Del pueblo al ciudadano
Hay una diferencia profunda entre ser pueblo y ser ciudadanía. No es semántica. Es civilizatoria.
El pueblo es una categoría emocional. La ciudadanía es una categoría jurídica.
El pueblo es invocado en discursos. El ciudadano comparece ante la ley.
Desde el absolutismo de Luis XIV de Francia, sintetizado en la frase “El Estado soy yo”, el poder ha intentado encarnar a la nación en una sola voluntad. Aquella lógica no desapareció con las monarquías. Mutó.
Hoy, en muchos regímenes de corte populista, la clase gobernante se asume intérprete exclusivo del pueblo. Habla por él. Decide por él. Define quién pertenece y quién no. Y todo el que disiente deja de ser pueblo para convertirse en adversario moral.
En experiencias como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el mecanismo ha sido evidente: el gobierno no administra; encarna. No representa; personifica. No gobierna; interpreta la historia.
En ese esquema, hablar de derechos individuales resulta incómodo. Invocar la división de poderes parece un gesto elitista. Exigir rendición de cuentas se interpreta como traición.
¿Por qué? Porque el ciudadano es un límite. El pueblo es una fuerza.
El ciudadano tiene derechos exigibles. Puede acudir a tribunales. Puede cuestionar decisiones, puede invocar la Constitución. Está protegido por un marco legal que no depende del entusiasmo colectivo.
El pueblo, en cambio, es una narrativa. Puede movilizarse, pero no necesariamente institucionalizarse. Puede aclamar, pero no siempre fiscalizar.
En México, donde formalmente subsisten elecciones y contrapesos, el lenguaje político reciente ha insistido en que “el pueblo manda”. Sin embargo, en una república no manda una emoción colectiva; manda la Constitución. Y esa Constitución reconoce ciudadanos, no masas.
Cuando el poder se presenta como voz exclusiva del pueblo, desplaza el eje del debate: ya no importa si una política es legal o eficaz; importa si está alineada con la voluntad popular proclamada desde el gobierno.
Ahí comienza la erosión.
Porque el tránsito de pueblo a ciudadanía fue uno de los grandes logros de la modernidad política. Significó pasar de súbditos a sujetos de derechos, de obedecer a participar, de aclamar al monarca a limitar al gobernante. El pueblo puede ser invocado, la ciudadanía debe ser respetada.
Y cuando un régimen fustiga al ciudadano que habla de derechos y obligaciones, no está defendiendo al pueblo: está temiendo a la ley. Ahí se define la diferencia.
