La magistrada del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, afirmó en un acto público la semana pasada que «el avance del feminismo amenaza la preponderancia masculina de la política» y advirtió que a mayor participación de las mujeres, mayor violencia
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México. A un año de la entrada en vigor de la reforma en materia de violencia política de género y en medio del proceso electoral más grande de México, la violencia contra las mujeres que aspiran a un cargo de elección sigue presente: 46 candidatas han sido agredidas o amenazadas y dos fueron asesinadas, según datos oficiales.
En la conferencia mañanera de este viernes 9 de abril, a unos días del primer aniversario de esta reforma, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez Velázquez, informó que desde marzo, cuando se anunció la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, se han atendido 117 aspirantes, candidatas o candidatos amenazados o agredidos. De estos casos, 71 son hombres y 46 mujeres.
La funcionaria detalló que se han registrado 103 eventos violentos, algunos que involucran a más de un aspirante. En 60 de estos casos se abrieron carpetas de investigación. En contraste, el indicador de violencia política de Etellekt Consultores, muestra que de septiembre de 2020 a marzo de 2021, fueron agredidas 52 mujeres de la política, entre aspirantes a cargos, funcionarias o militantes, y nueve fueron asesinadas. Aunque no todas las víctimas de este registro competían por un cargo de elección.
En este contexto, en el actual proceso electoral que comenzó en septiembre pasado, por primera vez se aplican las reglas en materia de violencia política, que entre otras disposiciones preve medidas de protección para víctimas de violencia. Pese a ello, este año han sido asesinadas dos mujeres que buscaban participar en la contienda: Ivonne Gallegos CarreÑo, en el estado de Oaxaca, y Carla Enríquez Merlín, en el estado de Veracruz.
Dos precandidatas asesinadas
La violencia contra mujeres que aspiran a ejercer cargos de elección no es nueva. Cuatro años antes de las reformas en la materia, el 2 de enero de 2016 una noticia causó revuelo nacional: La alcaldesa del municipio de Temixco, en el estado de Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, quien era integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue asesinada ese sábado, justo un día después de asumir el cargo que ganó en las urnas.
El crimen de la política encendió las alertas y se sumó a los 38 casos de violencia política que se registraron durante el proceso electoral de 2015, en el que 17 entidades celebraron comicios, según información del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Cuatro años después del crimen hubo consenso en la Cámara de Diputados y en el Senado para aprobar una reforma para atender esta violencia.
En la reforma se definió la violencia política de género como delito, se estableció un catálogo de conductas violentas y de sanciones administrativas y penales; y se facultó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Organismos Públicos Locales Electorales y a los órganos jurisdiccionales electorales para tomar acciones preventivas.
A pesar de los cambios a ocho leyes electorales y administrativas, el 15 de febrero de este año fueron asesinadas la exalcaldesa priista de Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, Gladys Merlín Castro, y su hija Carla Enríquez Merlín, quien de acuerdo con medios locales aspiraba a conseguir el apoyo de Morena para obtener una candidatura para ocupar la presidencia municipal de Cosoleacaque.
El viernes 9 de abril la secretaria de Seguridad a nivel federal, Rosa Icela Rodriguez Velázquez expuso que en este caso hay dos personas vinculadas a proceso penal; también hay otras órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de tres millones de joyas y relojería.
Unos días después del doble crimen, el 20 de marzo, fue asesinada Ivonne Gallegos CarreÑo, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca. Según medios locales la política fue invitada por la alianza «Va por Oaxaca», integrada por PRI, PAN y PRD para participar en el proceso electoral, pero ella analizaba ser candidata independiente.
En el caso de Gallegos CarreÑo, previo al crimen ella acudió al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) a interponer una denuncia por violencia política. Apenas este 8 de abril, el fiscal General del estado, Arturo Peimbert Calvo, informó sin mayores detalles que las investigaciones por este homicidio tiene avances y trabaja en tres líneas de investigación. De acuerdo con la consultora Etellekt, el asesinato de la aspirante a la alcaldía fue el primer caso registrado en el estado de Oaxaca en este ciclo electoral.
A mayor participación, mayor violencia
En el actual proceso electoral para elegir 21 mil cargos en todo el país, las mujeres participan masivamente debido a que todos los partidos políticos estuvieron obligados a reservar la mitad de sus candidaturas para mujeres. Al respecto, la magistrada del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, afirmó en un acto público la semana pasada que «el avance del feminismo amenaza la preponderancia masculina de la política» y advirtió que a mayor participación de las mujeres, mayor violencia.
Al vislumbrar esta situación, que también es motivo de preocupación de las redes de mujeres, las autoridades electorales han tomado medidas, por ejemplo, emitieron una guía para atender denuncias en materia de violencia política, elaboraron un «violentómetro» y crearon un Registro Nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género (que a la fecha incluye 18 hombres y cinco mujeres), para evidenciar a los agresores y negarles candidaturas en casos de buscaran una postulación.
A nivel federal, en diciembre de 2020 el INE promovió el Manifiesto Nacional de los Partidos Políticos por una Democracia Paritario y Libre de Violencia de Género, documento firmado por los líderes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PR), Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas(RSP) y Fuerza Social por México.
