La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó formalmente la iniciativa de ley, anunciada previamente por su presidenta Rosario Piedra Ibarra, para solicitar que se eleve al rango de Defensoría del Pueblo, con el objetivo de “reafirmar su autonomía y potenciar los alcances de su misión”.
La iniciativa responde “al clamor de las víctimas, quienes reiteradamente han señalado su preocupación por la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, sobre todo en el ámbito local”.
La CNDH al cambiar de dominación, amplía sus alcances para ser la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo; en la cual incorpora el principio pro persona en todas sus acciones y resoluciones; transformando las visitadurías generales y las visitadurías adjuntas en defensorías general y adjuntas; las quejas tendrán en adelante el tratamiento de recursos de exigibilidad, pues las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos de las personas.
A partir de estos cambios, la CNDH contará con la facultad de solicitar medidas cautelares o precautorias para proteger los derechos humanos o para evitar daños irreparables; podrá exigir que sus recomendaciones se cumplan, sin depender de otro órgano; será responsable de verificar la progresividad de los derechos humanos y hace obligatorio el pluralismo y el equilibrio de género en la composición de su personal, además de promover una cultura de paz mediante el estudio y divulgación de los derechos humanos.
El titular de la Defensoría Nacional y los integrantes de su Consejo Consultivo serán electos mediante procesos de participación ciudadana, y no podrán reelegirse; fortalecerá al Consejo Consultivo como órgano consultor y de asesoría.
Ante los cambios que propone la CNDH en su iniciativa, son acciones que reafirman la autonomía del organismo, eliminando la posibilidad de politizar o partidizar la interpretación y defensa de los derechos humanos. Su titular y quien ocupe cargos de alto mando en la Defensoría no podrá buscar un cargo de elección popular durante el año siguiente al término de su responsabilidad; se privilegia la atención directa a las víctimas y elimina la intermediación, que ha provocado negociaciones sobre los derechos humanos, y elimina el requisito discriminatorio de contar con título de licenciado en derecho para su personal.
A criterio personal las atribuciones de la CNDH se han hecho cada vez más obsoletos para cumplir con su objetivo, la Comisión es un órgano cuya eficacia e impacto depende centralmente del contexto político en el que esta inserta. Me queda claro que hace tiempo necesitamos reinventar a la Comisión. En concreto, es urgente pasar de la arena política a la arena jurisdiccional la defensa y protección de los derechos humanos de los más débiles. Ello sería una política ejemplar de un gobierno que se ha propuesto cerrar las amplias brechas sociales. México está en uno de esos momento excepcionales y necesita saber, urgentemente, que la justicia, y no la fuerza , es la mejor manera de pacificar nuestras diferencias y de volvernos a hilvanar como colectividad.
