Debido a las diferentes irregularidades que se han presentado en el caso, el Observatorio decidió acompañar este caso como lo ha hecho en otros de forma estratégica
Silvia Núñez Esquer / Cimac Noticias
Ciudad de México.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acompañará jurídicamente a familiares de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien permaneció trece días desaparecida y después su cuerpo fue encontrado en una cisterna de un hotel en Nuevo León.
El caso que ha conmocionado al país y fuera de México, provocando críticas y movilizaciones de mujeres, ha tenido irregularidades e inconsistencias, por lo que los padres de Debanhi resolvieron vigilar a las autoridades permaneciendo de cerca en la investigación.
La coordinadora nacional del OCNF, Mará de la Luz Estrada reveló a Cimacnoticias que ayer se trasladó un abogado perito en criminalística para acompañar la investigación al lado de la familia de Debahni.
Fue el propio Observatorio el que lanzó un pronunciamiento el pasado 22 de abril, en donde señalaba todas las fallas identificadas en la investigación, y la falta de coordinación en las autoridades encargadas de ésta.
Recopilación de Irma Alma Ochoa, Arthemisas por la Equidad
El comunicado se convirtió en petición de change.org, misma que alcanza casi 60 mil firmas para solicitar entre otras cosas: que el gobernador del estado de Nuevo León reconozca que en esa entidad existe una grave problemática de desaparición de mujeres, particularmente adolescentes y que haga públicas las acciones que impulsará desde su gobierno a fin de atender la problemática de manera prioritaria.
A la fiscalía de Nuevo León le exige que investigue con perspectiva de género la desaparición y posterior asesinato de la joven Debanhi Escobar, a fin de sancionar a todas las personas que por acción y omisión contribuyeron a la materialización de la desaparición, asesinato y cualquier otra violación a los Derechos Humanos de la joven.
En el comunicado hace un llamado a la Comisión estatal de búsqueda del estado de Nuevo León, para que realice una revisión estructural de las acciones que ha realizado en los últimos seis meses a fin de diagnosticar cuáles son los ajustes que se tienen que realizar a fin de garantizar el cumplimiento de su visión.
Al grupo Inter y Multidisciplinario, GIM de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Nuevo León, incorpore un análisis sobre la situación de desaparición en el estado y emita medidas específicas para atender la problemática, ya que se identifica un patrón que puede estar incurriendo en delitos de trata de personas y feminicidio.
Es en esta última demanda en la que el OCNF hizo énfasis para que el GIM retomara la investigación del caso Debanhi.
No obstante, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) quien coordina los trabajos del GIM, aclaró que no está en sus facultades, por lo que propuso que fuera el OCNF, organización que junto con «Arthemisas por la Equidad», son peticionarias de la AVGM en Nuevo León.
María de la Luz Estrada, abundó en que las causas que identifican de principio constituyen fallas que abonan a un contexto violento y de impunidad para las mujeres.
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Recopilación de Irma Alma Ochoa, Arthemisas por la Equidad
Explicó que desde el OCNF harán la representación jurídica de la familia de Debanhi. El padre de Debanhi, Mario Escobar al conocer el trabajo anterior de la organización y el litigio estratégico en casos emblemáticos como el de Mariana Lima o Lesby Berlín Osorio, ambas asesinadas y declarados sus casos como suicidio por la autoridad y gracias a la intervención del observatorio se reclasificaron a feminicidio, decidió aceptar el apoyo.
Luz Estrada consideró importante que el OCNF participe en la investigación del caso al lado de las víctimas, sobre todo porque han conformado un equipo de peritos en medicina forense, criminalística y también en materia de análisis de contexto.
El día de hoy miércoles arribará a Monterrey un abogado del observatorio, perito en criminalística para revisar la carpeta de investigación y acompañar a la familia en lo que corresponda. Se hará un diagnóstico sobre las diligencias que se han hecho hasta el momento, y tener una claridad de cómo se hizo la necropsia, pues se ha identificado irregularidades y hay desconfianza de parte de la familia sobre lo que se ha hecho anteriormente.
«Es importante revisar bajo qué estándares de debida diligencia se llevó a cabo la necropsia» consideró Estrada, pues se deben determinar las causas de la muerte. Es una más de las diligencias que deben estar concatenadas con la reconstrucción de hechos, y otros elementos que deben estar o no en la carpeta de investigación.
