La propuesta ante austeridad implica recortar al 50 por ciento los recursos del Ramo 23 de Previsiones Salariales y Económicas, donde se contempla el Fortalece
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l denominado «fondo de moches» o Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), que fue el presunto motivo de la discordia entre el gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de la visita de Rafael Moreno Valle al estado, podría ser reducido de pasar la iniciativa que propuso el PAN ante el Congreso de la Unión. En el caso de Chiapas, no hay cifras oficiales exactas de lo que se recibió en la entidad por medio del Ramo General 23, donde se contempla el Fortalece.
La medida está contemplada dentro del «Plan de Responsabilidad Económica» que lanzaron los senadores Ernesto Cordero (exsecretario de Hacienda), Roberto Gil Zuarth y Jorge Lavalle Maury, de la bancada del blanquiazul, partido al que pertenece el aún gobernador de Puebla, Moreno Valle, quien según las encuestas es percibido por la ciudadanía mexicana como el décimo presidenciable, a siete escalafones de distancia de Osorio Chong, quien ocupaba hasta abril de 2016 el segundo lugar de posicionamiento según un sondeo de Opinión Pública, Marketing e Imagen y SDPnoticias.
La propuesta resalta porque se trata de un plan radical de saneamiento de las finanzas, destacaron las agencias de noticias; implica eliminar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la fusión de las secretarías de Economía, Turismo y Energía, además de la reducción de 50 por ciento al Ramo 23 de Previsiones Salariales y Económicas.
De dicho fondo, este 2017 Chiapas recibió 64 por ciento menos que el año pasado. Pasó de percibir 3 mil 479 millones de pesos en 2016, a mil 269 millones de pesos para este ejercicio; una diferencia de 2 mil 210 millones de pesos, según consta en el informe «Recursos Identificados en el Dictamen del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 para el Estado de Chiapas», elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
No obstante, hay discrepancias con respecto al recurso que se le destinó a la entidad en 2016 para el Ramo 23. El Observatorio del Gasto «Transparencia Presupuestaria», en su apartado web de entidades federativas indica que para Chiapas se aprobaron 3 mil 548 millones 158 mil 682 pesos pero se pagaron 2 mil 425 millones 392 mil 617; esa misma página, en el documento descargable denominado «2016 en datos abiertos», indica que para el Ramo 23 fueron aprobados 3 mil 431 millones 392 mil 774 pesos pero pagados 2 mil 313 millones 241 mil 976. Ninguna de las cifras concuerda con las que dio el CEFP.
¿Dónde se invirtió?
Según «Transparencia Presupuestaria», con los fondos del Ramo 23 se benefició a 71 municipios de los 122 que integran a Chiapas, lo que equivale a poco más del 57 por ciento del territorio estatal. El monto millonario se invirtió en 315 acciones contempladas en 90 proyectos de Desarrollo Regional; 87 del Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal; 120 del Fondo Regional; tres del de apoyo a migrantes; y 15 del Fondo Sur-Sureste.
De todas esas acciones, el 15 por ciento (49 proyectos) se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez; en la capital se gastaron 444 millones 129 mil 460 pesos, su mayoría para trabajos de pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos. En contraparte, para Arriaga sólo se destinó una acción, la modernización con carpeta asfáltica del camino Las Arenas-La Línea, en la que se invirtió un monto de 19 millones 044 mil 408 pesos.
Uso discrecional
El Centro de Análisis e Investigación «Fundar» consideró que el Ramo General 23 «es un caso especial». Explicó que sus recursos normalmente se asignan a gobiernos estatales y municipales, más no siempre es el caso, pues no hay clara idea de su propósito ni objetivos.
«No existen fórmulas ni criterios establecidos por Ley para ver cómo y por qué se asignan estos recursos a los diferentes gobiernos locales. En la práctica, es en este Ramo en donde se realiza la negociación del presupuesto entre la propuesta que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y lo que aprueba la Cámara de Diputados», explicó Javier Garduño Arredondo, especialista en temas de finanzas públicas y política pública.
En entrevista para El Economista, el senador Jorge Luis Lavalle comentó que en los últimos tres años, el presupuesto de este ramo llegó a más del doble. Antes, su presupuesto era entre 50 mil o 70 mil millones de pesos, pero ahora ya supera más de los 100 mil millones de pesos.
«Estamos proponiendo que se regrese a la mitad y que además, por cada peso que se invierta o se destine al ramo 23 sea 100 por ciento auditado, es decir, que se justifique en qué se gasta ese dinero, de tal manera que se acabe esa puerta a la corrupción», expuso el militante del Partido Acción Nacional (PAN).
El organismo México Evalúa apuntó que de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, el Ramo 23 no está regulado y hace manejo discrecional de los fondos que lo conforman. En un artículo que Garduño Arredondo publicó para Fundar y que fue retomado por Sin Embargo, enlistó las razones para discutir este ramo y que a continuación se reproducen:
1.- En el Ramo 23 se encuentra el ya famoso «Fondo de los moches» (Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal); implicará una erogación de casi 9 mil millones de pesos. Con tantos indicios de que existe un mal uso de estos recursos, es urgente reglamentar los criterios de asignación y la pertinencia de este gasto.
2.- Se contempla un monto de 9 mil 558 millones de pesos para «Situaciones laborales supervinientes». El Decreto del PEF 2017 no menciona cuál es el objetivo de estos recursos ni cómo se ejercerán. Uno esperaría que esta bolsa se utilice para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero nada lo asegura porque no hay una regulación específica para estos recursos.
3.- Los recursos del Fondo Metropolitano también vienen del Ramo 23. El Decreto del PEF 2017 incluye una provisión para que al menos el 15 por ciento de los recursos de este fondo se destinen a proyectos de transporte público y movilidad no motorizada. Nada asegura que para los próximos años esta provisión se mantenga.
4.- El Fondo de Capitalidad también es del Ramo 23. El monto de este Fondo no debería decidirse en función de las declaraciones que realice el Jefe de Gobierno sobre la necesidad de este presupuesto de la Ciudad de México, ni tampoco de las buenas o malas relaciones que éste tenga con el gobierno federal.
5.- El Ramo 23 incluye 43 mil 114 millones de pesos para «Subsidios a las Tarifas Eléctricas». El decreto no establece cómo opera dicho subsidio ni para quien está dirigido. ¿Por qué este subsidio se encuentra en este Ramo y no en el Ramo que corresponde a la CFE?
6.- Incluye proyectos de Desarrollo Regional por 16 mil 920 millones de pesos. Sin embargo, no es posible conocer cómo y porqué aparecieron estos proyectos en el Decreto. ¿Quién se encuentra gestionando dichos recursos? ¿Por qué ciertos estados y municipios reciben más recursos que los otros?
7.- El Ramo 23 para 2017 incluye mil 502 millones de pesos para «Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México». De nueva cuenta, no existen explicaciones ni justificaciones ni nada que nos permita saber por qué se asignarán estos recursos en el Estado de México. Quizás esté vinculado con que esta entidad tendrá elecciones el próximo año o quizás por ser el estado del actual presidente.
