Regidores y síndica ya habían advertido sobre la situación financiera del ayuntamiento y denunciaron que la intención del alcalde, el tesorero y el jurídico era darle «largas» a la autoridad federal y no saldar el compromiso con diversos proveedores, a pesar que la integridad y la autonomía del cabildo estuviera de por medio
Julieth Rodríguez/Portavoz
Tal como se advirtió en la edición 112 de Portavoz, del pasado 14 de marzo, el impago de más de un millón de pesos por un juicio mercantil ante instancias federales que enfrenta el Ayuntamiento de Cintalapa, llevó a la aplicación de medidas de apremio por parte de autoridades federales contra el presidente municipal Enrique Arreola Moguel, de extracción priista.
El hecho fue confirmado ayer mismo por una fuente interna, quien además reveló que la orden federal que cumplían los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), también contemplaba ejecutar la acción sobre la figura de los regidores, tal como se lee en el extracto de documento que fue filtrado a la prensa y que circuló por redes sociales.
Las medidas de apremio se dispusieron en cumplimiento de la «ejecutoria emitida en el juicio de amparo 1203/2016 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas».
Se notifica también que esa instancia requirió en múltiples ocasiones el cumplimiento de las prestaciones (el adeudo); no obstante, el demandado —el Ayuntamiento cintalapaneco— mantuvo su obstinación de manera sistemática y reiterada para no saldar el monto, a pesar que el Tribunal Federal procuró y presionó por un «eficaz cumplimiento a tales prestaciones».
Además, se hace del conocimiento del Cabildo, integrado por el edil, así como por las y los regidores José Ramírez Roque (primer), Concepción Díaz Pérez (segunda), Pedro Morales Vázquez (tercero), Alma Leonot Chávez Jabalera (cuarta), Gilbert Ameth Cruz Gálvez (quinto), Rubí Díaz Ovando (sexta); y los plurinominales Juan Velázquez Coutiño, Elizabeth Palacios Santiago, Magnolia Arias Palacios y Jezika Cruz Morales, que si el juzgador estima que su conducta puede ser constitutiva de un delito, dará parte al Ministerio Público competente.
La deuda que mantiene el Ayuntamiento de Cintalapa es con la Distribuidora Calli Materiales S. A. de C. V., según consta dentro del juicio ordinario mercantil 104/2016; la cifra original a saldar era de 300 mil pesos pero ahora se le suman los intereses generados.
No obstante, el delito por el que se aprehendió al alcalde fue por el desacato a la ley, lo que debe compensarse con un arresto de 36 horas, tiempo que permanecería en la delegación estatal de la PGR, cuyas instalaciones están ubicadas en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.
Tras cumplirse ese plazo y de haber un acercamiento entre el quejoso y el demandado, el juez federal que lleva el caso tiene la determinación para suspender la orden judicial; de no ser así, el proceso penal continuaría.
La parte quejosa
La Distribuidora Calli Materiales S. A. de C. V. es una proveedora para la construcción con sede en Jiquipilas, una ciudad a casi 10 kilómetros de distancia de Cintalapa. El Ayuntamiento de Cintalapa la eligió, mediante proceso de licitación, para la adquisición de insumos.
Según el acta de fallo del proceso de licitación, generado por la Coordinación de Adquisiciones del Ayuntamiento cintalapaneco 2008-2010, y que obra en poder de Portavoz, este concurso fue restringido a tres personas a fin de obtener materiales para el Programa de Mejoramiento de Vivienda, «con recursos del FISM-FONAPO 2008» (sic).
De los que respondieron a la convocatoria: Bodegas CMC S.A, Comercializadora de Materiales S.A. de C.V. y Distribuidora Calli Materiales S. A. de C. V., la última presentó un presupuesto con monto más económico, cumplía los requisitos contenidos en las bases de licitación, además que ofrecía «calidad, garantía en tiempo de entrega, tiempo para el pago y disponibilidad».
Por ello, a esa empresa se le dictaminó como «licitante solvente», «atendiendo lo estipulado en el artículo 38 de la Ley en la materia y toda vez que se ha analizado de manera puntual cada una de las características físicas, técnicas y rentabilidad de lo solicitado».
Según la descripción contenida en la misma acta, el Ayuntamiento cintalapaneco pedía cemento gris, calhidra, polines monten, láminas de fibrocemento, birlos y malla. Para su adquisición se había autorizado un importe de 245 mil 392 pesos.
