Con el dinero de todos
No falla. Cada vez que alguien con tribuna, dinero propio y opiniones incómodas dice algo que irrita al poder, se activa la maquinaria. No la del debate ni la de las ideas, sino la del presupuesto. Porque en este país, donde la libertad de expresión se presume a gritos, pero se castiga a billetazos, el dinero público se usa —literalmente— para tapar bocas. O para intentarlo.
VOCEROS A SALARIO
Lo acaba de denunciar Ricardo Salinas Pliego sin pelos en la lengua. En lugar de responder con argumentos, el gobierno reparte contratos. No confronta ideas, compra voceros. La libertad de expresión, para este régimen, consiste en que sus aplaudidores cobren del erario para insultar, descalificar o perseguir a quienes se atreven a criticar.
Ahí están los “analistas” de nómina, los “intelectuales orgánicos” y los medios que, en lugar de cuestionar al poder, se dedican a servirle de porristas. Y lo hacen —faltaba más— con presupuesto ajeno.
Y aquí en el terruño, la cosa no es distinta. La publicidad oficial, lejos de obedecer a criterios claros o transparentes, se reparte a discreción del poderdante, sin reglas, sin lineamientos y sin informes públicos. Se premia al medio que aplaude, se copta al que ataca, se castiga al que no se acomoda. Todo con dinero público.
LA REALIDAD QUE NO LES IMPORTA
Mientras tanto, en nuestro país, la realidad va por otro lado. La violencia sigue desbordada, los feminicidios y las desapariciones siguen impunes, el sistema de salud está colapsado, y la corrupción campea. Pero nada de eso merece la atención de esos opinadores asalariados. Lo urgente, para ellos, es callar a los incómodos, linchar al que piensa distinto y proteger al patrón… que no es otro que el gobierno.
EL PECADO DE DECIR LO QUE PIENSAS
El pecado máximo, en esta narrativa, no es saquear al país, ni ser incompetente, ni perpetuar la impunidad. Es atreverse a decirlo. “¿Y ese Salinas quién se cree?”, chillan los corifeos de siempre. Pues se cree —y con razón— lo que cualquier ciudadano debería ser: alguien que no pide permiso para decir lo que piensa.
Eso es lo que más irrita al poder. No es el personaje, ni su tono, ni su estilo. Es la osadía de hablar sin someterse. La impertinencia de ejercer la libertad. Y eso, en un régimen que vive de controlar la narrativa, es imperdonable.
EL CASO SALINAS PLIEGO: LA LEY COMO GARROTE
El caso más emblemático es el de Ricardo Salinas Pliego, a quien el gobierno —y hasta la propia presidenta— han convertido en blanco político, haciendo cuentas alegres sobre el dinero que supuestamente le cobrarán. Lo cierto es que, como muchos otros empresarios, lleva años litigando lo que considera un cobro excesivo, y está en su derecho. Pero, en lugar de esperar la resolución judicial, el gobierno decidió cerrarle la llave de la publicidad oficial, no como sanción fiscal, sino como castigo político. Porque lo que verdaderamente les incomoda no es el pleito legal, sino que se atreva a cuestionar al régimen y a exponer sus contradicciones. Así, el fisco se vuelve un garrote y la ley, un instrumento de revancha.
EL PELIGRO DE CALLAR POR COSTUMBRE
No se trata de defender a Salinas Pliego ni a ningún otro. Se trata de entender que cuando un gobierno usa el dinero de todos para silenciar a unos cuantos, está comprando nuestro silencio a cuenta de nuestra libertad. Y de que el día que nos parezca normal que la crítica se compre o se persiga, ese día habremos perdido mucho más que el presupuesto: habremos perdido el derecho a ser libres.
EL PODER NO COMPRA LA VERDAD
Así que sí, que chillen, que compren likes, que contraten voceros. Al final, la verdad siempre se abre paso. Y más tarde o más temprano, este gobierno descubrirá que no hay presupuesto suficiente para tapar todas las bocas… ni para esconder todos sus fracasos.
Porque al final, un gobierno que necesita comprar aplausos y castigar la crítica con el dinero de todos, es un gobierno que ya perdió la razón… y tarde o temprano, perderá también el poder.
