La adopción del modelo de nueva gestión pública en los noventa pretendía que la administración pública quedara reducida a un ente que solo regulaba y ordenaba los procesos productivos y económicos; iniciaba también la era de los tratados comerciales y la inserción a organismos económicos multilaterales y con ello, la fuerte dependencia del exterior de nuestra economía.
Al mismo tiempo se emprendieron reformas constitucionales en el Congreso de gran calado como consecuencia de la pluralidad política. La municipal en 1999 dio un nuevo impulso a ese orden de gobierno. Tres años después, la aprobación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información hizo efectiva la garantía constitucional de contar con ese derecho.
En 2006 entró en vigor una ley fundamental en materia presupuestal y contable para que la administración pública optimizara sus procesos; luego vendría el impulso del Sistema Procesal Penal Acusatorio que fue un cambio de paradigma para las instituciones encargadas de la prevención del delito, la investigación y administración de justicia.
Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011 y electoral de 2014 en materia de igualdad, respondieron a una sociedad más diversa, compleja e interesada en participar en la toma de decisiones.
Los postulados de la nueva gestión pública pretendían cambiar la percepción sobre el desempeño gubernamental, pero los avances en materia económica no fueron favorables al persistir la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Entre 1980 y 2010, el crecimiento económico en México fue del 2.4% una cifra que no ayudó a captar la fuerza de trabajo disponible ni generar un desarrollo sostenible.
Gracias a esos cambios sociales y normativos surgieron figuras como la participación ciudadana para el fortalecimiento de la gestión pública y su involucramiento en la toma de decisiones mediante las contralorías y los observatorios ciudadanos.
No obstante los avances, quedan temas por atender como avanzar en la mejora regulatoria y la simplificación administrativa; mejorar la calidad del gasto público; promover el gobierno abierto y digital y fortalecer la rendición de cuentas.
Que refleje además de la paridad en espacios de mando, mejores condiciones laborales y espacios libres de violencia para una participación en igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en la administración pública. Se debe buscar la articulación adecuada entre las demandas ciudadanas, la eficacia en el manejo de los recursos públicos, y la eficiencia en la resolución de esas demandas.
