La consulta como formulismo
Nos quieren vender la idea de que todo proyecto de infraestructura en zonas indígenas debe someterse a un proceso sagrado, casi ceremonial, de consulta previa. Que el “consentimiento libre e informado” es una condición inamovible para cualquier acción del Estado sobre lo que llaman “territorios ancestrales”. Y el problema no es la consulta en sí, sino lo que se ha hecho de ella: un formulismo vacío, cuando no una herramienta de chantaje.
En teoría, el Convenio 169 de la OIT que protege los derechos de los pueblos originarios, exige que deben ser consultados cada vez que se prevea una medida legislativa, administrativa o económica que los afecte, y demanda que el proceso se haga con buena fe, con el propósito de llegar a un acuerdo. Nada más justo… si viviéramos en Suiza y no es peyorativo.
DE LA CONSULTA AL SECUESTRO
En la práctica mexicana —y más aún en Chiapas— la cosa funciona distinto. Las comunidades están dispersas, fragmentadas, muchas veces desinformadas y otras tantas manipuladas por ONGs, caciques locales o dirigentes comunitarios que se autonombran “guardianes del territorio”. Lo que debería ser un diálogo se convierte en una simulación: asambleas amañadas, actas redactadas de antemano, amenazas soterradas si alguien se atreve a disentir.
Así, obras fundamentales como la carretera Palenque–Ocosingo, largamente anhelada por miles de chiapanecos, terminan paralizadas por la negativa de un puñado de actores que han hecho del “no” su modo de vida. Porque la oposición sistemática no es gratuita: detrás hay cuotas, concesiones, transferencias, “acuerdos” que nunca se firman pero siempre se pagan.
LA HUELLA DEL CLIENTELISMO EN CHIAPAS
Chiapas fue uno de los estados donde más alto fue el respaldo ciudadano en la elección judicial del 1 de junio de 2025, con aproximadamente un 60 % de los votantes apoyando a los aspirantes promovidos por Morena. Estas cifras contrastan con una participación nacional que apenas alcanzó entre el 12.5 % y el 13.3 %, la más baja en 30 años. Eso desnuda nuestra realidad. Está demás decir que hubo casillas con el 100% o más de participación.
En un contexto así, la participación deja de ser un acto libre y reflexivo y se convierte en una transacción pragmática, con un voto que responde más a la lógica del “te doy, tú votas” que a los principios del derecho y la ciudadanía. Siendo esa la premisa ¿a qué le apuestan los promotores del “no” a la carretera? ¿A que se tenga que hacer un nuevo simulacro cuyo resultado conocemos de antemano, pero que vamos a pagar todos con el dinero de nuestros impuestos?
ROMANTICISMO O ATRASO PROGRAMADO
El relato romántico dice que los pueblos originarios quieren conservar su modo de vida, proteger la madre tierra y vivir en comunión con su entorno. Lo que no se dice es que muchos de esos pueblos sí quieren carreteras, acceso a hospitales, oportunidades para comerciar o recibir turismo, pero no se les permite opinar fuera del guion.
¿Quién decide? ¿Quién representa legítimamente a esos pueblos? ¿Quién se beneficia con el estancamiento? Porque lo cierto es que el atraso también deja ganancias. El aislamiento se convierte en feudo, y el territorio “intocable” en botín.
NI PIEZAS DE MUSEO, NI DUEÑOS DEL ESTADO
Aplicar el Convenio 169 no debería ser sinónimo de postración. Consultar no es someterse. Las comunidades indígenas no son piezas de museo ni especies protegidas: son ciudadanos mexicanos con derecho al desarrollo. Y el Estado tiene no solo el derecho, sino el deber de generar condiciones para que eso ocurra.
La carretera Palenque–Ocosingo no es una agresión cultural. Es una vía de integración, de conexión, de vida. Lo verdaderamente injusto sería seguir negando su construcción por culpa de un aparato ideológico que hace pasar por “identidad” lo que en realidad es aislamiento estructural.
Hay que escuchar, sí. Hay que respetar, sin duda. Pero también hay que actuar. Porque si el progreso tiene que pedir permiso a cada paso, y pagar cuota a cada cacique, entonces no es consulta: es una extorsión disfrazada.
