A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Basta

Para entender la magnitud del debate conviene empezar por lo básico. Quienes defienden el concepto de “infancias trans” sostienen que un niño o una niña puede identificarse con un género distinto a su sexo biológico desde edades muy tempranas y que esa autopercepción debe ser reconocida, validada y acompañada social, educativa y, en algunos casos, médicamente. Bajo esta lógica, el género es una vivencia interna que puede manifestarse incluso antes de que el menor tenga un desarrollo cognitivo pleno, y cualquier cuestionamiento a esa idea es interpretado como negación de derechos o discriminación.
A partir de ahí, el conflicto no es menor.

No es casualidad que el debate haya estallado tras el rechazo explícito del gobernador de Jalisco a institucionalizar esta narrativa desde el poder público. Su postura no fue un exabrupto ni una provocación gratuita: fue un acto de contención institucional frente a una agenda que ha avanzado sin frenos, sin matices y sin la prudencia que exige la infancia.

En tiempos donde muchos gobernantes prefieren el silencio cómodo o el aplauso ideológico, decir “no” se ha vuelto casi un acto de rebeldía. Pero gobernar no consiste en seguir consignas, sino en proteger el interés superior del menor, incluso cuando eso implica enfrentarse al progresismo militante y a la cultura de la cancelación.

CUANDO EL PROGRESISMO SE CONVIERTE EN DOGMA

Lo que hoy se presenta como progreso ha mutado en dogma moral. La cultura woke ya no discute: sentencia. Ya no persuade: impone. Y quien duda, quien pide evidencia o quien simplemente propone cautela es rápidamente etiquetado como retrógrada, fóbico o enemigo del bien.

El caso de las infancias trans es el ejemplo más extremo de esta deriva. No estamos hablando de respetar a los adultos en su vida privada, sino de intervenir ideológicamente en la infancia, fijando identidades, sembrando incertidumbre y empujando decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. Llamar libertad a eso es, cuando menos, una grave distorsión del lenguaje.

LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO TRINCHERA IDEOLÓGICA

A este fenómeno se suma un elemento inquietante: la nueva agenda adoctrinadora en la educación pública. Bajo la bandera de la inclusión se introducen contenidos que dejan de formar pensamiento crítico para moldear conciencias desde edades tempranas. La escuela, que debería transmitir conocimientos, lógica, ciencia y civismo, se ha convertido en campo de batalla ideológica. La biología se relativiza, la duda se penaliza y el maestro deja de educar para convertirse en agente de una causa. No se enseña a pensar; se enseña qué pensar.

En este contexto, la postura del gobernador de Jalisco adquiere un peso mayor: no es un rechazo aislado, es una línea de defensa frente a un Estado que ya no educa, sino que pretende reprogramar.

DEL PROGRESO AL AUTORITARISMO MORAL

Paradójicamente, el progresismo que dice combatir la opresión ha terminado construyendo una nueva inquisición moral. Una en la que disentir es pecado, la biología resulta ofensiva y la prudencia se confunde con odio.

Así, el progresismo deja de ser una corriente política para convertirse en una religión secular, con dogmas incuestionables y castigos simbólicos para quien se atreva a salirse del guion.

EL RESURGIMIENTO CONSERVADOR NO ES UNA CASUALIDAD

Ante este panorama, no resulta extraño el resurgimiento de un conservadurismo que apuesta por conservar las tradiciones, los valores y los principios que dieron origen a nuestra cultura.

No se trata de nostalgia ni de cerrazón, sino de una reacción defensiva frente a un proyecto que busca desdibujar límites esenciales en nombre de una modernidad mal entendida.

Familia, responsabilidad adulta, protección de la infancia, educación sin adoctrinamiento y respeto a la realidad biológica no son ideas extremas. Son los cimientos mínimos de cualquier sociedad que aspire a tener futuro.

BASTA, ANTES DE NORMALIZAR EL ABUSO IDEOLÓGICO

Decir basta no es odiar. Decir basta no es excluir. Decir basta es poner un alto a los excesos antes de que se normalice lo que nunca debió ser política pública. La infancia no es laboratorio social. La escuela no es trinchera ideológica. Y el Estado no está para imponer verdades morales absolutas.

El gobernador de Jalisco lo entendió y actuó en consecuencia. Ojalá otros se atrevan a hacerlo.

Porque cuando el poder deja de poner límites, lo que sigue no es progreso: es abuso disfrazado de virtud.

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