ¿De qué sirve probar que una ley es inconstitucional si solo se beneficia a quien promueve un amparo? ¿Cómo quedan los demás en caso de que haya otros afectados por una misma causa, cualquiera que sea la razón, si no recurrieron a este instrumento para proteger sus derechos? ¿Se mantiene entonces vigente una ley que, a decir de la Suprema Corte, viola la Constitución?
—Desafortunadamente, así es —me dijo el maestro.
En aquel entonces, la situación era como ha quedado ahora tras la reforma, hasta que se modificó.
Por eso, este cambio legislativo refuerza la desigualdad en el acceso a la justicia. Cuando un tribunal determina que una norma es inconstitucional, la lógica debería ser que dicha norma deje de aplicarse para todos los ciudadanos, no solo para aquellos que lograron llevar su caso ante los tribunales. De lo contrario, se perpetúa un sistema en el que la justicia es un privilegio y no un derecho universal.
En los Estados Unidos, aunque no existe como tal una ley de amparo, sí hay varios mecanismos de protección, tales como el habeas corpus o las llamadas acciones colectivas (class actions). Si un acto de autoridad afecta a un grupo de personas con características similares, se puede presentar una demanda colectiva (class action lawsuit) en tribunales federales o estatales. Estas demandas permiten que una o varias personas representen a toda la clase afectada, sin que cada individuo tenga que presentar un caso por separado.
Las implicaciones de esta reforma van más allá del ámbito legal. Sus efectos eventualmente repercutirán en derechos fundamentales como la propiedad, la salud, la educación y el medio ambiente. Y si a eso agregamos la nueva horda de jueces elegidos por tómbola y afines al régimen, habrá que preocuparse en serio. Sería irónico que los propios legisladores que aprobaron esta reforma pudieran verse afectados en el futuro cuando una ley injusta atente contra sus derechos o los de sus familias. Parecen ignorar —o quizás ser plenamente conscientes y, aun así, les vale un sorbete— las consecuencias de sus decisiones. En cualquier caso, han optado por debilitar uno de los últimos mecanismos de defensa ciudadana frente a los abusos del poder.
Hay que recordar que la CNDH está de adorno y ha perdido peso específico contra los abusos de autoridad. Los diputados de la mayoría defendieron la reforma con argumentos verdaderamente falaces. Su postura refleja una visión estrecha de la justicia y un desconocimiento —o desinterés— sobre el impacto real que esta modificación tendrá en la población.
Históricamente, el juicio de amparo ha sido una herramienta clave para la protección de los derechos humanos en México. La doctrina jurídica establecía que, cuando una norma es inconstitucional, debía ser declarada inválida para todos. Sin embargo, con esta reforma, el acceso a la justicia se convierte en un privilegio reservado para quienes tienen el conocimiento y los recursos para litigar. Esto deja en un estado de indefensión a la mayoría de los ciudadanos, quienes ahora deberán enfrentar la arbitrariedad legal sin la posibilidad de que una resolución judicial beneficie a la colectividad.
Imaginemos que se aprueba una nueva tarifa de luz, la expropiación de un bien o un impuesto injustamente alto, afectando a cientos o miles de familias. Un ciudadano con conocimiento y recursos decide ampararse, y el tribunal le da la razón, eximiéndolo de pagar la tarifa o el impuesto excesivo. Sin embargo, bajo la nueva reforma, este beneficio no se extiende a los demás ciudadanos que no promovieron el amparo, aunque la medida sea igualmente injusta para ellos.
El tiempo, sin duda, cobrará factura a quienes hoy han optado por socavar los derechos ciudadanos en favor de sus intereses políticos. La historia no suele ser amable con aquellos que traicionan la justicia. Y aunque hoy la reforma parezca un triunfo para ciertos sectores del poder, su verdadero costo se revelará cuando la ciudadanía tome conciencia de lo que ha perdido. Entonces, será demasiado tarde para reclamar.
JAVIER MILEI METIÓ LA PATA
El presidente argentino, Javier Milei, se ha visto envuelto en una controversia significativa tras promover la criptomoneda $LIBRA, que sufrió una drástica caída en su valor poco después de su lanzamiento. El 14 de febrero de 2025, Milei utilizó sus redes sociales para respaldar este token, lo que inicialmente impulsó su valor. Sin embargo, en cuestión de horas, la moneda perdió aproximadamente el 85% de su valor, afectando a más de 50,000 inversores que confiaron en su promoción.
Este incidente ha roto la racha victoriosa que llevaba Milei tras el milagro económico de reducir la inflación a su nivel más bajo y le ha generado múltiples acusaciones de fraude y asociación ilícita. La oposición ha solicitado un juicio político en su contra, argumentando un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En respuesta, Milei admitió haber cometido un error al difundir la criptomoneda sin una investigación adecuada y ordenó una indagatoria a través de la Oficina Anticorrupción para determinar si hubo conductas impropias por parte de miembros del gobierno, incluido él mismo. Este episodio ha puesto en entredicho la credibilidad de las criptomonedas en general, subrayando la necesidad de una mayor regulación y transparencia en este mercado emergente.
A pesar de todo, en los días siguientes, los sondeos de opinión reflejaron un repunte favorable a Milei, con todo y el rotundo fracaso en el manejo de crisis por parte de su equipo de gobierno. Milei viajó a un encuentro de liberales y conservadores que se realiza cada año, ahora en Washington, y fue el más elogiado de todos, comenzando por Trump y Elon Musk.
La derecha sigue avanzando y ahora lo hace en Alemania, donde los conservadores y la Alternativa por Alemania (AfD), tildada de ultraderecha, tuvieron un crecimiento notable. Después vienen Francia y España, y no dude que habrá más sorpresas para las izquierdas, superadas por la realidad, fracasadas en lo económico y promotoras de ideas progresistas que están destruyendo la civilización occidental.
