A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Se acabó la fiesta

Entre los muchos vicios enquistados en la política chiapaneca, pocos han sido tan corrosivos y descarados como el de los funcionarios que se convierten en contratistas de sí mismos. Durante años, el juego fue más o menos así: un político en campaña era financiado por empresas constructoras que veían en él a su futuro socio en el poder. Luego, ya instalado en el cargo, el funcionario les devolvía el favor asignándoles obra pública con sobreprecios y licitaciones amañadas con el diezmo de por medio y a veces más. Pero el modelo evolucionó —o más bien, degeneró—: los políticos dejaron de necesitar a los contratistas… y decidieron convertirse en ellos.

UNA PRÁCTICA QUE TODOS CONOCEN Y POCOS SE ATREVEN A NOMBRAR

La práctica, aunque conocida por todos, se manejaba como un secreto a voces. Las empresas de cartón, las constructoras ligadas a familiares, prestanombres o colaboradores, y los proyectos inflados que se desploman con la primera lluvia, se convirtieron en moneda corriente. En Chiapas, como en muchas otras partes del país, esto se volvió parte del paisaje de la corrupción institucionalizada, ese monstruo de mil cabezas que se alimenta de la necesidad, la complicidad y el silencio. Por eso no hay dinero que alcance a pesar de los cuantiosos recursos que nos otorga la federación.

SOBRE AVISO, NO HAY ENGAÑO

El mensaje del gobernador Eduardo Ramírez en días recientes no es menor. No sólo denunció públicamente esta práctica; lo hizo de manera frontal, sin rodeos ni eufemismos. “Eso se llama corrupción y no tiene otro nombre, y no lo voy a permitir… sino lo creen ya lo veran cuando caiga el primero”, sentenció, en lo que podría marcar un parteaguas en la manera de entender y ejercer el poder en Chiapas.

ROMPER CON UNA ESTRUCTURA PERVERSA

Más allá del gesto político, el mensaje encierra una enorme profundidad: implica voluntad de romper con una estructura perversa que ha operado desde las entrañas mismas del poder local. Llamar a cuentas a los presidentes municipales y advertirles que el tiempo del simulacro se acabó, es una forma de trazar una línea divisoria. Una especie de “hasta aquí”.

EL COSTO REAL DE LA CORRUPCIÓN: DEMÉRITO Y ABANDONO

Y es que el daño no se limita al desvío de recursos o al enriquecimiento ilícito de unos cuantos. El problema de fondo es que la corrupción en la obra pública genera demérito. Es decir, no se construye lo mejor ni lo más urgente, sino lo que deja mayor ganancia al político disfrazado de empresario. No se hacen caminos donde se necesitan, ni obras donde hay carencias, ni servicios donde hay demanda. Se hacen obras mal planeadas, mal ejecutadas, y, muchas veces, inútiles. ¿El resultado? Ciudadanos burlados, servicios deficientes y una sociedad que, con razón, ha perdido la fe en sus gobernantes.

SE ACABÓ LA FIESTA

El mensaje del gobernador no debe ser tomado como una simple advertencia mediática, sino como una declaración de principios. Y si va en serio —como muchos esperamos—, será necesario acompañarlo con acciones concretas: auditorías independientes, sanciones ejemplares, mecanismos de vigilancia ciudadana y, sobre todo, voluntad para que los primeros en caer no sean los más pequeños, sino quienes desde las alturas del poder construyeron sus fortunas con dinero público, en las narices del pueblo.

UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR EL RUMBO

En Chiapas se respira un aire de esperanza, pero también de escepticismo. Demasiadas veces se ha prometido limpiar la casa y al final todo queda en simulación. Si esta vez es diferente, si esta vez se rompe de verdad el círculo vicioso, entonces no sólo se tratará de castigar la corrupción, sino de empezar a construir —ahora sí— una nueva ética pública.

Y eso, en un país acostumbrado a la impunidad, sería una verdadera revolución.

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