Los dueños del atraso
No se necesita mucha perspicacia para saber lo que vendría. Una vez más, los “representantes” autoproclamados de los pueblos originarios han alzado la voz para frenar proyectos de infraestructura en Chiapas. Ahora se oponen a una carretera Palenque-Ocosingo, una obra que conectaría regiones aisladas y facilitaría el acceso a servicios, comercio y oportunidades. ¿El argumento? Que vulnera “derechos de sus ancestros y ancestras” —así, con redundancia ideológica incluida— y que se trata de otra embestida del “capitalismo extractivista” contra la “madre tierra”.
Hasta ahí, nada nuevo. Lo que resulta indignante es que estas voces no son las de comunidades reales clamando desarrollo, sino las de los mismos activistas profesionales de siempre: ONGs financiadas desde el extranjero, académicos de escritorio y promotores de un indigenismo fosilizado que han hecho de la victimización un modo de vida y de la pobreza una bandera rentable.
CONTRA EL PROGRESO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
Los recursos legales ya fueron interpuestos y desechados. Pero el activismo no descansa: saben que aunque la obra avance, podrán mantenerse vigentes como oposición moral perpetua. Lo hicieron con las hidroeléctricas, con parques eólicos. Siempre en nombre del pueblo. Nunca en consulta real con el pueblo.
Mientras tanto, el gobierno alimenta la farsa con discursos de “decolonización”, sin notar —o sin querer notar— que es esa narrativa la que mantiene a regiones como Chiapas ancladas en el subdesarrollo. El resultado es un oxímoron cruel: se exige modernidad sin tocar la tradición, se demanda bienestar sin alterar las formas de vida supuestamente sagradas, y se condena toda inversión como si fuera pecado.
EL DERECHO DE DECIR NO A TODO
La paradoja es grotesca: quienes afirman hablar por los pueblos originarios terminan por condenarlos al aislamiento. Quieren que todo pase por su autorización, como si un puñado de activistas y burócratas con apellido compuesto fueran los únicos legítimos para decidir qué puede o no hacerse en territorios que, por cierto, nadie les ha escriturado.
Ya no se trata de proteger el entorno ni los derechos humanos. Se trata de imponer una visión que dice “no” a todo: a las carreteras, a la energía, al turismo, al comercio. Una visión que empodera al minúsculo grupo que vive de los foros, los amparos y los litigios, mientras las comunidades que dicen representar siguen sin agua potable, sin servicios médicos y sin caminos dignos.
UNA NUEVA FORMA DE DEPREDACIÓN
Estos guardianes de la tierra no solo bloquean el desarrollo, lo parasitan. Porque no viven como los pueblos que dicen defender. No cultivan, no comercian, no caminan horas para llegar a la escuela más cercana. Ellos viajan a foros internacionales a denunciar el “etnocidio” que significaría construir un camino pavimentado. No hay mayor hipocresía que esa.
Y no, no son las empresas ni el Estado quienes se han vuelto los principales depredadores. Son estos activistas del atraso quienes han convertido el discurso decolonial en una trampa mortal: mantienen a los pueblos en una burbuja romántica que los excluye del siglo XXI. Si alguien los explota, son ellos mismos.
LA JORNADA Y EL ALTAVOZ OFICIAL
Y por si hiciera falta amplificar esa narrativa, ahí está La Jornada, el periódico favorito del régimen, convertido en órgano oficial de difusión de estos discursos. No es casualidad: es el principal beneficiario del presupuesto federal para propaganda y comunicación. Gracias a sus notas, estos activistas tienen micrófono. Sin ese altavoz, sus proclamas no pasarían de una asamblea universitaria o de una cartulina en una marcha. Pero con el respaldo mediático, sus argumentos —por más disparatados que sean— adquieren el peso artificial de la “lucha legítima”. Así se fabrica el consentimiento y se sabotea, una vez más, cualquier intento serio de desarrollo.
¿QUIÉN DECIDE POR QUIÉN?
Ha llegado el momento de hacer una pregunta incómoda pero urgente: ¿de verdad estos voceros hablan por todos? ¿O son solo una minoría que se arroga la representatividad de comunidades que, en realidad, quieren progreso, servicios, caminos, internet, empleo? La democracia no puede reducirse al veto de unos cuantos iluminados. El derecho a decidir también implica el derecho a elegir el desarrollo.
Chiapas no puede seguir secuestrado por el chantaje identitario. La dignidad indígena no se defiende impidiendo que llegue el progreso. Se defiende con educación, salud, caminos y empleo. Y para eso, a veces, hay que construir una carretera. Aunque a los dueños del atraso no les guste.
