El acuerdo se dio después de la polémica que se desató por querer modificar el tipo penal de feminicidio
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Diputadas federales y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acordaron integrar un grupo de trabajo para revisar los obstáculos para prevenir y sancionar los asesinatos de mujeres y verificar si es necesario cambiar la definición del delito de feminicidio.
El acuerdo se dio tras la polémica que se desató el pasado 30 de enero, cuando algunas diputadas dieron a conocer la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) de modificar el tipo penal de feminicidio, y después del reciente asesinato de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero en la Ciudad de México,
El fiscal y las legisladoras llegaron a este acuerdo durante la mesa de trabajo convocada por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas y donde estuvieron presentes representantes de todos los grupos parlamentarios.
En el encuentro Gertz Manero reiteró que su propuesta no era desaparecer el tipo penal sino modificarlo y aunque algunas diputadas aplaudieron la aclaración y dijeron que estarían dispuestas a trabajar en una propuesta; otras mencionaron que el problema no era la definición de la conducta delictiva sino la investigación.
FGR puede hacer sencillo el tipo penal
El 10 de febrero el fiscal general estuvo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Allí explicó a los medios de comunicación que durante la plenaria de Morena que se llevó a cabo del 27 al 31 de enero en San Lázaro, trató el tema del feminicidio.
En los últimos 5 años, dijo, el crecimiento de los delitos de homicidio creció alrededor de 35 por ciento y el número de casos de feminicidio aumentó 137 por ciento; pero al hacer un análisis de la información del fuero común, encontró que los elementos que se tienen que dar para poder judicializar, son un obstáculo.
«Les dije (a las y los parlamentarios de Morena) que había una situación que había que reformar, que ese delito, manteniendo su autonomía, deberíamos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, para proteger a las mujeres, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad».
Al día siguiente de esa conferencia de prensa, el 11 de febrero, el fiscal se reunió con las diputadas para explicar por qué, desde su punto de vista, la definición del delito no estaba suficientemente clara.
Feminicidio es un problema, coinciden
Tras escuchar las opiniones de las legisladoras, el fiscal señaló que entre la FGR y la Cámara de Diputados existía la coincidencia, porque ellos también creían que se debería mantener el tipo penal y que debe castigar con la penalidad más alta de 40 a 70 años de cárcel.
«Tenemos muy claro la perspectiva de género, tenemos muy claro que el delito de feminicidio tiene que prevalecer, porque eso le da una autonomía jurídica y técnica que es indispensable para poder defender a un género que está en una posición de agresión que nosotros tenemos que entender con toda claridad».
Gertz Manero insistió en que la FGR reconoce que hay un problema que ha crecido y aseguró que la propuesta es hacer algo desde el Poder Judicial federal para proteger a las víctimas. Señaló que la institución que representa solo va a proponer la defensa de las mujeres, una declaración que causó aplausos de las diputadas.
Sin embargo, insistió en que existen problemas técnicos y jurídicos que hay que erradicar para fortalecer el tipo penal, por lo que llamó a crear un grupo de trabajo para modificar la definición del delito.
«Cuando un tipo penal es sumamente complicado, no ayudamos a la víctima. Tiene que ser un tipo penal tan claro, tan preciso, que tenga una objetividad tal que cuando llegamos ante los jueces no se nos vengan abajo los asuntos porque faltó el detalle específico que finalmente no era el que iba a defender a la víctima».
¿Falla el tipo penal o las políticas públicas?
La legisladora que pidió no perder de vista los argumentos expresados por las diputadas fue la priista y exgobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riacho, quien, tras escuchar al fiscal preguntó: ¿estamos en presencia de un problema del tipo penal o un problema de políticas públicas y de aplicación?
La legisladora, quien también ha sido presidenta del PRI, se inclinó por el segundo argumento y explicó que el artículo 325 del Código Penal Federal es claro al decir que un feminicidio ocurre cuando existe una de siete circunstancias que marca la ley.
Los supuestos son si la víctima presenta signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones; antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia; si tuvo una relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor; si vivió amenazas, o fue incomunicada y si el cuerpo de la víctima fue expuesto o exhibido en un lugar público.
«Enfatizaría en que este grupo de trabajo que se va a integrar que vea el tema de las políticas públicas».
A su vez, la diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, señaló que cualquier legislación es perfectible, pero dijo que, aunque se tenga el mejor tipo penal, éste puede no corresponder con la realidad porque existe un diseño institucional que no ha implementado muchos elementos.
«El tema del tipo penal de feminicidio no solamente es el tipo penal, sino cómo se están atendiendo las diferentes formas de violencia contra las mujeres y por eso creo que debemos hacer una revisión profunda del asunto, de la particular posición y lo que le corresponde hacer a la fiscalía y a las fiscalías en materia de violencias de género».
La legisladora, explicó que las diputadas tenían la percepción de que el problema de la investigación y sanción del feminicidio era un tema de diseño e implementación de política pública y de una falta de capacitación, de infraestructura, de instalaciones y de carencia de material básico como refrigeradores para conservar pruebas.
Tagle Martínez señaló que la investigación tenía una serie de deficiencias que no estaban en el ámbito legislativo, pero sí en el tema presupuestal. En este tema el fiscal reconoció que la FGR no tenía el presupuesto suficiente y eso era responsabilidad de la Cámara de Diputados que recortó los recursos.
El fiscal y las legisladoras acordaron organizar el grupo de trabajo tener una propuesta antes de que termine febrero.
