De acuerdo con investigación del diario Reforma, el delegado del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar Bravo, intervino para que el gobierno del estado comprara en 14.9 millones de pesos un predio abandonado para beneficiar a un funcionario cercano; el terreno fue devuelto a la delegación del Instituto como donación para la construcción de un hospital en Tapachula
Omar Flores Penagos / Portavoz
Aunque el senador Luis Armando Melgar Bravo se desvive defendiendo la honorabilidad de su familia y la «conducta intachable» de su padre, el notario público Antonio Melgar Aranda, la realidad lo obliga a tragarse sus palabras, pues de nueva cuenta el apellido Melgar se ve vinculado a un caso de tráfico de influencias y corrupción.
Esta vez se trata de su hermano Yamil Melgar Bravo, delegado en Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien se le acusa de tráfico de influencia al intervenir en la compra-venta de un terreno a un funcionario del propio IMSS para destinarlo a la construcción de un hospital.
De acuerdo a una nota del periódico Reforma, firmada por el corresponsal Édgar Hernández, el terreno en mención se halla en Tapachula y fue adquirido en 2014 por 14.9 millones de pesos, esto a través de la Consejería Jurídica del gobierno del estado para sustituir al Hospital General de Zona No. 1 que resultó afectado por el huracán «Stan» en 2005.
«El terreno, que sigue abandonado, se compró a Fernando de Jesús Cano de la Torre, quien entonces se desempeñaba como jefe de Servicios Administrativos de la delegación del Seguro Social en Chiapas, y a tres de sus hermanas. El funcionario era mano derecha del delegado del IMSS en la entidad, Yamil Melgar Bravo, hermano del senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM», indica la nota del diario nacional.
Y no obstante la obra del hospital fue proyectada desde 2005, con una inversión aproximada de mil 55 millones de pesos, ésta sigue sin concretarse y el lote de 50 mil 881.72 metros cuadrados, denominado Los Framboyanes permanece abandonado.
De acuerdo con el corresponsal, fuentes del IMSS sostuvieron que la adquisición se concretó por la intervención de los hermanos Melgar Bravo, lo que significaría un evidente caso de trafico de influencias al beneficiar a su cercano colaborador.
Según una copia de la compraventa solicitada por REFORMA vía transparencia, el predio pertenecía a Fernando de Jesús, Olivia, Claudia María y Zoila Flor Cano de la Torre.
«El terreno fue donado en 2007 a los hermanos Cano de la Torre por su madre, Zoila Flor de la Torre de Cano, procedimiento que quedó asentado en la escritura pública 15 mil 505 ante la fe del notario público 56, Antonio Melgar Aranda, padre del senador del PVEM y del delegado del IMSS en la entidad.»
Casi dos años después, abunda el trabajo periodístico, en abril de 2016, el gobierno de Manuel Velasco donó el terreno al IMSS a través del consejero jurídico estatal, Vicente Pérez Cruz.
Corona del Soconusco
No es la primera vez, que el apellido Melgar se ve envuelto en transacciones no del todo transparentes. Baste recordar que el notario público Antonio Melgar Aranda fue acusado hace unos años de participar directamente en el intento de despojo de la empresa Corona del Soconusco.
En una carta abierta de Pilar de la Riva, hija de don Eugenio de la Riva, fundador de la empresa, denunció que su exesposo Fernando Rodas Alonso estaba a punto de arrebatarles a ella y a sus hermanas el patrimonio que les heredara su padre, valiéndose para ello principalmente del tráfico de influencias tanto de su notario y como de sus allegados.
«Durante varios años, Fernando fue elaborando y formalizando con su notario Antonio Melgar Aranda, diversas actas de asamblea de Corona de Soconusco, S.A. de C.V., a fin de figurar como dueño de la mayoría de las acciones de la sociedad. Razón por la cual, y tratando de revertir los efectos de dichos actos, es que me vi obligada a demandarlo mercantilmente, pues me parece muy injusto que el esfuerzo de tantos años de mi padre, ahora esté reflejado en documentos que él ha utilizado para adueñarse prácticamente de la empresa, y de prácticamente todo el patrimonio familiar, y el de mis hijos.»
En el documento de cuatro hojas de extensión se relataba, entre otras cosas, la falsificación de un poder notarial en el que la señora Ángela Rodríguez Prieto, viuda de De la Riva (hospitalizada en España desde 1980 y declarada incapacitada en el uso de sus facultades dos años antes de la supuesta firma), le confiere sus acciones a Rodas Alonso; y la invención de actas de asamblea de las empresas filiales en las que las hermanas de la denunciante también venden todas sus acciones.
