La 4T: donde opinar es un delito
En un país que presume de ser más democrático que nunca, la libertad de expresión se ha convertido en un acto de osadía. La Cuarta Transformación, que prometía un nuevo pacto social basado en la justicia y la participación, ha terminado por instaurar un clima de linchamiento ideológico donde disentir equivale a traicionar a la patria. Hoy, opinar en contra te pone automáticamente en la lista de enemigos de la nación, conservadores, neoliberales o traidores a secas.
MATAR AL MENSAJERO
La estrategia es simple: no refutar argumentos, sino descalificar al emisor. Matar al mensajero no borra el mensaje, solo desnuda al tirano que no tolera la verdad. No debatir ideas, sino exterminar reputaciones. Todo el aparato del poder —incluyendo al oficialismo mediático, las redes pagadas y las mañaneras de cada día— se dedican a escupir fuego sobre cualquier voz que se atreva a poner en duda la narrativa única del redentor en turno
No se salva nadie. Intelectuales, periodistas, expresidentes, artistas, académicos y ciudadanos de a pie han sido víctimas del escarnio oficial, sus panegiristas y la turbamulta adoctrinada en las redes, por expresar lo que piensan. Desde las tribunas del poder se orquesta la inquisición moderna. Basta una declaración crítica para que se active el tribunal digital, se reescriba la historia y se inicie una cacería de brujas tan selectiva como brutal.
ZEDILLO
La maquinaria institucional y mediática del régimen se ha volcado con furia contra Ernesto Zedillo, no por algún delito, sino simplemente por opinar. En un texto en la revista Nexos, el exmandatario advirtió que en México se corre el riesgo de regresar al “autoritarismo hegemónico” disfrazado de democracia, y que en lugar de fortalecer las instituciones se las ha debilitado para someterlas al poder político. Esa sola declaración, sensata y respaldada por los hechos, bastó para que se desatara una ofensiva coordinada en su contra. Y como ironía final, la virulenta reacción del régimen no hizo más que confirmar los señalamientos del propio Zedillo: vivimos en un país donde opinar se ha vuelto una amenaza para el poder.
En un gesto casi calcado de los regímenes totalitarios del siglo XX, se le persigue por atreverse a decir lo que piensa. Y es aquí donde la supuesta diferencia entre el autoritarismo de izquierda y el de derecha se difumina: la intolerancia al disenso no tiene color. Lo que hoy vemos se asemeja demasiado al fascismo, ese que no admite voces fuera del coro, ese que exige sumisión ideológica total.
LA CRITICA ES GOLPISMO
En este nuevo orden discursivo, la pluralidad es sospechosa, la crítica es golpismo, y la memoria, un estorbo. Nadie puede hablar del Fobaproa sin ser acusado de complicidad. Nadie puede citar a Zedillo sin ser señalado de esbirro. Nadie puede cuestionar los megaproyectos fallidos sin que le endilguen intereses oscuros o neoliberales. Y si algún expresidente osa levantar la voz —como lo han hecho Calderón, Fox y ahora Zedillo— el coro oficialista exige exilio, silencio o linchamiento.
Curiosamente, la misma administración que exige respeto y obediencia absoluta a sus dogmas no tiene reparo en insultar, calumniar o caricaturizar a quienes piensan distinto. La palabra presidencial ha perdido su dignidad institucional para convertirse en un garrote retórico, una trinchera de señalamientos y descalificaciones. El poder se ejerce como si fuera patrimonio propio, y la crítica, un atentado personal.
AUTOCENSURA
Así, hemos llegado al punto en que opinar, preguntar o disentir no solo es riesgoso, sino casi ilegal. Las instituciones callan, los organismos autónomos se doblan, y muchos medios prefieren la autocensura a la persecución. En este ambiente, la libertad de expresión —ese derecho que distingue a las democracias de las tiranías— está siendo asfixiada por un régimen que no tolera el disenso ni la autocrítica.
La Cuarta Transformación prometió acabar con la corrupción, pero ha institucionalizado el clientelismo. Juró elevar la moral pública, pero ha normalizado el insulto desde el púlpito. Dijo que escucharía al pueblo, pero solo presta atención al eco de su propio discurso.
México se desliza por la pendiente de una regresión autoritaria disfrazada de justicia social. El país que algún día soñó con más libertades, hoy ve cómo se criminaliza la opinión, se persigue al que piensa distinto y se premia la obediencia ciega.
¿OPINAR ES UN DELITO?
Después de todo el escándalo y una escalada de acusaciones y descalificaciones al expresidente Zedillo, la presidente ha decido dar vuelta a la página, aduciendo que el derecho a expresarse está vigente. Zedillo, que había decido guardar silencio ahora saca la cara y advierte que la reforma al poder judicial nos llevará a una tiranía. El Fobaproa y toda la sarta de acusaciones no le son imputables desde el punto de vista legal. A cada acusación ha respondido puntualmente con una refutación y no lo van a acallar. Por eso la presidenta prefirió cerrar el capítulo.
Pero ese Leviatán que han alimentado con odio, propaganda y dogmas, terminará por devorarlos a ellos mismos. Porque ningún régimen basado en la persecución del pensamiento ha sobrevivido a la historia. “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario», decía Orwell. Opinar no debería ser un delito. Pero en la 4T, ya lo es.
