A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Moreno Guillen: lo que debemos hacer

Este fin de semana se celebró el Día del Abogado en Chiapas con una convocatoria que podría marcar un antes y un después en la manera de entender la colegiación jurídica en el estado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillén, logró algo inédito: reunir en un mismo acto institucional a jueces, magistrados, notarios públicos, fiscales y representantes de las diversas barras de abogados. No faltó alguna ausencia que podría ser anotada por costumbre o por cálculo político, pero lo importante no fue quién no fue, sino el hecho mismo de que una convocatoria así se haya planteado, y mejor aún: que haya sido atendida.

En tiempos de desconfianza institucional y de fragmentación gremial, esta reunión no solo tuvo un valor simbólico. Fue también un llamado a la reflexión profunda sobre el papel que tenemos quienes ejercemos el derecho desde distintos frentes. Porque los abogados no solo litigamos o defendemos causas: también somos legisladores, jueces, defensores públicos, asesores, notarios, fiscales, funcionarios. La estructura misma del poder se construye y se opera, en gran medida, desde el lenguaje jurídico y con base en principios que no pueden relativizarse sin consecuencias.

¿HACEMOS LO QUE DEBEMOS?

No fue casual que el magistrado presidente hiciera referencia a un filósofo contemporáneo como Michael Sandel, conocido por cuestionar los fundamentos morales de nuestras decisiones públicas y privadas. Su obra más conocida plantea una pregunta perturbadora en su sencillez: ¿hacemos lo que debemos? En un gremio donde las formas pueden volverse rutina y los tecnicismos refugio de la indiferencia, esa pregunta sacude. Porque la ley no se agota en lo que permite o prohíbe. El derecho tiene una dimensión ética ineludible, que no debe perderse entre expedientes, horarios o favores.

La justicia no es una mercancía ni un espectáculo. Y si queremos fortalecerla, debemos comenzar por mirarnos con honestidad. Esa mirada fue la que promovió este encuentro: la de un gremio que, en sus mejores momentos, se quiere reconocer como garante de los derechos, la libertad y la convivencia civilizada.

UN TONO DISTINTO, UNA SEÑAL ALENTADORA

Entre los invitados a esta jornada destacó la presencia del futuro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Guerrero, quien —sin estridencias— ofreció una alocución sobria sobre el derecho y la justicia. Lo notable fue que evitó cualquier connotación política o partidista, manteniéndose fiel al espíritu republicano que debe regir la impartición de justicia. En fin que nadie habló de cuartas trasformaciones ni se escuchó la retórica oficialiasta del pueblo como parapeto demagogo. Quizá para muchos fue una intervención más, inadvertida entre los discursos de protocolo. Pero en el contexto de una judicatura tan señalada por su supuesta politización, escuchar intervenciones de altura, desprovistas de consignas y alineamientos oportunistas, fue una bocanada de aire fresco.

Y no fue la única. Todas las participaciones coincidieron en ese tono mesurado y responsable. La atmósfera en la que Eduardo Ramírez se sentía a sus anchas, fue en ese sentido, sorprendentemente ajena a los ánimos polarizantes actuales que suelen permear los eventos políticos. Si este espíritu logra sostenerse, tal vez podamos imaginar un porvenir donde el ejercicio del derecho recupere su dignidad pública y su vocación de servicio.

RABASA, EJEMPLO OLVIDADO

El gobernador Eduardo Ramírez aprovechó el acto para recordar la tradición jurídica de Chiapas, que ha aportado al país a destacados jurístas como Don Andrés Serra Rojas, pero encarnada en figuras como Emilio Rabasa. No es solo el nombre que adorna un teatro en Tuxtla Gutiérrez. Fue jurista, novelista, constitucionalista y diplomático. Pero, sobre todo, fue un gobernador con visión de Estado. Su obra La Constitución y la dictadura sigue siendo una lectura obligada para entender los dilemas entre legalidad y legitimidad. Coincidió en sus periodos de mayor influencia con los gobiernos de Porfirio Díaz y luego con Victoriano Huerta, lo cual tal vez explica por qué su figura ha sido escasamente reivindicada.

Pero si separamos la circunstancia del contexto, Rabasa representa lo que aún falta en la política y el derecho chiapaneco: profundidad intelectual, claridad institucional y conciencia histórica. Gobernó para su tiempo con ideas adelantadas al suyo. Honrar su legado no es un acto nostálgico, sino una exigencia de altura frente al porvenir.

JUECES POR VOTO POPULAR

En un momento especialmente revelador, el gobernador se refirió a la reciente elección para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, una idea que generó enormes controversias. Ante la escasa participación en ese proceso, el desinteres de la ciudadanía, la falta de aval social, Eduardo sugirió que, al menos en Chiapas, las eventuales elecciones del Poder Judicial no se empaten con las elecciones generales de 2027. Una sugerencia sensata que, en el fondo, apunta a una crítica implícita: no se puede reducir la trayectoria de un abogado, su preparación, su ética y su compromiso, a la lógica simplificadora de una urna. Por eso no pasa de ser un buen propósito que encierra una velada crítica al mazacote hecho con las patas a iniciativa del expresidente y con la concupiscencia de los legisladores del regimen que han destruido la vida institucional del país. Solo que, organizar dos elecciones en fechas distintas, costaría un dineral y no estamos para eso.

Al menos el gobernador fue más allá al invitar abiertamente a quienes hoy integran el sistema judicial —y a quienes aspiren legítimamente a hacerlo— a participar en ese proceso, con transparencia y convicción. Ese gesto, viniendo de un actor político con peso, es relevante. Muestra que al menos hay disposición para que, si se abre esa puerta, entren personas capaces, íntegras y comprometidas con la justicia, no solo con el aplauso.

UN ACTO PARA LA MEMORIA Y LA ESPERANZA

Ojalá esta reunión no quede como una anécdota aislada o una foto institucional más. Que sea, como diría Sandel en boca de Moreno Guillen, una oportunidad para discutir no solo lo que es legal, sino lo que es justo. Porque en Chiapas, como en el resto del país, necesitamos menos leyes escritas al vapor y más juristas con vocación. Menos simulación procesal y más ética profesional. Menos egos fragmentados y más comunidad jurídica. En suma: necesitamos, más que nunca, hacer lo que debemos.

Nos dice Michael Sandel: «Hacer lo correcto no siempre es fácil. A veces significa ir contra la corriente, desafiar la opinión dominante, incluso poner en riesgo tu propio interés. Pero es eso lo que define el carácter de una sociedad justa.»

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