De acuerdo con una investigación periodística publicada por el semanario Eje Central —que cuenta con documentos que la avalan—, la cancelación de la presa hidroeléctrica es un hecho, pero esta determinación aún no se ha dado a conocer de manera oficial
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]staba muerto desde que inició. Tal como Portavoz lo había advertido, el proyecto para la construcción de la presa Chicoasén fue cancelado debido a conflictos con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), así como con otros actores vinculados a la obra. Con ello, el estado deberá pagar 250 millones de dólares a las empresas afectadas y para cubrir otras variables; además, Chiapas pierde una derrama económica de aproximadamente mil 672 millones de pesos.
De acuerdo con una investigación periodística publicada por el semanario Eje Central —que cuenta con documentos que la avalan—, la cancelación es un hecho pero esta determinación no se ha dado a conocer de manera oficial, luego que la obra dejó de ser redituable por el incremento de los costos originales.
Además, la obra presenta sólo 17 por ciento de avance cuando a estas alturas debería reportarse el 60 por ciento para que pudiera arrancar operaciones en el año 2018, tal como se estipuló, retraso que se ha traducido también en pérdidas para el erario.
Según el semanario, uno de los documentos dice: «El proyecto ya tiene un sobrecosto que al último corte supera los 70 millones de dólares, que equivale a más de 15 por ciento, lo que prácticamente supera los parámetros de rentabilidad».
Ante este panorama, desde interior de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se habla acerca del pago de 100 millones de dólares por daños y terminación anticipada del contrato a las empresas involucradas en la obra: Omega Construcciones Industriales S.A. de C.V.; Sinohydro Costa Rica S.A.; Desarrollo y Construcciones Urbanas S.A. de C.V., y CAABSA Infraestructura S.A. de C.V.
La investigación periodística concluye, con base en «fuentes de primer nivel» y los documentos que posee, que los responsables de la crisis que llevaron el proyecto al fracaso son la Dirección de la CFE, el Grupo Técnico Especializado (GTE) en Ejecución y Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión de la misma paraestatal; la Secretaría de Gobernación y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), dependiente de la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM).
Conflicto con sindicatos
El problema con la CTM comenzó cuando la SUTERM cerró los accesos a la obra civil, situación que se ha mantenido por 10 meses, explica Eje Central; el sindicato actuó de esta manera argumentando que Omega Construcciones Industriales empleó «personal local que no pertenece al sindicato y con sueldos inferiores a los establecidos en el contrato colectivo, desplazando con ello a sus agremiados».
Este constante conflicto generó cierres intermitentes en más de 20 ocasiones hasta que la CFE determinó que sería temporal (sigue así); ante esta determinación, los transportistas agremiados a la CTM —la Confederación de Autotransportistas Trabajadores y Empleados de Chiapas (Catem)— exigieron la continuación de sus contratos.
Desestabilización
Por todo ello, en la zona de Chicoasén II se han suscitado enfrentamientos entre obreros y camioneros bajo un contexto de defensa de derechos laborales, exigencia de aumentos salariales y más trabajo. Hay una fracción que inculpa a la diputada local y cetemista María de Jesús Olvera Mejía —fue secretaria general en la entidad, de esa confederación— de orquestar estas confrontaciones que generaron el clima de desestabilización que llevó a la suspensión del proyecto.
En noviembre de 2016, los pobladores de ese lugar señalaron a la legisladora de incurrir en «tráfico de influencias, traiciones, actos de violencia y amenazas» con tal de beneficiar a la CTM mediante el control de la obra.
Aseveraron que hay más de una decena de averiguaciones previas (que datan de 2010 a la fecha) en contra de la legisladora por despojos, robos, fraudes, intentos de homicidio, falsificación de documentos, corrupción, privaciones ilegales de libertad, agresiones en contra de trabajadores, daños en propiedad ajena, afectación en vías de comunicación y delincuencia organizada. Por ello, la comitiva solicitó a las autoridades retirarle el fuero a la priista para que fuera juzgada.
