La Secretaria de Gobernación (Segob) no ha informado cuál es el proceso para solicitar este beneficio ni cuál es la documentación que se debe presentar, lo que deja en la incertidumbre e inseguridad jurídica a las personas
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México. A más de tres meses de que se expidió la Ley de Amnistía, la Secretaria de Gobernación (Segob) no ha informado cuál es el proceso para solicitar este beneficio ni cuál es la documentación que se debe presentar, lo que deja en la incertidumbre e inseguridad jurídica a las personas, afirmaron abogadas de organizaciones civiles.
El pasado 22 de abril se publicó el decreto de ley y el 18 de junio se publicó el acuerdo para crear la Comisión de Amnistía; sin embargo, al no saber cuáles son los lineamientos para pedir y obtener el beneficio, el pasado 14 de julio la organización «Equis Justicia para las Mujeres» presentó una demanda de amparo en el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual tampoco ha sido resuelto.
Mientras esto sucede, hay mujeres que permanecen injustamente en prisión. Ejemplo de ello es una mujer zapoteca de 35 años de edad, quien se encuentra encarcelada en el Reclusorio Femenil de Tanivet, en el estado de Oaxaca; ella se dedicaba a la costura y a cuidar de su madre, mujer indígena que no puede ver.
Esta mujer fue detenida cuando transportaba un paquete de droga en un camión de pasajeros que se dirigía a la Ciudad de México. No sabía qué era lo que llevaba pero aceptó hacer el encargo luego de que una persona le pagó dos mil pesos. Este es un caso representativo por sus condiciones de vulnerabilidad, dijo la abogada Viridiana Valgañón.
En conferencia de prensa virtual, la integrante del área de Litigio de la organización «Equis, Justicia para las Mujeres», expuso que esta mujer fue sentenciada por un juez federal a 6 años y 6 meses de prisión, aun cuando en el delito de transporte de droga no hubo armas, violencia ni una víctima identificada. Mientras tanto, la madre de la joven sigue imposibilitada para valerse por sí misma.
La organización consideró hacer uso de la Ley de Amnistía y el 1 de julio presentó la solicitud ante el edificio de la Segob, en la Ciudad de México. Desde entonces ha pasado un mes sin respuesta y espera que en el plazo de máximo tres meses más, como lo marca la ley, tengan una resolución. Sin embargo, la abogada expuso que al no existir pautas sobre las solicitudes, han enfrentado diversos obstáculos.
Por ejemplo, señaló que en otros casos, quienes reciben la solicitud les han pedido que también lleven una copia del expediente para que la Comisión de Amnistía tenga elementos suficientes para valorar el caso. Esta solicitud representa un problema porque no todas las personas tienen en su poder esos documentos, en físico o en digital, o ni siquiera tienen contacto con sus defensores legales ni con personas del exterior.
Valgañon mencionó que una dificultad es que las mujeres no tengan contacto con personas del exterior, porque si bien lo pueden hacer por medio de llamadas telefónicas eso implica un costo dentro de la prisión; además, para las que están en los estados, enviar su documentos a la Ciudad de México también significa desembolsar dinero para hacer el envío.
En junio, la Segob instaló la Comisión de Amnistía, la cual preside, e informó que el proceso es totalmente gratuito y no es necesario contar con una defensa. «La solicitud debe ser enviada al correo electrónico amnistia@segob.gob.mx o por correspondencia a General Prim No. 21, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México», informó en un boletín de prensa.
Sobre esta decisión, la abogada destacó que aunque se considere el correo electrónico, el problema es que la autoridad no responda informando si recibió la solicitud. Por tanto, seguir sin saber cuál es el proceso a seguir para obtener el beneficio, es falta de certeza para las personas privadas de la libertad, quienes no deberían esperar un minuto más encarceladas.
A su vez, la abogada Nohemi Juárez Gil, del área de Litigio de la organización «Documenta», expuso que después de que la Comisión de Amnistía reciba los casos y los estudie, la ley indica que quienes deben avalar la libertad deben ser los jueces. Con esta información y sin conocer los pasos a seguir en un proceso de solicitud, «Documenta» también presentó una petición el pasado 1 de julio.
En el caso de esta organización, la solicitud se hizo por correo electrónico y obtuvieron un acuse de recibido hasta el 20 de julio. La abogada precisó que en el correo les pidieron la sentencia y las pruebas del caso. Se trata de un joven de 18 años de edad que el 25 de junio trató de cruzar de México a Estados Unidos en un auto con mentafetaminas; sin embargo, él no sabía que transportaba drogas.
El joven fue sentenciado a 46 meses de prisión, es decir 3 años y 10 meses, en Estados Unidos, y después fue extraditado a México, donde permanece en el Cefereso número 8. Él como otras personas no tiene certeza jurídica de si su caso avanzará.
Además, la directora ejecutiva de «Documenta», María Sirvent, criticó la falta de datos sobre las pre-liberaciones ni sobre los contagios y decesos por COVID-19 en las prisiones y la falta de artículos de limpieza e higiene en estos centros; mientras que la directora ejecutiva de Equis, Ana Pecova, agregó que la crisis en las prisiones ya era grave antes de la pandemia, con problemas como hacinamiento y personas sin sentencia, entre otras condiciones.