Para ratificar el documento, firmaron al calce el entonces edil de Cintalapa, Alexander Trinidad Vázquez, el síndico municipal Ernesto Cruz Cruz, el cuarto regidor Epifanio Cortez Espinosa, la primera regidora Anahí Hernández Hernández, y como representante de la Coordinación Jurídica, María Enriqueta Maza García.
Los recursos que presuntamente debieron cubrir este gasto, se etiquetaron en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fism) y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), ambos, de índole federal. El primero es una subdivisión de las aportaciones del denominado Ramo 33.
Se le advirtió
De ahí, se confirma que las demandas de tipo mercantil contra el Ayuntamiento de Cintalapa se originaron por malas acciones de las administraciones pasadas. Los casos han sido tan desatendidos que los demandantes acudieron a las autoridades federales, las que emitieron una sentencia a su favor y requieren el pago.
En una entrevista otorgada en marzo pasado a Portavoz, parte del cabildo cintalapaneco: la síndica municipal, Lilia Guadalupe Natarén Gómez; así como sus compañeros regidores Concepción Díaz Pérez, Magnolia Arias Palacios, Elizabeth Palacios Santiago y Gilbert Ameth Cruz Gálvez, dieron cuenta de la verdadera situación financiera de esta administración.
A pesar de los múltiples requerimientos, aseveraron, la intención del presidente municipal, el tesorero Miller Alfaro Salinas y el director jurídico José Alberto Mendoza Coutiño era darle «largas» a la autoridad y no saldar el compromiso que ascendía a más de un millón de pesos con diversos proveedores, a pesar que la integridad y la libertad del cabildo estuviera de por medio.
En esa ocasión, la regidora Magnolia Arias Palacios —quien además es abogada—, explicó que las demandas tanto laborales como mercantiles de otras administraciones han recaído en ésta. Como consecuencia, hubo una primera orden de apremio corporal en contra de la representante jurídica del Ayuntamiento, la síndica Lilia Guadalupe Natarén Gómez, pues se había incumplido en un primer pago.
Por esas fechas, recién habían tomado posesión de sus cargos en el Cabildo así que bajo la promesa de que se trabajaría en concordia y se pagaría en cuanto fuera posible, ella no hizo pública la situación y aceptó pagar las medidas de apremio.
«El tesorero y el jurídico se comprometen a hacer el pago en febrero de 2017; pasa la fecha, el abogado representante de los demandantes no ve claro, estaba llegando al Ayuntamiento y no le dieron importancia», añadió Arias Palacios.
Por su parte, Natarén refirió: «No sé por qué el jurídico pretende darle más largas cuando a nosotros, como Ayuntamiento, nos perjudica porque los intereses se están devengando».
Ante el compromiso adquirido de pronto pago, se le envió al Ayuntamiento la notificación que tenía cinco días posteriores para acatar; si no lo hacían, las autoridades federales requerirían la presentación del Cabildo completo para saldar las 36 horas de apremio, tal como ya sucedió.
Los denunciantes consideraron injusto que por la omisión del presidente municipal de Cintalapa, los demás miembros del Cabildo afronten medidas legales, más la única salida es saldar el monto sin más dilaciones. Asimismo, reiteraron su preocupación por las represalias que el edil y sus allegados pudieran poner en marcha en su contra, por lo que los responsabilizaron de cualquier daño o menoscabo que pudieran sufrir tanto ellos, como familiares, personas cercanas y patrimonio.
Acarreo político
Hace unos días, el presidente cintalapaneco Enrique Arreola Moguel también se vio envuelto en la polémica que rodeó al senador priista Roberto Albores Gleason debido al acarreo de personas, en su mayoría beneficiarias de «Prospera», y el ataque a un par de periodistas, durante la rendición de su informe en el Estadio Zoque «Víctor Manuel Reyna».
Al edil se le señaló en los medios informativos locales de haber movilizado a más de 2 mil personas hasta la ciudad capital, con motivo del evento de Gleason. Un día después del informe, el mismo senador federal se refiere a Arreola como «hermano» en un video difundido por redes sociales; asimismo, consideró al alcalde como «un presidente y un guía, de los mejores del estado gestionando».
«Estamos trabajando fuerte, por Cintalapa, vamos a redoblar el paso, vamos a trabajar más fuerte; a ustedes me debo, ustedes hoy me fortalecieron (…) Les quiero hoy agradecer de todo corazón sus desveladas, las horas sin dormir, el sudor, el calor, llevar a sus amigos y amigas al informe ciudadano», expresó el político priista.