Justamente en mayo del año pasado, se filtraron una serie de audios donde se presume que Olvera se organiza con otro personaje que supuestamente es Álvaro Rogelio Barcelos, alias «El Machete», para que se lleven a cabo acciones violentas como retención de vehículos, obstrucciones y quema de camiones a fin de presionar a la compañía Omega Construcciones Industriales, de ceder ante sus peticiones.
En la llamada que la presunta diputada sostiene con el que los pobladores identifican como «su brazo ejecutor», acusa a Nereo Vargas Velázquez, secretario de Trabajo del CEN del Suterm, de pagar para mantener la resistencia.
En el audio se identifica como «Los Yuca», a uno de los grupos de choque que se le pide a «Rogelio» que recurra para amedrentar a sus adversarios, asimismo, se le solicita que contrate operadores para incendiar camiones y arme «un desmadre».
«Mira, si nos vamos a ir que sea por algo que valga la pena», advierte una voz que se aduce, es de Olvera. Su interlocutor advierte: «A mí no me da miedo eso, eh, y yo la verdad le aseguro que si eso pasa, sí me voy a hacer un desmadre; la verdad, usted sabe que a mí no me tiembla».
Revela que con la retención de los camiones por parte de «Los Yuca», la compañía se doblegará: «Le van a «hacer manita de puerco» porque la pinche empresa va a decir, no pues no podemos avanzar y lo de los obreros, pues no importa».
Ejidatarios
La que sería la quinta presa hidroeléctrica en el estado, que funcionaría con el caudal de «Chicoasén I» y el embalse de la presa Malpaso, se trataba también de uno de los 23 proyectos estratégicos de la CFE en la que se utilizaría la más alta tecnología.
«La cortina de la presa se ubicaría en una zona que comprendería por sus márgenes al municipio Chicoasén y San Fernando, localizados en la región Central de Chiapas, en lugar denominado La Cuevita que, según la CFE, arrojó las mejores ventajas para el aprovechamiento del río Grijalva», se lee en Eje Central.
Permitiría la realización de 77 obras sociales y 65 proyectos productivos, con los que se beneficiarían aproximadamente 20 mil chiapanecos, con una inversión de 105.8 millones de pesos, según se estipuló en el proyecto de inversión inicial.
Aunque en un principio —noviembre de 2013—, los ejidatarios cuyas tierras serían afectadas por las inundaciones accedieron a venderlas, tres meses después acusaron a la CFE de contaminación y de impago, pues aseguraron que la paraestatal habría cubierto una cantidad menor a la estipulada y esperaban el resto. Para entonces, los trámites para la construcción del complejo hidroeléctrico ya estaban en marcha.
El trabajo de investigación del semanario relata que a este grupo se sumaron ejidatarios que en la década de los 80 también fueron afectados con la edificación de «Chicoasén I» y vieron en ésta, su oportunidad de pedir se cumplieran los acuerdos que databan de esa fecha.
«La obra provocó conflictos sociales en el territorio chiapaneco que no fueron resueltos por los actores responsables. Se instaló una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación que no funcionó y no desactivó las disputas».
El precio del cierre
El reportaje informa de que la Subdirección de Proyectos y Construcción —a cargo de César Fernando Fuentes Estrada—sugirió en distintos reportes, que debía retrasarse la puesta en marcha de la hidroeléctrica hasta 2019 o más, pero ello dependía del estado de la obra civil (17 por ciento de avance); que podrían retomarse las tareas de construcción, dos meses posteriores de la «resolución de los conflictos».
Nada de eso pasó y aparte de los 100 millones de dólares a pagar a las empresas y el sobrecosto estimado por la propia CFE, cuyo monto es casi el mismo que el adeudado a las compañías, el pago a las constructoras «alcanzaría los 50 millones de dólares; así como los casi cinco millones de dólares que se invirtieron para «atender problemas sociales» en la zona. Y por último falta pagar las subestaciones, transformadores y las turbinas, así como el costo por su almacenaje ya que no existen las condiciones para llevarlas a la obra», se lee en el trabajo. Todo ello suma un monto superior a los 250 millones de dólares.
También señala que una de las opciones que se ha analizado es la venta de los equipos como turbinas, generadores y transformadores. Para Chiapas, hubo más pérdidas que ganancias para este proyecto que se vendió como prometedor pero que estaba muerto desde que inició.