Este acuerdo incluyó cinco principios, entre ellos cumplir con la paridad y las reglas electorales relacionadas, pero el más importante fue el compromiso de promover con un enfoque de género y Derechos Humanos políticas de prevención, atención y sanción a través de protocolos y mecanismos especializados en violencia política por razón de género contra las mujeres, dirigidos a eliminar las causas estructurales que generan y toleran esta violencia.
En ese momento, la consejera electoral del INE, Carla Humphrey Jordan, expuso que la la participación cada vez más paritaria y activa de las mujeres en espacios públicos, donde las relaciones desiguales de poder han sido la constante, genera una escalada de nuevas formas de exclusión y violencia de género para limitar a su mínima expresión las posibilidades de participación y empoderamiento femenino.
Recientemente, la magistrada Otálora Malassis expuso que es fundamental la democratización de los partidos políticos para garantizar que las mujeres accedan al poder, libres de violencia.
Reforma que tardó ocho años
Mientras el Congreso mexicano debatía las reformas, las definiciones, sanciones y conductas a atender, los casos de amenazas y asesinatos contra mujeres de la política se fueron acumulando. Por ejemplo, en marzo de 2015 fue secuestrada y asesinada Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero.
Después, en el proceso electoral de 2018 aumentaron los crímenes. En junio de ese año fue asesinada la regidora con licencia y aspirante a concejal por el PRI en el municipio de Juchitán, Oaxaca, Pamela Terán Pineda y también en junio de 2018 la candidata del PVEM a una diputación en Puebla, Juana Iraís Maldonado Infante, fue acribillada.
En 2018 también ocurrieron tres crímenes más: El 6 de mayo de ese año fue asesinada la candidata del PRD a regidora del municipio de Ignacio Zaragoza, en Chihuahua, Liliana García; el 25 de febrero fue asesinada en el municipio de Chilapa, en Guerrero, la precandidata del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce María Rebaja Pedro; y el 21 de enero fue asesinada la exregidora del municipio de Chilapa y precandidata a una diputación local el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma.
A estos casos se sumó el homicidio de la candidata a diputada local en Michoacán por el PVEM, Maribel Barajas, quien en abril de 2018 fue apuñalada y golpeada hasta la muerte. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía estatal, la candidata fue asesinada por una disputa personal.
Después de ocho años de negociaciones políticas, el 13 de abril de 2020 entró en vigor la reforma en materia de violencia política, una serie de cambios normativos para blindar las reformas constitucionales de paridad de 2014 y de 2019, gracias a las cuales más mujeres pueden competir por cargos de elección y de designación.
De acuerdo con la politóloga e integrante de la Red Mujeres en Plural, María Fernanda Rodríguez Calva, la política es un espacio dominado por los hombres: sus reglas, formas de operación y mecanismos coercitivos que perpetúan las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres. Para la analista las mujeres son violentadas por quebrantar las reglas existentes de la política.
Al presentar la investigación «Violencia de género contra las mujeres en política», este 8 de abril, Rodriguez Calva detalló que en la mayoría de las ocasiones, las expresiones de discriminación y sexismo son las que más se presentan en contraste con aquellas consideradas como «severas», como golpes o abuso sexual.
Es por esto que la reforma en materia de violencia política incluyó un catálogo de conductas considerada como acciones que limitan, anulan o menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres y estableció obligaciones para las autoridades electorales como emitir ordenes de protección para las víctimas.
Quejas ante el INE
La senadora Martha Lucía Micher Camarena, promotora de estas reformas desde el Congreso, expuso en un conversatorio virtual que las legisladoras estableceiron en la reforma que los actos de violencia pueden ser cometidos por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos; medios de comunicación e incluso por particulares.
Las expertas y defensoras de la participación política de las ciudadanas aseguran que si bien los asesinatos son formas extremas de violencia, hay otras conductas que también afectan los derechos de las mujeres, por ejemplo, ocultarles información para obstaculizar sus derechos, obstaculizar sus campañas, distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género o difamarlas, también con base en estereotipos de género, entre otras.
De acuerdo con información del INE, del 14 de abril de 2020 al 22 de marzo de 2021, ha recibido 55 quejas, denuncias o vistas en materia de violencia política de género, de las cuales en 41 casos se determinó la incompetencia porque las denuncias deben ser revisadas por autoridades locales o jurisdiccionales.
El organismo ha recibido quejas de mujeres que ostenta un cargo público, de presidentas municipales y militantes de partidos políticos. Entre las conductas denunciadas ante el INE están publicaciones en redes sociales, como Twitter y Facebook, donde se difunden expresiones de desprecio, desvalorización, menoscabo, violencia y vulneración a los derechos, ataques y expresiones denigrantes; pero también se han señalado expresiones en reuniones de cabildo o de trabajo en el que se les insulta o denigra a las mujeres.
A pesar de que estas acciones son un freno para la participación política de las mujeres, un análisis publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, y realizado por las investigadoras Lorena Vázquez Correa Martha Patricia Patiño Fierro, advierte que la reforma que entró en vigor hace un año hace explícita la obligación del Estado mexicano de no estar ausente en la prevención, sanción y erradicación de esta violencia.
