A la deriva
El discurso oficial presume con bombo y platillo la posible llegada de inversiones nacionales e incluso extranjeras a Chiapas. Se habla de parques industriales, de la terminal de carga en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, de polos de desarrollo en Tapachula, Arriaga y Tuxtla, y de incentivos fiscales que presumiblemente atraerán capital foráneo. Incluso del Tren Maya, que ha quedado a deber mucho más de lo que ha detonado el desarrollo del sureste.
La narrativa suena ambiciosa, como si se tratara del gran motor que transformará la economía estatal. Pero hasta ahora no hay más que expectativas: la infraestructura necesaria para que estas zonas funcionen como verdaderos polos de atracción tomará tiempo en construirse y no hay garantías de que los beneficios lleguen pronto a la población.
INFORMALIDAD
Más allá de esos anuncios, no existe una política clara, ni mucho menos sostenida, para incentivar el empleo o el autoempleo a pequeña o mediana escala. El gobierno apuesta casi exclusivamente por la inversión empresarial, olvidando que la base de la economía en Chiapas son las micro y pequeñas unidades productivas, la mayoría atrapadas en la informalidad. Según datos del INEGI, más del 76% de la población ocupada en Chiapas trabaja en condiciones informales, y cerca del 30% lo hace en el sector informal puro. En otras palabras, tres de cada cuatro chiapanecos viven al margen de la formalidad, sin acceso a seguridad social ni estabilidad laboral, y con los salarios más precarios del país.
EL COSTO DE LA LEGALIDAD
La paradoja es evidente: al tiempo que se tolera —y hasta se normaliza— la informalidad, los negocios que deciden cumplir con la ley enfrentan un vía crucis de trámites, permisos, inspecciones y mordidas para poder operar. Siendo así, resulta más fácil instalar un puesto improvisado en la calle que abrir un negocio formal. El costo de la legalidad recae sobre los pocos que lo intentan, mientras la burocracia se engorda de trámites inútiles, y la Secretaría de Economía opera con muy poco presupuesto y sin presencia real en el territorio.
POTENCIAL DESAPROVECHADO
Ese tipo de inversiones futuras, además, pueden acentuar la desigualdad social, aumentando la brecha entre los más pobres y el capital extractivo. Chiapas tiene un enorme potencial agrícola —su producción en 2023 fue de más de 23 mil millones de pesos, equivalente al 2.5% del valor agrícola nacional—, pero la mayor parte de los pequeños productores carece de acceso a financiamiento, cadenas de valor o infraestructura para competir en igualdad de condiciones. También es una tierra turística: hasta abril de 2025 llegaron más de 3.1 millones de visitantes, de los cuales casi 600 mil fueron extranjeros. Sin embargo, los servicios turísticos siguen concentrados en pocos destinos, con poca integración regional y bajo aprovechamiento del patrimonio cultural y natural, que permanece descuidado.
DEPENDENCIA Y CÍRCULO VICIOSO
La economía chiapaneca, en realidad, subsiste gracias al gasto gubernamental en subsidios, la burocracia y las remesas, mismas que generan un circulante que mantiene vivos a los comercios, pero que no son producto de la generación de riqueza. Vivimos en un estado de coma que sobrevive gracias a las transfusiones presupuestales. Esto explica por qué el gran empleador en el estado sigue siendo el propio gobierno y no las empresas, y por qué la dependencia se perpetúa en lugar de romperse.
La consecuencia es una economía local atrapada en un círculo vicioso. Las familias sobreviven más de transferencias públicas que de empleos productivos, y quienes concentran el poder adquisitivo son los burócratas y el magisterio, no tanto el comercio que depende de su gasto. El campo, por su parte, sigue sin políticas eficaces para incentivar la inversión, la industrialización y la comercialización de productos, salvo esfuerzos aislados que no mueven la aguja del desarrollo.
FALTA UNA POLÍTICA DE ESTADO
Lo que falta no son discursos grandilocuentes, sino una estrategia integral que parta de lo esencial: simplificar la tramitología, digitalizar los servicios públicos, dar acceso real al financiamiento, reducir la carga regulatoria, acompañar a los emprendedores con asistencia técnica y crear un entorno competitivo donde ser formal no sea un castigo, sino un incentivo. Aquí es donde debe aparecer la visión de Estado, esa que trasciende ocurrencias sexenales y que realmente articule los sectores productivos con infraestructura, financiamiento y educación técnica. Una política de Estado no puede depender del humor del gobernante en turno ni de proyectos aislados: debe ser el resultado de una integración que dé certeza, continuidad y rumbo al desarrollo económico. De lo contrario, seguiremos condenados a la improvisación y a la eterna promesa de un futuro que nunca llega.
VISIÓN POLÍTICA VS. ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
Es positivo que al frente de la Secretaría de Economía se encuentre un joven empresario, con la energía y la visión de quien conoce la iniciativa privada. Sin embargo, su enorme déficit es la insuficiencia presupuestaria, sus márgenes de maniobra y su inexperiencia política. Esos factores son necesarios para ejercer responsabilidades públicas: no se trata de administrar una empresa, sino de conducir políticamente las acciones de gobierno, que exigen negociación, sensibilidad y visión de Estado.
Lo mismo ocurre en distintos sectores y ámbitos del gobierno. Falta transversalidad, integración de políticas públicas, es decir, estar en sintonía. Si la presente administración quiere dejar huella y trascender, no puede darse el lujo de improvisar en cargos públicos o, peor aún, que muchos funcionarios aún estén en la curva de aprendizaje. No hay tiempo para eso, porque no hay tiempo que perder. De seguir así, lo único que se va a perder es la oportunidad de cambiar el destino de Chiapas. Y para eso no basta la voluntad política, si el capitán del equipo —como se aprecia— está jugando solo.
