El abogado del Diablo
Recuerdo mis primeras clases de derecho penal en la universidad. El abogado que impartía esa materia hizo una pregunta abierta en relación con nuestra opinión sobre si estaríamos dispuestos a defender a un acusado que recurriera a nuestros servicios profesionales, a sabiendas del crimen cometido o de que el delito estuviera vinculado a casos graves como homicidio o tráfico de estupefacientes. La mayoría contestó que no. —Entonces, dedíquense a otra cosa —nos dijo. Al abogado no le toca juzgar a su cliente (eso es tarea de los jueces), sino valorar la acusación y los elementos de prueba en su contra para combatirlos y desbaratar el caso. Así de claro.
EL DEBIDO PROCESO
En esa parte de los juicios, el “debido proceso” es fundamental y es una garantía establecida en la Constitución. De ahí resulta que, si una averiguación previa no se integra debidamente o, incluso, las pruebas fueron obtenidas ilegalmente o por medio de la tortura, el caso se viene abajo y el acusado queda libre. Tal fue el caso, hace unos años, de la francesa Florence Cassez —acusada de secuestro—, por el famoso montaje armado para Televisa y que transmitió en vivo el noticiero de Loret de Mola, donde, de acuerdo con el relato, los secuestrados fueron detenidos “con las manos en la masa”, es decir, en flagrancia de delito; pero luego resultó que no, que la detención había sucedido en otro momento y en otras circunstancias. Eso fue suficiente para que la francesa obtuviera de inmediato su liberación, aunque aun así tardaron un rato en concedérsela. Por ello, el gobierno francés le exigió a México que la pusiera a disposición de las autoridades francesas, lo cual generó una crisis diplomática con ese país ante la negativa del gobierno mexicano.
NO ME VENGAN CON QUE LA LEY ES LA LEY
Se recordará también aquella frase célebre del entonces presidente López Obrador, cuando dijo “a mí no me vengan con que la ley es la ley”, y por ahí comenzaron sus diferencias con el poder judicial, basado en ese falso alegato de que la justicia debe estar por encima de la ley, lo cual nos pone a merced de consideraciones al margen de ella. Al presidente le chocó que los jueces concedieran amparos contra la construcción del Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, comenzando por el hecho de que no se realizaron correctamente las evaluaciones de impacto ambiental —como señala la ley—; por ello, el presidente decidió utilizar la figura de “asuntos de seguridad nacional” para evitar obstáculos, otorgar a discreción multimillonarios contratos de obra y reservarse la información ante cualquier solicitud de transparencia, órgano que, por cierto, ya ha desaparecido.
APOYO CONSULAR
Resulta ahora que El Mayo Zambada solicita formalmente al gobierno mexicano la protección consular para ser repatriado a México, debido a que podría ser sentenciado a pena de muerte (algo que no existe en nuestra Constitución) y alega que su detención fue ilegal, en tanto que fue secuestrado. Hablamos, entonces, del debido proceso, pero lo que no se toma en cuenta es que está siendo juzgado por delitos cometidos en los Estados Unidos, por la naturaleza misma de la venta y distribución de drogas de México a nuestro país vecino.
EL ABOGADO
Hacerla de «Abogado del Diablo» implica los dilemas éticos y profesionales a los que por lo regular se enfrenta un abogado penalista. Sobre la obligación de defender, sin emitir juicios morales, a personas acusadas de cometer delitos graves, destacando que el rol del abogado es contrarrestar las acusaciones y garantizar el debido proceso, no juzgar a su cliente. Casos como el de Florence Cassez y la situación de «El Mayo» Zambada- sirven para ilustrar cómo la aplicación de la ley y el respeto a los derechos fundamentales pueden verse influidos por cuestiones políticas y hasta diplomáticas.
EN JAQUE
La captura de «El Mayo» Zambada parece estar poniendo en jaque al gobierno de Claudia Sheinbaum, ante la disyuntiva de lo que debe hacer el gobierno mexicano, que ya se encuentra enfrascado con el gobierno de Trump. Este último, quien ha declarado como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, está exigiéndole a México que frene el flujo migratorio, que limite las importaciones de China y que renegocie un tratado en condiciones más favorables hacia los Estados Unidos, con la amenaza de imponer hasta un 25% de aranceles.
¿HASTA DÓNDE?
Claudia Sheinbaum ha explicado que el gobierno recibió la solicitud de repatriación de “El Mayo” —mediante carta entregada en el Consulado de México en Nueva York— y que el caso será evaluado a través de la Fiscalía General de la República. En su conferencia, enfatizó que “más allá del personaje y sus delitos, el asunto es cómo se llevó a cabo su detención”; es decir, no se trata de defender a Zambada como individuo, sino de revisar si se respetaron sus derechos en el proceso. La pregunta es: ¿hasta dónde vale la pena que el gobierno se involucre en eso, sobre todo ahora que Trump va por las cabezas del narcotráfico?
