Con todo
Los macabros hallazgos ocurridos recientemente en la capital tuxteca, así como el sospechoso robo —con todo y comando— en una vivienda residencial, no tienen otro propósito que el de atemorizar a la población y presionar al Estado.
Son mensajes dirigidos, calculados. Buscan sembrar miedo justo cuando el gobierno empieza a cerrar espacios que durante años se dejaron abiertos por omisión, complacencia, complicidad o simple cobardía institucional.
CAPACIDAD PARA ENFRENTAR
Apenas la semana pasada, el gobernador Eduardo Ramírez planteó la iniciativa de dotar a las policías de armas de mayor calibre para enfrentar a los grupos criminales que ya las poseen desde hace tiempo. La reacción no se hizo esperar. No faltó quien, desde la comodidad de la crítica moral, acusara que Chiapas se estaba “bukelizando”, como si el verdadero problema no hubiera sido el gobierno anterior que normalizó la violencia y nos orilló a resignarnos a vivir entre ella.
DE FRENTE
Pero el gobernador no se quedó callado. Mandó un mensaje directo, sin eufemismos ni medias tintas: “Los tenemos arrinconados… por cada acción delictiva habrá una respuesta contundente del Estado… se van a topar con pared”. No es retórica: es advertencia.
La Operación Hostigamiento contra la delincuencia organizada se anunció sin rodeos: filtros de seguridad en todo el estado, retenes reforzados, presencia permanente y una decisión clara de no permitir que los grupos criminales trasladen su violencia a Tuxtla ni a ningún otro punto estratégico. “Aquí hay autoridad moral”, dijo el gobernador. Y en el contexto actual, esa frase pesa.
EL RUIDO Y LA CONFUSIÓN
Ante este escenario, como sociedad estamos obligados a reflexionar sobre la avalancha de información falsa que circula en redes sociales con un solo objetivo: desacreditar el esfuerzo de las autoridades en materia de seguridad. No es casual. El horno no está para bollos y este es el momento de definir si estamos del lado del Estado o del lado del caos disfrazado de crítica.
No se trata de aplaudir ciegamente, sino de entender que quienes hoy toman decisiones en seguridad se están literalmente jugando la vida. Criticar desde la tribuna virtual es fácil; enfrentar a grupos armados, no.
EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN
El problema de fondo sigue siendo la postura federal. Sin declarar formalmente la guerra, pero manteniendo en los hechos un mensaje hacia los criminales que ha sido de tolerancia. Esa ambigüedad convirtió la violencia en una metástasis que se extendió por todo el país. El resultado está a la vista: regiones completas dominadas por el crimen, economías locales asfixiadas y ciudadanos abandonados a su suerte.
EL EJEMPLO INCÓMODO
Ahí está el caso de Nayib Bukele, presidente de un país más pequeño que Chiapas, que tuvo que recurrir a la mano dura para desmontar estructuras criminales que tenían secuestrada a su sociedad.
En menos de dos años logró lo que muchos consideraban imposible. No se tentó el corazón frente a quienes durante años asesinaron, extorsionaron y sembraron terror.
Y, como siempre, aparecieron los organismos de derechos humanos: ausentes cuando las víctimas pedían auxilio, puntuales cuando los delincuentes se convirtieron en sus nuevos clientes. Esa hipocresía también debe decirse.
CERRAR FILAS
En este tema no hay espacio para la tibieza. Es momento de cerrar filas con nuestras autoridades por una razón elemental: sin Estado no hay sociedad posible. La paz no se construye con discursos bien intencionados, sino con autoridad, decisión y respaldo ciudadano.
Hoy Chiapas está en una encrucijada. O seguimos normalizando el miedo, o respaldamos —con responsabilidad— a quienes decidieron enfrentarlo. Aquí no hay neutralidad posible.
