El caso de Miguel Ángel Rosette García es el primero documentado y aceptado por las dependencias señaladas
Bernardino Toscano
[dropcap]P[/dropcap]ese a que la recomendación por tortura se aceptó por el Gobierno del Estado de Chiapas, en actos en contra de Miguel Ángel Rosette García, aún no se ha cumplido a favor del afectado porque no se cuenta con los recursos suficientes para reparar los daños ocasionados tal y como lo marca la Ley General de Víctimas Contra la Tortura en la entidad chiapaneca.
Miguel Ángel Rosette García, primer caso documentado en Chiapas de tortura por parte de las policías de la Procuraduría General de Justicia y Seguridad Pública del Estado, demandó este fin de semana atender los puntos emitidos por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual aceptaron dichas dependencias del ejecutivo estatal.
En el 2011, Rosete García fue detenido e incomunicado por policías estatales y fue acusado de robo con violencia por parte de la familia Orantes Constanzo (familia muy poderosa e influyente en el estado), que de acuerdo con la recomendación CEDH/VGEAAM/004/2014R de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de fecha 22 de octubre del 2014, se inicien las averiguaciones previas correspondientes por el de tortura en contra de los servidores públicos involucrados en la tortura contra el joven acusado.
El fiscal especializado en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría de Justicia, Francisco Girón López, manifiesta en su escrito número DGOPIDDH/2519/2014 aceptar la recomendación, a la familia Rosette les informó que no cuentan con el presupuesto adecuado para hacer efectiva la recomendación.
Al igual, la Secretaría de Seguridad Pública mediante oficio SSPC/UPPDHAV/1018/2014 de fecha 12 de noviembre de 2014, a través del jefe de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Jesús Ernesto Molina Ramos, acepta la recomendación girada por la CEDH.
Sin embargo, no podrán cumplir con la ley de protección a víctimas debido a la falta de presupuesto, sólo podrán otorgarle ayuda sicológica dejando a un lado la reparación del daño moral y económico.
Un comentario
La Recomendación número CEDH/VGEAAM/004/2014R, pronunciada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, es pura simulación y disimulación, por las razones siguientes:
1.- La noticia de la aceptación gubernamental de la recomendación fue publicada a solo dos días de distancia, de la celebración del Día contra la Tortura, que cae el 10 de Diciembre del año 2014; así de manera aparente, con esta recomendación la CEDH, pretende cubrirse de gloria, aparentando que efectivamente estaría cumpliendo con su trabajo; así esta Recomendación es una resolución aislada para estar a la moda.
2.- Por otra parte, de manera cantinflesca y ambigua, el Fiscal Especializado en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, acepta la recomendación, pero informa a la familia Rosette, que no tiene dinero para hacer efectiva la recomendación. Lo cual es una burda maniobra paralegal, para burlar el cumplimiento de la recomendación.
Argumentar que esa dependencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, no tiene dinero para reparar el daño moral y económico sufrido por la víctima Miguel Ángel Rosette García, como lo ordena la Ley General de Víctimas, denota supina ignorancia del derecho y de su interpretación, y a su vez un gravísimo reconocimiento de que el Estado de Derecho en Chiapas es completamente inoperante y fallido; pues la labor de dicho fiscal “especializado”, es requerir al Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas o al Gobernador del Estado de Chiapas, para que le aporten y proporcionen los medios económicos suficientes para que se efectúe dicha reparación del daño, en base a estudios socio-económicos, psicológicos, psiquiátricos, médicos, entre otros a la víctima. Lo cual debería hacer dicho fiscal “especializado” de manera urgente, sin simulaciones, trampas, ni disimulaciones.
3.- Al parecer en la misma situación caótica se encontraría el Jefe de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Jesús Ernesto Molina Ramos, quien acepta la recomendación emitida por la CEDH de Chiapas, pero tampoco tiene dinero para nada.
Las vergonzosas respuestas oficiales implican que Chiapas es un Estado de Derecho Paria y sin dinero, y como consecuencia, no podrían reparar el daño psicológico y económico a ninguna víctima. Así la noticia que se comenta, evidencia una vez que el Estado de Derecho en Chiapas, está totalmente colapsado, pues muchas instancias del gobierno supuestamente velan por la protección de los Derechos Humanos, sin embargo, en la práctica, son meros nichos de simulación y disimulación que impiden que se aplique la Ley. Lo cual genera solamente multiplicación de instancia inútiles que cuestan mucho dinero al erario público.
4.- Hay cientos de quejas que llevan años sin resolver, como por ejemplo: La CEDH de Chiapas, a más de cuatro años de tardanza, todavía no resuelve el Procedimiento de Queja número CEDH/0165/2011, promovido por EVANGELINA BALLINAS LEÓN, persona de la tercera edad, sencilla ama de casa, pobre y enferma, y su abogado, quienes fueron objeto de hostigamiento, persecución y linchamiento judicial por múltiples servidores públicos ministeriales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; caso el anterior que podría implicar infiltración de delincuencia organizada en el servicio público de la procuración y administración de justicia. No obstante, la CEDH no resuelve, a pesar de que existe el procedimiento de queja número CNDH/4/2014/109/RQ, formulado por Doña Evangelina Ballinas León y su abogado, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
5.- Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Congreso de la Unión, por el Estado de Chiapas (CEAV), ante la Queja de Doña Evangelina y su abogado, por persecución y hostigamiento de servidores públicos corruptos, mediante Oficio CEAV/247/2014, de fecha 11 de Agosto 2014, requirió al propio Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas C. MANUEL VELASCO COELLO, para que se reconozca a los quejosos, el carácter de víctimas y se les indemnice y repare el daño moral y económico en términos de la Ley General de Víctimas (Ley Federal), sin embargo hasta este momento, ni el Gobernador, ni nadie de la fallida administración pública, les ha comunicado el trámite al requerimiento hecho por la CEAV, y como consecuencia, ni se les ha reconocido el carácter de víctimas, y tampoco se les han practicado los exámenes socio-económicos, psicológicos, médicos, etcétera necesarios, y como consecuencia tampoco se les ha pagado la reparación del daño moral y económico derivados de la corrupción sistémica del servicio público de la justicia en Chiapas.
¿Será necesario que Doña Evangelina y su abogado, también se prendan fuego frente al Congreso del Estado de Chiapas, para evidenciar el Estado fallido e inoperante de Derecho que se vive y se respira en Chiapas?
¿Será necesario que se envíen cartas en diversos idiomas a los socios comerciales de México, para denunciar el sistema de barbarie que se vive en Chiapas?
¿Señor Gobernador, cuál es el mínimo porcentaje que representa la reparación de daño para una víctima, comparada con los más de diez millones de dólares gastados por su Gobierno en el año 2014, para cantar loas a un Estado de ficción?