Frontera caliente, justicia firme
En días recientes, la delincuencia organizada volvió a mostrar su rostro más atroz en la frontera sur de Chiapas, donde cinco elementos de la policía estatal fueron brutalmente asesinados. No bastó con acribillarlos a balazos: sus cuerpos fueron incinerados como parte de un acto de barbarie que pretende infundir miedo y marcar territorio. Pero Chiapas no es tierra sin ley, y la respuesta del Estado no se hizo esperar.
EL COMBATE NO ES SIMBÓLICO, ES REAL
Desde hace meses, el gobierno de Eduardo Ramírez ha emprendido una ofensiva decisiva para arrebatarle a los grupos criminales el control que, por años, ejercieron sobre distintas regiones de la entidad, particularmente en la franja fronteriza. La creación del grupo élite conocido como Los Pakales —una fuerza de élite bien equipada y entrenada— es muestra de ese compromiso. Y ha comenzado a dar resultados.
Uno de esos operativos llevó recientemente a un enfrentamiento directo con sicarios armados hasta los dientes en un poblado dividido por la línea internacional. La intensidad del fuego cruzado provocó que, por momentos, las fuerza policiacas rebasaran el límite físico de la frontera, lo cual fue captado en video y ampliamente difundido en redes sociales. El saldo: al menos cuatro delincuentes abatidos, entre ellos un operador del Cártel Jalisco que tenía azotada la región.
UNA RESPUESTA DESAFORTUNADA DESDE LA PRESIDENCIA
Lejos de reconocer la complejidad del contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por descalificar el operativo y pidió sancionar a los elementos de seguridad, disculpándose ante el gobierno de Guatemala. Grave error. En lugar de respaldar a las fuerzas del orden y al gobernador chiapaneco, prefirió alinearse con el discurso de lo políticamente correcto, sin conocer a fondo la magnitud del desafío que implica gobernar una frontera tan vulnerable.
Resulta ofensivo que se pretenda sancionar a quienes arriesgan la vida, mientras se guarda silencio ante el crecimiento del crimen transnacional que trafica con personas, armas, huachicol y drogas, usando la línea fronteriza como escudo de impunidad. Chiapas, a diferencia de muchos otros estados, no está cruzado de brazos.
COOPERACIÓN, NO SUBORDINACIÓN
Apenas un día después, el gobernador Ramírez se reunió con el embajador de Guatemala en México. En lugar de confrontación diplomática, hubo entendimiento. Juntos, comenzaron a acordar estrategias conjuntas para atender un problema que es compartido, y que requiere del concurso de ambos países para contener la violencia y restablecer la legalidad en esta zona clave para la seguridad nacional.
Porque una cosa debe quedar clara: no es posible enfrentar al crimen con tibieza. La frontera no puede ser refugio de impunidad. Los Pakales actuaron con profesionalismo y decisión. No hubo intención deliberada de cruzar límites, pero tampoco margen para detener un operativo en curso bajo fuego cerrado. Las circunstancias no daban opción.
EL ESTADO DE DERECHO NO SE DISCUTE, SE EJERCE
Más allá de los tropiezos que todo gobierno puede tener, lo que importa es el rumbo. Y hoy, Chiapas tiene un gobernador con legitimidad, respaldo popular y voluntad de hierro para hacerle frente al crimen. No es tiempo de flaquezas. Es momento de cerrar filas con quienes tienen el valor de combatir de frente a las mafias, de jugársela por nosotros.
Es fácil criticar desde la comodidad del escritorio en las redes sociales o desde la distancia en Palacio Nacional, donde no se escuchan los disparos. Aquí, donde se vive la guerra cotidiana contra la delincuencia, sabemos distinguir entre errores humanos y traiciones al deber. Por eso, frente a quienes siembran el miedo y la desinformación, defendamos con firmeza el derecho de los chiapanecos a vivir en paz.
Porque la seguridad no se mendiga. Se garantiza. Y para eso está el Estado. Y para eso está un gobernador que así se lo ha propuesto.