Una vez que platiquen con la familia podrán determinar el plan de investigación y la intervención que harían con peritajes independientes, abundó.
Desde el OCNF se han llevado varios casos que de principio han sido resueltos en forma irregular por las autoridades, y ante una intervención profesional se han reclasificado y sancionado a los responsables de los feminicidios. En muchos otros, se ha logrado la justicia a través de amparos, con lo cual han acumulado un expertis arropado por los peritajes, que va más allá de un litigio.
La coordinadora del Observatorio que congrega a 43 organizaciones y mujeres defensoras en 24 estados de la República, consideró que en el caso de Debanhi se advierte que hay muchos elementos o hallazgos de evidencia para los peritajes, como son cámaras de seguridad, pues hay casos en donde no tienen nada y aun así se puede intervenir.
Recordó que en el caso de Debanhi habían revisado varias veces el lugar, y fue hasta la cuarta vez cuando descubrieron el cuerpo de la joven. Eso significa que pudo haber sido asesinada en otro lugar y desplazado su cuerpo, y después arrojado a la cisterna.
Es un caso que reafirma el principio de que ante una desaparición, si no se busca en las primeras horas del reporte, desafortunadamente puede perder la vida. Con el caso Debanhi todavía no se tiene claridad de si fue asesinada el mismo día que desapareció o en los días siguientes, comentó.
Eso es lo que se va a revisar en la carpeta, lo cual dará muchos elementos para saber por qué hasta el día domingo intervino la fiscalía de feminicidio, pues si hay un cuerpo y es una muerte violenta, y en Nuevo León toda muerte violenta se investiga como feminicidio, nos damos cuenta que no, fue por la presión social que intervino esa fiscalía, afirmó.
Este caso es muy importante porque va a impactar y esperamos llegar a la verdad de los hechos, dijo. Además, servirá para los demás casos en Nuevo León y en todo el país. La principal falla de la autoridad es que no las busca de inmediato, sino hasta que hay presión social y mediática, lamentó.
Para María de la Luz Estrada hay muchas otras debilidades en las autoridades ante casos de desaparición que se convierten en feminicidio. Entre ellas, falta debida diligencia en la aplicación del mecanismo de búsqueda. En algunos estados los protocolos Alba manejan las desapariciones como «ausencias», «extravíos», o «no localización», por lo que no se reconoce el riesgo inminente que conlleva la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
En los casos en los que las víctimas son localizadas, en la mayoría quedan sin reconocerse, investigarse o sancionarse los posibles delitos contra ellas.
No hay una correcta estrategia para hacer de dominio público los protocolos para la búsqueda de mujeres, niñas o adolescentes por lo que la falta de su difusión impide que las familias exijan su aplicación.
Hay descoordinación entre fiscalías, la Comisión de búsqueda nacional, comisiones estatales de búsqueda y otras autoridades que tienen la primera noticia de desaparición de niñas, mujeres y adolescentes, para implementar acciones de búsqueda inmediata dentro de las primeras 24 o 72 horas.
No se cuenta con cédulas de búsqueda, ni policía especializada o grupos operativos estatales para la búsqueda inmediata. Las primeras diligencias se siguen encaminando al envío de oficios, en lugar de priorizar el rastreo telefónico, identificación de cámaras, entrevista a testigos, investigación de redes sociales, intervención de política cibernética.
La falta de cuadros profesionales y de competencia de los policías, peritos y agentes del ministerio público. Hay resistencias políticas y jurídicas de las autoridades en reconocer al delito de feminicidio.
La falta de personal especializado y con perspectiva de género dentro de dichas investigaciones, trae una cadena de impunidad que surge a lo largo del procedimiento penal. La pérdida de indicios y pruebas importantes desde el inicio de la investigación por omisiones y negligencias.
La falta de oportunidad en iniciar las investigaciones como feminicidios, etc. Desde el inicio de la investigación, las diligencias que se realizan son las mínimas básicas para cumplir con la debida diligencia, pero no para acreditar las razones de género.
No hay personal especializado que realice peritajes sociales con perspectiva de género, diez y seis para coadyuvar en la acreditación de las razones de género, finalizó.
