Los centros desde un inicio tergiversan la información, la mayoría señalan que las mujeres firmaron, desarrollaron su gestación y parto en Tabasco cuando ninguna de ellas estuvo en este estado
Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias
Ciudad de México. El proceso de la «renta de vientres» en México se basa en reclutar mujeres en edades de 18 a 35 años, de escasos recursos o en situaciones vulnerables para que sean fecundadas de forma in vitro o inseminadas artificialmente y así ingresarles de uno a tres óvulos fecundados de la persona solicitante o de una tercera, sin que ellas sepan, lo que las arriesga a padecer mayores molestias en las gestaciones o parir a más de un bebé.
Así lo dijo la directora de la «Coalición Regional contra el Tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe», la maestra Teresa Ulloa Ziáurriz durante el segundo día del ciclo de charlas virtuales «Para entender los vientres de alquiler y lo que está pasando en la Suprema Corte» con motivo de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de exhortar a los congresos de cada estado a legislar sobre este tema. Actualmente sólo Tabasco y Sinaloa tienen legislación al respecto.
Durante la charla, explicó que previo al procedimiento, las mujeres firman un contrato con las agencias intermediarias y las personas solicitantes para «garantizarles»: seguridad médica, 10 por ciento del total de la ganancia, parir un sólo bebé, y les prohíbe abortar, arrepentirse una vez se haya iniciado el proceso o conocer a la o el recién nacido, sin embargo, dijo, sólo las prohibiciones son las que se respetan.
Detalló que las mujeres no son notificadas por las agencias intermediarias de que son inseminadas con más de un óvulo fecundado y en caso de tener más de un bebé o si éstos tienen una enfermedad o complicación en el nacimiento, las agencias y las personas solicitantes se desentienden y desaparecen mientras ellas son culpadas de «abandono de personas» en los hospitales al no tener el dinero suficiente para pagar los gastos médicos.
Ulloa Ziáurriz explicó que en su experiencia como acompañante de casos de víctimas de «renta de vientres», los centros desde un inicio tergiversan la información, la mayoría señalan que las mujeres firmaron, desarrollaron su gestación y parto en Tabasco cuando ninguna de ellas estuvo en este estado, muchas no reciben los servicios de salud adecuados o la alimentación necesaria y si las agencias intermediarias cobran 100 mil pesos, ellas llegan a ganar sólo 10 mil pesos.
Recordó el caso de dos gemelos que nacieron por «renta de vientres», uno de ellos padecía de hidrocefalia (acumulación del líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro) y no podía escuchar bien, por ello los padres solicitantes los abandonaron, la mujer tuvo que dejar a los recién nacidos en una clínica privada de Naucalpan, Estado de México y el personal médico la culpó de «abandono de persona» porque ella no tenía el dinero para solventar los gastos médicos.
«Esto nos deja ver que la renta de vientres es toda una mafia que factura 60 mil millones de pesos al año, según el último dato que tenemos de 2018. Si las y los ministros estuvieran sensibilizados en género se hubieran tomado la molestia en pensar que esta práctica va en contra de los derechos de las mujeres. De nada nos han servido las tres ministras que tenemos porque tampoco la paridad es una garantía de que estén llegando mexicanas con conciencia feminista», enfatizó la también defensora de los Derechos Humanos.
Actualmente la SCJN está compuesta por 11 ministros y ministras, entre ellas Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa, y Ana Margarita Ríos Farjat.
En su opinión, la resolución de la Corte abrió aún más las puertas al «turismo reproductivo», muestra a las mujeres como «objetos» o «simples incubadoras» para llevar a cabo un embarazo y trata de «ocultar» sus verdaderas intenciones bajo un mensaje de apoyar el derecho de las mexicanas a decidir sobre su cuerpo cuando si ese fuera el caso entonces impulsarían que el aborto estuviera legalizado en todo el país.
Le «renta de vientres», agregó, no es una cuestión de libertad porque las mujeres que se involucran en esta práctica provienen de contexto desfavorables. «Si me estoy muriendo de hambre, si tengo 3 hijos que no tengo nada para darles de comer, cosa que se agravó con el desempleo por la pandemia, que afectó en particular a las mujeres, no podemos pensar que son decisiones en libertad. Es negarme a reconocer que hay mexicanas con muchas necesidades», detalló.
La defensora agregó que en países como Rusia e India, la «renta de vientres» empieza a ser revocada de sus leyes, ya que la supuesta regulación sólo trajo abusos hacia el cuerpo de las mujeres y los bebés nacidos de esta practica eran empleados para redes de pornografía infantil o prostitución infantil. En cambio, en Islandia se prohibió esta práctica, lo que demuestra que en el mundo se van estableciendo precedentes, «sin embargo en México se retrocede», lamentó.
Frente a este contexto, llamó a las mexicanas y a la sociedad civil a vigilar a los congresos para que no se apruebe la «renta de vientres», investigar a las clínicas de fertilización en el país para saber cómo operan, e invitó a que se sumen a la carta que pronto ellas junto con más organizaciones feministas buscarán entregar en los congresos de Tabasco y Sinaloa para que deroguen sus legislaciones sobre esta práctica.
Este segundo conversatorio forma parte de un ciclo de cinco charlas sobre maternidad subrogada que se llevarán a cabo del 14 al 16 de junio a través de diversas cuentas de instagram de organizaciones civiles de mujeres o de defensoras.
