La Secretaría de Hacienda tiene mecanismos que la colocan en una buena posición, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del Gobierno en turno, señalaron al menos 20 organizaciones
Agencias
[dropcap]O[/dropcap]rganizaciones civiles consideraron que el conflicto entre el Gobierno de Chihuahua y el federal por la retención de 780 millones de pesos al estado debe ser parteaguas para un cambio profundo en el control sobre el gasto público.
En un comunicado, más de 20 ONGs señalaron que debiera ser el Congreso de la Unión y no un Gobierno estatal el que exija a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una explicación sobre las enormes variaciones entre el presupuesto pactado y el efectivamente ejercido.
«La débil rendición de cuentas del Poder Legislativo sobre el ejercicio de la bolsa presupuestal, pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes en nuestro país», expresaron.
Propusieron que para recobrar el equilibrio de poderes es necesario abrir un debate sobre las reformas legales necesarias que frenen el uso discrecional, político y electoral del presupuesto.
Las organizaciones explicaron que la Secretaria de Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales.
Estos mecanismos colocan a la dependencia federal en una posición de «poder y privilegio», desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del Gobierno en turno, resaltaron.
«A ese efecto exhortamos a los legisladores a convocar al Secretario de Hacienda a una comparecencia con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23».
Asimismo, refirieron que tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en el que los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados.
«Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales», lamentaron.
Al mismo tiempo, urgieron, es necesario que los gobernadores asuman su responsabilidad en el cobro de impuestos, dejando atrás la «pereza fiscal» que los ha caracterizado; que asuman su compromiso con el ejercicio transparente de los recursos y: que se sometan ellos mismos a los controles y supervisión que exigen al gobierno federal.
